Informe Anual sobre la Trata de Personas 2011

Junio 27 de 2011

Traducción del informe publicado por la Oficina para el Monitoreo y la Lucha contra la Trata de Personas de la Subsecretaría para la Democracia y Asuntos Globales del Departamento de Estado de Estados Unidos

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Colombia es uno de los países con el mayor número de mujeres y niñas sujetas a la explotación sexual en América Latina, el Caribe, Europa occidental, Asia, el Medio Oriente y Norteamérica, incluyendo Estados Unidos. También es país de tránsito y destino final para hombres, mujeres y menores de edad sujetos a trabajo forzado.

En Colombia, algunos hombres y menores se encuentran en condiciones de trabajo forzado en los sectores de la minería y la agricultura, y la trata sexual de mujeres y menores de edad desde áreas rurales hacia áreas urbanas continúa siendo un problema significativo.

Algunas mujeres y menores de edad se ven obligadas a realizar trabajos de servidumbre doméstica, y hay algunas ONG que reportaron que la mendicidad obligada era un problema en las ciudades. Los grupos con el mayor riesgo de convertirse en víctimas de la trata incluyen los desplazados, las mujeres de escasos recursos en áreas rurales, comunidades indígenas, y los familiares de miembros de organizaciones delictivas.

La continua violencia armada en Colombia ha desplazado a muchas comunidades, haciéndolas vulnerables a la trata de personas. Algunos menores de edad ecuatorianos, muchos de ellos de etnia indígena, se han visto obligados a trabajar y han sido víctimas de la trata con fines de explotación sexual en Colombia. Los grupos armados al margen de la ley reclutan a menores de edad por la fuerza y los obligan a unirse a sus filas; una organización internacional calcula que al menos 10.000 menores participan como combatientes en los grupos armados al margen de la ley. Miembros de pandillas y redes de crimen organizado llevan a sus familiares y conocidos, y a los desplazados - por lo general mujeres y menores - a condiciones de explotación sexual comercial y trabajo forzado, e incluso los obligan a trabajar en el comercio ilícito del narcotráfico.

Colombia es destino para el turismo sexual infantil de extranjeros, provenientes de Estados Unidos y Europa, particularmente en ciudades costeras como Cartagena y Barranquilla.  Los inmigrantes provenientes de Suramérica, África y China transitan Colombia con destino a Estados Unidos y Europa; algunos pueden ser víctimas de trata de personas.

El Gobierno de Colombia cumple a cabalidad con las normas mínimas exigidas para la eliminación de la trata de personas.  Durante el período de cobertura de este informe, el Estado continuó combatiendo y contrarrestando las acciones de los tratantes, logró su primera condena por trabajo forzado  y continuó con sus esfuerzos robustos de prevención.

El Estado trabajó con ONGs y organizaciones internacionales para ofrecer ayuda a las víctimas de la trata de personas; no obstante, no financió refugios especializados, ni servicios para las víctimas de la trata. Las autoridades no emplearon procedimientos formalizados para la identificación proactiva de las víctimas de la trata entre las poblaciones vulnerables. El alto número de colombianos enviados al exterior y el alto número de víctimas de trata interna reflejan la continua  necesidad de financiamiento dedicado a los servicios integrales a las víctimas.

Recomendaciones para Colombia: Asegurarse que las víctimas cuenten con acceso a servicios especializados, incluyendo refugios dedicados a las víctimas de la trata, en parte a través de fondos destinados a administrar estos servicios; establecer normas para la atención a víctimas para asegurarse que las víctimas se encuentren debidamente protegidas durante las investigaciones y los juicios; crear medidas formales para identificar víctimas de la trata entre poblaciones vulnerables; crear mecanismos formales de remisión para que las víctimas tengan acceso a los servicios de asistencia; ofrecer a las víctimas extranjeras alternativas jurídicas y legales para su deportación; continuar con los esfuerzos para identificar y asistir a las víctimas colombianas de la trata en el exterior, a través de capacitaciones y la asignación de más recursos para las misiones diplomáticas en otros países; ofrecer a los agentes de policía, oficiales de inmigración, fiscales y jueces capacitación en anti-trata de personas; y continuar incrementando la conciencia pública sobre los peligros de la trata de personas, sobre todo entre las jóvenes que buscan empleo en el exterior.

Enjuiciamiento: El Gobierno de Colombia continuó con los esfuerzos para ejercer la ley en los casos de trata transnacional de personas durante el período de cobertura de este informe, y logró su primera condena por trata con fines de trabajo forzado. Colombia prohíbe todo forma de trata de personas a través de un estatuto integral anti-trata, la Ley 985, la cual prohíbe la captura, traslado o recibo de una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación. Por explotación se entiende la obtención del provecho económico o cualquier otro beneficio mediante la explotación de una persona para la prostitución, el trabajo forzado, la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. La Ley 985 prescribe una pena en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años, la cuál es adecuadamente severa y conmensurable con aquellas para otros delitos graves como el acceso carnal violento.

La definición de esta Ley a la trata de personas excluye los elementos de fuerza, fraude o coerción. En 2010, las autoridades colombianas reportaron que investigaban 144 casos de trata de personas que involucraban a 90 víctimas; la mayoría de los casos involucraban a víctimas adultas que habían sido obligadas a ejercer la prostitución en el exterior. Las autoridades también investigaron muchos casos de lavado de activos relacionados con la trata de personas, identificando a 46 individuos y ocho organizaciones involucrados en el lavado de activos en conexión a delitos de trata de personas. Hasta la fecha hay más de 1.000 investigaciones en curso sobre el reclutamiento ilegal y el uso de menores combatientes, algunos de los cuales pueden estar relacionados con la conscripción de menores de edad.

El Estado reportó lograr 17 condenas en casos de trata de personas, sentenciando a los tratantes a períodos de encarcelamiento que oscilan entre los siete a los 23 años en prisión, y multas que oscilan entre $65.000 y $338.000 dólares. En comparación, las autoridades reportaron 215 investigaciones y 14 condenas en casos de trata de personas para 2009. Durante el período de cobertura de este informe, el Estado logró su primera condena por trata con fines de trabajo forzado en un caso relacionado con una colombiana que estaba siendo explotada en el país. Un estudio del Estado publicado en 2010 encontró que en la última década se habían realizado más de 50 condenas menos por trata de personas que las reportadas por las autoridades.

El estudio señaló que los delitos por trata a veces se categorizan bajo otros estatutos, como los que prohíben el proxenetismo de menores o secuestro, y la mayoría de las condenas y sentencias por trata de personas en Colombia son a causa de casos transnacionales de prostitución forzada. Mientras que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación es la encargada de manejar todos los casos transnacionales de trata de personas, no existe una sola unidad dedicada a los casos internos. En cambio, los casos internos de trata son investigados por las unidades locales de delitos sexuales. Una ONG recibió informes de que la policía solicitaba sobornos o servicios sexuales a cambio de la protección de burdeles donde víctimas de la trata estaban siendo explotadas, aunque muchos de estos delitos nunca fueron reportados.

El Estado no investigó, procesó o enjuició a ningún funcionario por delitos relacionados con la trata de personas. Algunas ONG expresaron como preocupación que algunos funcionarios gubernamentales no estaban suficientemente familiarizados con la trata de personas, y por lo tanto no estaban en capacidad de identificar y asistir a las víctimas con efectividad. En colaboración con una organización internacional y un gobierno extranjero, los funcionarios públicos recibieron capacitación sobre cómo investigar y enjuiciar los casos de trata de personas, y cómo ayudar a las víctimas de la trata. El Estado mantuvo alianzas con gobiernos extranjeros para repatriar a las víctimas de la trata e investigar los casos de la trata de personas.

Protección: El Gobierno de Colombia operó un Centro Operativo Anti Trata de Personas para remitir a las víctimas a proveedores de asistencia, y para que el Estado pudiera atender a  víctimas menores de edad a través de una red de centros para menores víctimas de la violencia, pero no operó ningún centro especializado para las víctimas adultas. El Gobierno de Colombia remitió a las víctimas adultas a las ONG y organizaciones internacionales aliadas, quienes prestaron la mayor parte de la atención especializada a las víctimas. La mayoría de las víctimas identificadas por las autoridades eran personas adultas. El Estado no reportó el empleo de procedimientos formalizados para identificar a las víctimas de la trata entre las poblaciones vulnerables del país, como las personas desplazadas y las mujeres en prostitución.

Un estudio patrocinado por el Estado, publicado en 2010, señaló la necesidad de mejorar los mecanismos para identificar a las víctimas de la trata interna de personas. Junto con una organización internacional, las autoridades continuaron operando el Centro Operativo Anti Trata de Personas -COAT- para dirigir la asistencia a víctimas, coordinar y rastrear la investigación y el enjuiciamiento de los casos, y recoger información y estadísticas nacionales relacionadas con los delitos de trata de personas. Las autoridades recibieron del COAT informes de 42 posibles casos de trata de personas, la mayoría relacionados con víctimas adultas.

El Estado no reportó haber financiado servicios especializados o refugios para víctimas de la trata de personas, ni organizaciones de la sociedad civil para que prestaran estos servicios. No obstante, sí refirió algunas víctimas a las ONG locales para que recibieran los servicios.

En 2009, las autoridades empezaron a diseñar criterios de asistencia nacional para las víctimas de la trata de personas con una organización internacional, señalando a aquellas agencias estatales responsables de garantizar los diversos aspectos de la atención a la víctima. Una ONG señaló que el Estado todavía no había publicado el decreto, conforme a lo requerido por la Ley 985, que asignaría oficialmente las responsabilidades a diferentes agencias gubernamentales de los servicios a las víctimas.

El Estado operó 34 centros que prestaban servicios integrales a las víctimas infantiles de violencia sexual, aunque no es claro si en el transcurso del año algún menor de edad víctima de la trata de personas recibió los servicios en alguno de estos centros. El Estado mantuvo un programa de reintegración para menores combatientes y durante el año 338 menores combatientes fueron referidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para recibir servicios de asistencia. Las autoridades reportaron haber proveído  a las víctimas atención médica y sicológica, acceso a asistencia financiera y de empleo, así como información y asesoría jurídica durante  juicios. Oficiales señalaron que la falta de pautas legales para el cuidado y la protección de las víctimas continuó siendo un reto importante.

En 2010, el Estado identificó a 76 víctimas de la trata transnacional, la mitad de ellas víctimas de trabajo forzado y la otra mitad de explotación sexual, además de las 15 víctimas de tráfico dentro de Colombia. El Estado no reportó cuantas de estas víctimas recibió servicios, bien por el estado Colombiano o por ONGs. El Estado alentó a las víctimas a colaborar en las investigaciones y los procesos, y a las que colaboraron les ofreció vivienda a través de su programa de protección a testigos. No obstante, la mayoría temían presentarse en el centro de asistencia para ayudar a enjuiciar a sus tratantes, por temor a represalias o por falta de conocimiento de su situación como víctimas de un delito mayor.

El Estado no señaló cuántas víctimas habían participado en los procesos judiciales durante el periodo de cobertura de este informe. A pesar de que existe un programa limitado para ofrecer protección a las víctimas que testifican, son pocas las víctimas de la trata de personas que eligieron participar. No se presentaron informes de víctimas que hubiesen sido encarceladas o castigadas por realizar actividades ilícitas como resultado directo de haber sido víctimas de la trata de personas. No existía un mecanismo jurídico especializado a través del cual el Estado colombiano pueda ofrecer una visa o residencia temporal a las víctimas extranjeras de la trata de personas.

Las autoridades reportaron que  sí podían ofrecer a las víctimas de la trata de personas  un permiso temporal para permanecer en el país durante el proceso de investigación judicial, según sea el caso. No obstante, las autoridades no reportaron haber identificado o ayudado a ninguna víctima extranjera de la trata de personas en 2010. Además, una ONG informó que las víctimas ecuatorianas de la trata de personas habían sido presuntamente deportadas y no fueron identificadas como víctimas. Los oficiales consulares colombianos ayudaron a 106 colombianos víctimas de la trata de personas en el exterior durante el período de cobertura; en comparación, 179 víctimas de la trata de personas recibieron asistencia de los oficiales consulares colombianos en 2009. El Estado contrató a asesores legales  y a trabajadores sociales para ayudar a los colombianos en el exterior en áreas con poblaciones grandes de emigrantes colombianos.

Prevención: El Estado continuó con los esfuerzos de prevención contra la trata de personas. El comité interinstitucional contra la trata de personas continuó coordinando esfuerzos e implementando la estrategia nacional para combatir la trata, y se reunió diez veces durante el período de cobertura de este informe. Otro comité interinstitucional creado para prevenir el reclutamiento de menores combatientes continuó con la implementación de su estrategia nacional dirigida a las áreas de mayor riesgo. Durante el período que cubre este informe, 11 departamentos organizaron comités contra la trata de personas, para un total de 27 comités en todo el país, y las autoridades gubernamentales les ofreció asistencia técnica. Algunas ONGs notaron los esfuerzos de fortalecimiento del Estado a nivel local en los departamentos de Risaralda, Nariño, Cundinamarca y Santander.

Las autoridades establecieron una Línea Gratuita Nacional contra la Trata de Personas, que funcionó de enero a abril de 2010. No obstante, en abril de 2010, el gobierno colombiano transfirió el manejo de esta Línea Gratuita Nacional a una organización internacional. En colaboración con una organización internacional, el gobierno patrocinó una universidad para investigar la magnitud de la trata, así como factores de riesgo subyacentes en Colombia. A pesar de ser un requisito legal, el Estado no estableció un sistema nacional de información sobre la trata de personas.

En febrero de 2011, el Gobierno de Colombia firmó un acuerdo bilateral de seguridad con el Gobierno de Panamá comprometiéndose a incrementar los esfuerzos contra la trata de personas, así como el tráfico de seres humanos y otros delitos. Las autoridades realizaron diversos eventos públicos de sensibilización, incluyendo campañas nacionales de medios, y se aliaron con organizaciones internacionales así como salones de belleza y agencias de modelaje. El Estado organizó talleres contra la trata de personas dirigido a las poblaciones desplazadas en los que participaron 194 mujeres.

El Artículo 219 del Código Penal prohíbe la organización o promoción de actividades sexuales turísticas, incurriendo en penas que oscilan entre los 3 y los 8 años de prisión, y las autoridades han desarrollado una campaña de divulgación sobre la trata dirigida a los destinos turísticos emergentes del país. No se reportaron ni investigaciones, ni juicios ni condenas por turismo sexual infantil en Colombia. No se reportó ningún esfuerzo para disminuir la demanda por el trabajo forzado.