Temas de Interés Bilateral
Informe anual sobre trata de personas, 2007
Departamento de Estado
Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas
Colombia es uno de los países del Hemisferio Occidental con mayor número de mujeres y niñas trasladadas al extranjero para propósitos de explotación sexual. Las mujeres y niñas colombianas víctimas de la trata son llevadas a América Latina, el Caribe, Europa occidental, el este de Asia, el Medio Oriente y Estados Unidos. Algunos hombres colombianos son víctimas de la trata para trabajo forzado dentro del país, pero la trata de mujeres y niños de áreas rurales a urbanas para la explotación sexual continúa siendo un problema mayor. La violencia armada interna en Colombia ha desplazado a muchas comunidades, haciéndolas vulnerables a la trata de personas. Además, grupos insurgentes y paramilitares han reclutado a la fuerza y explotado a miles de niños como soldados. También, redes del crimen organizado, algunas relacionadas con organizaciones terroristas, y delincuencia común han empujado a la fuerza a hombres, mujeres y niños hacia situaciones de explotación sexual con fines comerciales o trabajo forzado.
El gobierno de Colombia cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas. Durante el período de este informe, el gobierno intensificó sus acciones para hacer cumplir la ley contra los tratantes y mantuvo esfuerzos sólidos de prevención y protección. Durante el próximo año, el gobierno deberá continuar trabajando con la sociedad civil para incrementar los niveles de concientización pública y mejorar los servicios respecto a la protección de víctimas.
Enjuiciamiento
El gobierno de Colombia logró un importante progreso en la identificación y enjuiciamiento de delitos por la trata de personas durante el período de este informe. Las leyes colombianas prohíben toda forma de trata de personas a través de un estatuto integral contra la trata, la Ley 985 aprobada en 2005, que prescribe penas de hasta 23 años de prisión, las cuales son adecuadamente severas y conmensurables con aquellas para otros crímenes atroces. En 2006, las autoridades abrieron 49 investigaciones contra tratantes. El gobierno también dio inicio a 75 enjuiciamientos por trata de personas, que representa más del doble de los casos desde 2005. El gobierno también logró 10 condenas contra tratantes en 2006, un incremento de cinco veces desde 2005. Ocho de estas condenas fueron contra una banda de tratantes en Pereira. Seis mujeres y dos hombres fueron sentenciados a 48 meses de cárcel por su participación en la trata de personas a Panamá, Japón y España. Las dos sentencias restantes corresponden a un caso en la ciudad de Armenia, en el cual los acusados fueron sentenciados cada uno a seis y medio años en prisión. El gobierno trabajó con organizaciones internacionales para incrementar el entrenamiento de jueces y fiscales y cooperó con gobiernos extranjeros en Venezuela, Ecuador, Panamá, Italia y España en casos de trata internacional de personas. En la actualidad el gobierno investiga a un ciudadano estadounidense en conexión con un caso de pornografía infantil. No hubo informes de funcionarios procesados por complicidad en la trata de personas.
Protección
El gobierno mantuvo sus esfuerzos para atender las necesidades de las víctimas durante el período de este informe. El gobierno de Colombia proporciona fondos limitados a ONG para alojamiento de víctimas de trata de personas y otros servicios y confió a ONG y organizaciones internacionales el suministro de la asistencia en general a las victimas. El gobierno ofrece capacitación especializada a funcionarios consulares para ayudarlos a reconocer posibles víctimas de trata de personas y las misiones colombianas en el exterior ayudan a las víctimas colombianas. Los investigadores de la Policía establecieron salas especiales de entrevista en el aeropuerto internacional de Bogotá para reunirse con las víctimas que regresaban e investigar sus casos. El gobierno también aprobó planes para abrir un centro de operaciones contra la trata de personas el próximo año, que servirá como repositorio principal de información sobre la trata de personas para las víctimas, e incluirá una central nacional de llamadas. El gobierno opera un programa de protección de testigos para las víctimas de la trata de personas que participan en los juicios. Las autoridades colombianas animan a las víctimas para que colaboren con la investigación y el juicio contra sus tratantes. No hubo informes de víctimas que fueran encarceladas o castigadas por actividades ilícitas cometidas como resultado directo de haber sido sujetos de trata de personas. Debido a que Colombia no es uno de los países que más recibe víctimas de trata de personas, no existe una demanda de solicitudes de residencia temporal por parte de víctimas extranjeras.
Prevención
El gobierno logró progreso moderado en la realización de campañas públicas informativas durante el período de este informe, pero continuó dependiendo fuertemente de las ONG y las organizaciones internacionales para la conducción de campañas de prevención contra la trata de personas. El gobierno concluyó la elaboración de su plan de acción nacional contra la trata de personas; la implementación del plan queda pendiente. El gobierno trabajó de cerca con la OIM para desarrollar una línea nacional de emergencias para informar sobre delitos de trata de personas. El gobierno también trabajó con las ONG para distribuir una guía integral sobre asistencia a víctimas y otros materiales informativos como afiches, cuñas radiales y anuncios de televisión. El gobierno patrocina programas de asistencia dirigidos a las poblaciones más vulnerables a la trata de personas, como microcréditos para las mujeres y programas contra el trabajo infantil.
Washington, D.C.
12 de junio de 2007