Conferencias de Prensa del Embajador
Transcripción
Rueda de prensa del embajador de Estados Unidos en Colombia,William B. Brownfield, sobre la extradición de 14 líderes de las AUC
Embajada de Estados Unidos
Bogota, 13 de mayo de 2008
Embajador Brownfield: Señoras y señores de los medios de comunicación, muy buenas tardes. Gracias por compartir un poquito de su tiempo con nosotros hoy día. Quiero decirles que nuestra intención inicial fue ofrecerles un poquito de comentario esta mañana, pero cuando descubrimos que el distinguido Presidente de la República tenía su propia presentación al medio día, me acordé de la primera lección de mi madre hace 45 años; uno nunca debe competir con su anfitrión en una presentación o conversación.
Quiero ofrecerles un par de minutos de presentación y con eso les paso la palabra y respondo a cualquier pregunta que tengan ustedes.
Señoras y señores, como ustedes ya piensan hoy, a las 6:45 a.m. 14 miembros o ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia fueron extraditados de Colombia a Estados Unidos. Se fueron en un avión que iba primero a la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo, y de allí fueron distribuidos a los cinco distritos federales donde ellos van a confrontar las acusaciones del gobierno federal de los Estados Unidos. Esos distritos son, en ningún orden particular:
- Distrito Sur de Texas, ciudad de Houston
- Distrito Sur de Florida, ciudad de Miami
- Distrito Medio de Florida, ciudad de Tampa
- Distrito de Columbia, ciudad de Washington
- Distrito Sur de Nueva York, ciudad de Nueva York.
Cada uno de los 14, más el señor alias Macaco, extraditado la semana pasada, para llegar a un total de 15, va a ser acusado por parte de las autoridades federales de los Estados Unidos dentro de un paquete de tres cargos criminales:
- La droga ilícita y el tráfico de drogas
- Lavado de dinero y cargos relacionados
- Apoyo material al terrorismo
Y cada uno de los 14 o 15 va a confrontar cargos relacionadas con una de esas tres categorías.
Señoras y señores, quiero aprovechar el momento para ofrecer nuestro agradecimiento y nuestras gracias particulares a todas las autoridades del gobierno nacional de Colombia que participaron en este evento, pero específicamente a los hombres y mujeres de la Policía Nacional de Colombia que, en algunos casos, actuaron de una manera heroica para mover a estos señores a su destino en los Estados Unidos; a algunos representantes del Ministerio del Interior y Justicia, y específicamente el Servicio Penitenciario de Colombia; finalmente, a algunos fiscales de la Fiscalía Nacional que participaron durante toda la noche la noche anterior en esta operación.
Señoras y señores, quiero esclarecer y clarificar dos puntos adicionales:
- Que esta extradición siguió las mismas normas procesales, los mismos documentos y documentación, en otras palabras, todo el mismo proceso como todas las extradiciones en el pasado. Cada una de las 101 de este año y las más de 600 durante los últimos seis años. Puede ser que las horas cambiaron pero el proceso fue exactamente igual como en el pasado.
- Quiero eliminar la confusión sobre la situación legal en los Estados Unidos para las víctimas y los representantes legales de las víctimas de estos señores o cualquier otra persona extraditada a los Estados Unidos.
Señoras y señores, hemos consultado con bastante detalle con las autoridades del Gobierno nacional en los últimos días y hemos concluido que, en cinco aéreas específicas, las víctimas, sus representantes y fiscales de la república de Colombia aún tendrán acceso al sistema legal, a la propiedad y a los individuos mismos extraditados a los Estados Unidos:
- De acuerdo con los convenios internacionales que permiten colaboración entre gobiernos en cuestiones legales.
- En el sentido de colaboración tribunal a tribunal, de acuerdo con el proceso de las cartas rogatorias que ha sido aprovechado muchas veces en el pasado entre el sistema legal de Colombia y de Estados Unidos.
- Un juicio civil en que cualquier ciudadano del mundo tiene derecho y acceso al sistema legal de Estados Unidos para procesar su juicio civil.
- Hay un compromiso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de compartir evidencia o información que se desarrolla en el manejo de estos casos en los Estados Unidos con las autoridades y los fiscales de la república de Colombia.
- Hay un compromiso por parte del gobierno de Estados Unidos de tratar de facilitar acceso directo por parte de fiscales de Colombia, responsables de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz a los señores extraditados a los Estados Unidos.
Por supuesto, el sistema legal de los Estados Unidos no puede dar más acceso a esos 14 o 15 hombres que tendrían acá en Colombia. Tendrán sus propios defensores en Estados Unidos y sus propios derechos legales en Estados Unidos. Pero el compromiso nuestro es facilitar ese contacto con los señores extraditados.
Señoras y señores, como dije la semana pasada cuando hablaba del caso de alias Macaco, en términos legales, en términos de acceso, nada ha cambiado con esta extradición mas que el lugar físico de los 14 hombres: ayer estaban en una cárcel colombiana, hoy están en una cárcel norteamericana. Creo yo, lo reitero y voy a seguirlo reiterando, que con esta extradición Colombia es un país mejor y Estados Unidos, también es un país mejor.
Juan Carlos Ossa, RCN Televisión: Embajador, la siguiente pregunta, lo que tiene que ver con las víctimas en el tema de reparación, ¿qué mecanismo es el que va a utilizar tanto el gobierno colombiano como el gobierno de Estados Unidos para que ese mecanismo sea efectivo, o sea aplicable en el tema de reparación, específicamente?
Embajador Brownfield: Y eso, por supuesto, es una de las preguntas fundamentales en esto. Y es de esto que quería indicar con los cinco puntos, las maneras en que nosotros, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia y los tribunales de los Estados Unidos vamos a tratar de ofrecer acceso y el derecho legal de seguir sus deseos lógicos, legítimos y auténticos para reparación en el futuro.
Primero, el gobierno de Colombia tiene derecho al acceso al sistema legal de los Estados Unidos, de acuerdo con varios convenios internacionales de la ONU y de la OEA.
Segundo, cualquier tribunal de Colombia tiene acceso de pedir acción directa por parte de cualquier tribunal de los Estados Unidos por el proceso rogatorio de tribunal a tribunal.
Tercero, cualquier víctima o representante legal de cualquier víctima tiene derecho de hacer un proceso legal, un juicio civil en un tribunal en los Estados Unidos, dirigido específicamente a cualquiera de los 14 o 15 extraditados en la última semana.
Cuarto, los fiscales del Departamento de Justicia van a compartir su evidencia e información con los fiscales de la república de Colombia, permitiéndoles la oportunidad de examinar, analizar y decidir cómo quieren proceder de acuerdo con la Ley de Justicia y Paz.
Y, finalmente, vamos a tratar de facilitar acceso directo. Si un fiscal colombiano necesita ese acceso directo a uno de los extraditados, el Departamento de Justicia va a tratar de facilitar ese proceso.
Ahora bien, lo que no podemos hacer, por supuesto, es cambiar la voluntad y la actitud de los 14 o 15 extraditados. Ellos tienen los mismos derechos en los Estados Unidos que tendrían acá en Colombia. Tienen sus defensores. Tienen sus derechos, acceso a evidencia, derecho de responder a acusaciones, derecho de responder o no a preguntas y derecho de permitir o no acceso. Al final de todo, ellos tienen los mismos derechos en Estados Unidos, los mismos derechos legales que tienen acá. El compromiso nuestro es que vamos a tratar de facilitar todo el acceso, toda la información y todas las oportunidades a las víctimas, sus representantes y los fiscales responsables para la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.
Señoras y señores, no me corresponde a mi, a un diplomático, decirles si esos 14 colaboraban o no con este proceso de la Ley de Justicia y Paz. Esa es una decisión interna y soberana para los ciudadanos colombianos y sus instituciones. Son ellos, son ustedes, los que tienen que decidir si ellos jugaban con el sistema o no; si ellos colaboraban en este proceso o no; si ellos actuaban en serio o no; si ellos verdaderamente se habían desmovilizado o si les habían dejado a sus líderes de rango medio sus operaciones de campo. Esas no son preguntas para mi, ni para mi gobierno, son preguntas para ustedes. Lo que sí les puedo garantizar es la máxima colaboración posible en asegurar que las víctimas van a recibir justicia en el futuro.
Juan Camilo Maldonado, El Espectador: Embajador, todo lo que nos ha hablado ahoritica tiene que ver con el derecho a la verdad de las víctimas, en cuanto a la reparación material. El Presidente esta mañana habló de un pacto con el gobierno en el cual todos los bienes que sean entregados por estos 14 ex paramilitares serían entregados a las víctimas. Sin embargo, hay un arreglo entre el gobierno colombiano y el gobierno estadounidense en cuanto a los bienes que entregan los narcotraficantes. ¿Este arreglo va a cambiar con estos catorce paramilitares? ¿Cómo va a funcionar ese nuevo fondo de reparación material par a las víctimas? ¿Qué se va a hacer con todos esos bienes?
Embajador Brownfield: Buena pregunta y gracias por permitirme un poquito de clarificación.
El arreglo que ya existe entre los dos gobiernos trata de bienes y propiedad física recuperada en los Estados Unidos, pero relacionado con narcotraficantes colombianos. Y tiene razón, tenemos un entendimiento, un arreglo formal, que permite la transferencia, si no de la propiedad o los bienes, por los menos de los recursos o los fondos producidos por esos bienes a Colombia. Eso no va a cambiar.
Pero, por supuesto, como ustedes bien saben, Colombia, sus instituciones, el Estado y el sistema legal aún tienen la jurisdicción y la responsabilidad para cualquier propiedad que se encuentra en Colombia. Estados Unidos, su sistema legal, no tiene ningún derecho de tocar, controlar o aun pedir esos bienes y esa propiedad. Eso, por supuesto, aún queda en las manos del sistema legal de Colombia y sus instituciones.
Mira, a final de todo, mucho depende, por supuesto, de la voluntad de los distinguidos señores ya extraditados a los Estados Unidos. Si ellos quieren colaborar con las autoridades, me imagino que vamos a ver propiedad, fondos y bienes disponibles para las víctimas de los crímenes del pasado. Y lo que les sugiero es que, quizás, la probabilidad de esa voluntad sea un poquito más alta hoy, después de las 6:45 de esta mañana.
Espero que sea así, porque quiero reiterar algo que les sugería hace una semana o par de semanas en el caso del señor alias Macaco, y es que los dos gobiernos, los dos pueblos, los dos países tenemos exactamente los mismos objetivos. Queremos: 1) justicia para nuestros pueblos que han sufrido de los actos criminales de varias personas; 2) queremos la máxima sanción posible contra las personas condenadas y sentenciadas de acuerdo con los sistemas legales de Colombia y los Estados Unidos por sus delitos en el pasado; 3) queremos la máxima compensación, la máxima reparación que sea posible para sus víctimas. Esos son nuestros tres objetivos. Son los objetivos del gobierno de los Estados Unidos, son los objetivos del gobierno de la república de Colombia y, me imagino, que son los objetivos de todas las víctimas y los familiares de las víctimas de los que perpetraron estos crímenes es el pasado. La verdad es, señoras y señores, las únicas personas que quizás no comparten esos objetivos son los criminales mismos. Y para ellos, por supuesto, no tengo mucha simpatía.
Jenny Carolina Gonzalez, The New York Times: Buenas tardes Embajador. Las víctimas están muy escépticas acerca lo que puedan lograr desde Estados Unidos. Tengo dos preguntas específicas. La primera, ¿hay alguna posibilidad de que si las víctimas a través de los tribunales colombianos lo requieren, estos señores una vez cumplan su pena en Estados Unidos puedan venir a responder ante los tribunales colombianos? Y la segunda, ¿hay algún acuerdo específico para que estos señores no entren al programa de protección de testigos y queden así lejos del alcance de la Corte Penal Internacional que es una de las esperanzas que tienen las víctimas para buscar verdad, justicia y reparación?
Embajador Brownfield: Buenas preguntas. Primera pregunta, lo que se puede decir al respecto es que el sistema legal de Colombia no ha perdido absolutamente ningún derecho, ninguna posibilidad de seguir con un proceso penal contra estos 14 o15 extraditados. En otras palabras, una vez que cumplan con su proceso en los Estados Unidos, el juicio, la sentencia, la sanción y sea así la encarcelación, en ese momento estarán disponibles para el sistema legal de Colombia de acuerdo con las leyes, las reglas, las normas y la constitución colombiana. La una no excluye a la otra. En esta situación estamos hablando de un proceso legal en los Estados Unidos, pero paralelamente o consecutivamente el sistema legal de Colombia también puede aplicar sus leyes, sus sentencias y sus sanciones.
Segunda, si estamos hablando de los 14 o 15 extraditados de las últimas dos semanas, les puedo asegurar que no hay ninguna posibilidad de pasarlos al programa de protección de testigos. ¿Por qué? Porque no son testigos, son acusados pedidos y demandados por el sistema legal de los Estados Unidos. El programa de protección de testigos de los Estados Unidos, del gobierno federal de los Estados Unidos, es para proteger testigos en casos penales y en un proceso en un tribunal de los Estados Unidos. Que sepa yo jamás hemos ofrecido ese programa a los acusados mismos. No tendría sentido. La razón para haber pedido estas extradiciones señoras y señores, no es para darles quizás una visita a un country club o un hotel de cinco estrellas, es para enjuiciarlos en un proceso legal en los Estados Unidos y, si tenemos éxito, de acuerdo con nuestras leyes, normas y derechas constitucionales de los Estados Unidos, de aplicar la máxima sanción posible contra ellos. Y ojala pueda ser yo bastante claro en ese sentido porque admito, acepto y lamento decirlo que hay bastante confusión por parte de algunas de las víctimas y sus representantes acá en Colombia. Y en este momento quiero hablar directamente con ellos, quiero decirles que yo tengo el mismo objetivo que ustedes, queremos la máxima justicia posible, la máxima sanción que sea posible contra los culpables y la máxima reparación posible para ustedes, señoras y señores, víctimas de las actividades de algunas personas en años pasados. Queremos trabajar con ustedes, esto debería ser un proceso conjunto, y no un proceso en el que uno gana y otro pierde. Si lo hacemos correctamente ganan todos con la excepción de los culpables.
Catalina Loboguerrero, Semana: Señor embajador, una cosa es tener acceso y que los Estados Unidos quiera colaborar para que los procesos de justicia y paz continúen pero ¿quién va a asumir los costos? Por ejemplo, se está pensando en los viajes de algunos fiscales o jueces. ¿Las víctimas, también, cómo van a acceder a una representación justa en un país que tiene unos costos distintos? Si pudiera hablar un poco de eso, por favor.
Embajador Brownfield: Por supuesto tendré que hablar más o menos en términos generales, porque en este momento no hablamos de un caso o de algo concreto o específico.
Creo que hay tres áreas en las que tenemos que calcular hasta cierto punto esta cuestión de costos. Si es cuestión de un proceso o una comunicación o una colaboración de gobierno a gobierno, por supuesto los dos gobiernos comparten el costo, dependiendo de la cuestión.
Si es una carta rogatoria de un tribunal colombiano a un tribunal de los Estados Unidos los costos de los dos tribunales, cada tribunal asume su propio costo. Si es cuestión de colaboración, por ejemplo, de gobierno ejecutivo a gobierno ejecutivo, o de Fiscalía a Departamento de Justicia, al final de todo si Fiscalía pide y el Departamento de Justicia se pone de acuerdo, el Departamento de Justicia asume los costos y viceversa, me imagino. Si es cuestión de un derecho individual, en otras palabras, señor fulano de tal, o señora fulana de tal víctima de personas X, que quiere aprovecharse, directa y personalmente del sistema legal de los Estados Unidos para procesar un juicio civil en el sistema legal de los Estados Unidos, entonces, de acuerdo con las normas del sistema legal de los Estados Unidos, esa persona o sus representantes o quienes la apoyan asumen los costos, hasta llegar a la decisión final del tribunal en los Estados Unidos.
En ese momento, por supuesto de acuerdo con esa decisión, cualquier propiedad material o bienes o fondos producidos por esa decisión serían distribuidos de acuerdo con la decisión del tribunal.
En otras palabras, creo yo que la cuestión de costos es una cuestión entre partes, es cuestión de tribunal a tribunal, de gobierno a gobierno o, en algunos casos hipotéticos pero totalmente posibles, de un demandante en el sistema legal y civil de los Estados Unidos. Y admito que los costos cambian en términos de la responsabilidad en una manera que depende de la manera en que buscan acceso al sistema legal de los Estados Unidos. Pero reitero, repito y ratifico que el objetivo es la máxima reparación posible para las víctimas de los criminales, los culpables en el pasado, ese es nuestro objetivo y creo que es el objetivo del gobierno de Colombia y no tengo la menor duda que también es el objetivo de las víctimas y sus familias.
Iván Cepeda, El Espectador: Embajador, buenas tardes. Le agradezco esta oportunidad. Ayer, usted en una entrevista en El Espectador señalaba que en Estados Unidos caben acuerdos, y mencionaba una situación concreta en la cual la persona entrega información sobre un superior en su empresa criminal. En este caso, ¿esos acuerdos se harían? ¿Qué alcance tendrían? ¿Y si de alguna manera limitan los derechos de las víctimas? Y la segunda, una de detalle. Usted cuando habló del quinto mecanismo que se va a emplear habló de facilitar el acceso a fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Mi pregunta es ¿también se facilitará el acceso a los magistrados, magistrados auxiliares y fiscales que trabajan con la Corte Suprema de Justicia en el escándalo llamado de la parapolítica?
Embajador Brownfield: El primer punto. Lo que trataba yo, y admito que no soy el mejor experto en el mundo para hablar de los detalles del sistema legal de los Estados Unidos, no soy abogado ni colombiano ni norteamericano, aunque admito que soy graduado de la mejor facultad de Derecho de los Estados Unidos, me refiero por supuesto a la Universidad de Texas, pero eso fue hace casi treinta años.
Tenemos en los Estados Unidos en nuestro sistema legal un mecanismo que permite al fiscal, bajo la supervisión del juez responsable del tribunal, de negociar o por lo menos dialogar con un acusado con la intención de recibir evidencia que produce eventualmente un juicio, culpabilidad y sentencia contra otras personas que son más altas en la organización criminal. Es un proceso que comenzó en nuestro sistema hace unos 60 años, y gracias a ese proceso desmantelamos muchas de las organizaciones criminales más grandes de los Estados Unidos, las famosas organizaciones mafiosas en los años 50 y 60 en los Estados Unidos. Y el concepto es que uno tiene mucho menos interés en sentenciar y sancionar un soldado de la organización si ese soldado puede ofrecer información que permite la sentencia del general o comandante de la organización.
Entonces, la pregunta suya y la sugerencia o quizás la hipótesis de la pregunta es si se aplicaría ese sistema, ese mecanismo a los 14 o los 15 extraditados a los Estados Unidos. Y mi respuesta es que no seria muy lógico, porque la evidencia que tengo yo que viene principalmente de los medios de comunicación, y siempre tomo en cuenta lo que dicen los medios de comunicación, pero los medios sugieren que los 14 representan los lideres de sus organizaciones. Y el concepto no es dialogar con un líder para quizás producir la sentencia o el castigo a sus soldados, eso es totalmente invertido. Y si verdaderamente, como sugieren algunos de los medios de comunicación, estos son lideres de sus organizaciones, no hay lógica para ese tipo de diálogo, para ese tipo de negociación, si queremos usar esa palabra. No estoy absoluta ni totalmente seguro, eventualmente depende de lo que dicen, de lo que tienen ellos para ofrecer. Pero la lógica es que si la única cosa que pueden ofrecer es información o evidencia relacionada con los que son de menor rango que ellos, el interés de los fiscales y del juez federal responsable por el caso será bastante limitado.
Segunda pregunta o segundo punto. Me refería en mi quinto punto a que el gobierno de los Estados Unidos se compromete en tratar de facilitar acceso directo por parte de fiscales de la república de Colombia a los 14 o 15 extraditados, por supuesto, de acuerdo con los derechos que tienen ellos, los 15, sus derechos legales, sus derechos constitucionales en los Estados Unidos. Y la pregunta es si eso también se aplica a más que solamente los fiscales, quizás a jueces y magistrados también. La verdad es que no había pensado en eso. El magistrado, el juez siempre tiene el derecho de acceso por el sistema rogatorio, en otras palabras, un juez colombiano siempre tiene el derecho absoluto y total, según lo que entiendo, de pedir a un tribunal norteamericano de hacer una investigación, de hacer una audiencia, de hacer preguntas específicas, etc. Eso es cuestión de tribunal a tribunal. Es que el juez o el magistrado tendrían quizás el mismo derecho de acceso, de acuerdo con las normas en los Estados Unidos, en otras palabras, el extraditado que tiene su defensor, que tiene el derecho de escuchar el consejo de su defensor, que tiene derecho de decidir si da acceso o no, exactamente como tiene el mismo derecho de hablar o no hablar con un fiscal en los Estados Unidos. No es una obligación de hablar en los Estados Unidos con el fiscal.
Me imagino que podríamos hablar de una regla en ese sentido, sería complicado, por supuesto, porque normalmente en este caso es un gobierno que habla con otro gobierno. Si vamos a introducir otro órgano del gobierno constitucional tendríamos que decidir exactamente cómo se hace, en otras palabras, cómo es que ese pedido de acceso llega al sistema legal de los Estados Unidos. ¿Es directo? ¿Es por parte de la Corte Suprema? ¿Es por parte del poder ejecutivo, del gobierno nacional o por la cancillería? Esas son las preguntas que tendríamos que considerar. Pero repito, el objetivo es máxima justicia, máxima sanción y máxima reparación como sea posible. Tenemos dos gobiernos llenos de personas inteligentes, y si es necesario, si es importante dar ese tipo de acceso, debería ser posible para personas tan inteligentes encontrar una fórmula que permite ese tipo de acceso. Tengo que confesar que aún no he pensado en los detalles. Yo no se si eso sería sin precedente o no, la verdad es que no se, pero si estoy absoluta y totalmente convencido que ya que tenemos el mismo objetivo y el mismo deseo, si eso es lo importante para producir la máxima reparación o sirve para las víctimas, debería ser posible.
Juan Francisco Valbuena, El Tiempo: Señor Embajador buenas tardes. Quería preguntarle, usted ha hablado de que toda la información que recaude la justicia norteamericana va a hacer compartida alguna al menos con la justicia colombiana pero ¿qué ocurriría en el caso, qué decisión tomaría el gobierno colombiano en el caso de que los ex jefes paramilitares extraditados hoy ofrecieran dar esa información, pero a cambio de grandes beneficios en sus condenas?
Embajador Brownfield: Mira, primero para esclarecer, no dije toda la información, porque mucha de la información y la evidencia, por supuesto, se tratará en los cargos específicos de tráfico de drogas, lavado de dinero y de apoyo material para actos de terrorismo, y en ese caso ya que eso no necesariamente tiene algo que ver con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, la lógica es que no tendría el gobierno colombiano y sus fiscales el mismo interés en eso.
El compromiso es que cualquier evidencia que encontramos en los procesos penales en los Estados Unidos relacionados con casos de interés para víctimas, para fiscales, para el gobierno o para el sistema legal de Colombia sería compartida en lo máximo posible. Bueno, su pregunta, yo le sugiero que la pregunta es igual y hasta cierto punto no importa si el acusado se encuentra en Estados Unidos o en Colombia, es la misma pregunta, y la respuesta es igualmente complicada. El fiscal, el tribunal, juez o magistrado y el sistema legal tienen que decidir entre el valor de lo que ofrece el señor fulano de tal, que ofrece información, muchos beneficios materiales, propiedad, fondos para víctimas y mucha evidencia, y hacer el equilibrio de eso, establecer un balance entre ese valor y el deseo de la comunidad, el pueblo y la nación de tener su justicia máxima en el caso. Y esas preguntas no son fáciles, hasta cierto punto, supongo y no quiero parecer un poco cínico, pero es por eso que tenemos tribunales, es por eso que hemos desarrollado nuestro sistemas legales durante los últimos mil años más o menos, para establecer ese balance, ese equilibrio entre el deseo de ofrecer la máxima compensación y reparación posible a las víctimas con el igualmente importante deseo de asegurar la máxima sanción posible contra los que han cometido delitos, crímenes y han violado los derechos de otros miembros de la comunidad.
Le puedo decir como respuesta a su pregunta hipotética que si eso ocurriera en los Estados Unidos me imagino que habría una consulta entre autoridades de los Estados Unidos y autoridades de Colombia para, básicamente, decidir dónde se encuentra el interés máximo, qué ofrece la mayor justicia posible en el sentido negativo, sanciones, y en el sentido positivo, reparación. Al final de todo en este proceso buscamos la mejor solución. Nunca vamos a satisfacer a cien por ciento del mundo. El XVI presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, dijo en 1864 que se puede satisfacer todo el mundo algunas veces, algunas personas todo el tiempo pero no se puede satisfacer a todo el mundo todo el tiempo. Y supongo que hasta cierto punto tendremos nosotros el mismo problema que tenía Lincoln en 1864. Y nuestro desafío es asegurar que hemos ofrecido la máxima justicia en el sentido de las sanciones negativas y de la reparación positiva.
Y me imagino, señoras y señores de los medios de comunicación, que vamos a tener muchas conversaciones entre nosotros sobre este tema durante los meses que vienen.
Muchas gracias.