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Certificación del Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas en Derechos Humanos
Septiembre 11, 2009
El 8 de septiembre de 2009, el Departamento de Estado determinó y certificó al Congreso que el Gobierno y la Fuerza Pública de Colombia cumplen con los requisitos legales relacionados con los derechos humanos y la ruptura de vínculos con grupos paramilitares. Esta decisión y certificación, conforme a la Sección 7046(b) del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras, y el Acta de Apropiaciones y Programas Afines de 2009, permite el desembolso de la totalidad de los fondos de asistencia para la Fuerza Pública de Colombia para el año fiscal 2009.
No hay duda que debe haber mejoras en ciertas áreas; no obstante, el gobierno colombiano ha hecho esfuerzos significativos para incrementar la seguridad de su pueblo y promover el respecto a los derechos humanos por parte de su Fuerza Pública y, por lo tanto, ha cumplido con los criterios de la certificación. Años de reformas y entrenamiento han llevado a un mayor respeto y entendimiento de los derechos humanos por parte de la mayoría de los militares. Además en los últimos años, la Fiscalía General de la Nación ha hecho grandes e importantes avances en la investigación y enjuiciamiento de los casos sobre derechos humanos. Por ejemplo en el último año, la Fiscalía General de la Nación arrestó a varios generales por cargos de derechos humanos; acusó a cinco miembros del batallón "La Popa" del Ejército por confabularse con paramilitares en el asesinato de 20 civiles; condenó a siete soldados en conexión con el asesinato de un miembro de la Comunidad de Paz de San José y acusó a otros 10 en relación con la masacre de febrero de 2005 de ocho miembros de la misma comunidad.
Aunque estos han sido avances positivos, Colombia continúa enfrentando desafíos preocupantes. Las revelaciones sobre asesinatos extrajudiciales demuestran que las reformas en la Fuerza Pública todavía no se han concretado plenamente. Tanto la Fuerza Pública como la Fiscalía General actuaron con rapidez tras revelaciones de los asesinatos de 2008 en la localidad de Soacha al despedir a 51 miembros de la Fuerza Pública e investigar a 75 soldados. Sin embargo, el caso de Soacha no es un incidente aislado y son necesarias acciones adicionales por parte de la Fuerza Pública para resolver y eliminar los abusos y mejorar la cooperación con el fiscal general para un rendimiento de cuentas de los responsables.
Las acusaciones de interceptaciones domésticas y vigilancia ilícitas por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) son preocupantes e inaceptables. La atención que la Fiscalía General le ha dado a procesar estos crímenes son un paso positivo para Colombia, pero los medios y las ONG alegan que las actividades criminales continúan, por lo que es vital que el Gobierno de Colombia tome medidas para garantizar que esto no suceda, y la fiscalía General debe realizar una investigación rigurosa para determinar la magnitud de los abusos.
Estados Unidos continúa preocupado por los asesinatos extrajudiciales y las acusaciones contra el DAS, y seguirá buscando mejoras en la situación de los derechos humanos y destacar la importancia en ese tema. Estamos dispuestos a tomar medidas para mejorar el respeto de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública; mejorar la investigación y el proceso de casos de la Fiscalía General; fomentar el diálogo constructivo entre el gobierno colombiano y grupos de la sociedad civil y apoyar investigaciones independientes por el "escándalo" del DAS. A través de este proceso, tanto en Washington como en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Estados Unidos continuará contando con la experiencia de grupos de derechos humanos colombianos e internacionales, así como de la sociedad civil en lo que respecta al desempeño de Colombia en materia de derechos humanos.
Apreciamos el compromiso de estos grupos para el continuo mejoramiento de la situación de derechos humanos en Colombia y aplaudimos sus muchas veces trabajo peligroso.