DERECHOS HUMANOS
Colombia
Informes sobre el avance de la libertad y la democracia – 2008
Publicado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo
23 de mayo de 2008
Primera parte
Colombia es una democracia constitucional y multipartidista. En 2006, Álvaro Uribe, candidato presidencial independiente, fue reelegido en un proceso electoral considerado en general libre y limpio. Aunque el respeto del gobierno por los derechos humanos continuó mejorando, siguieron existiendo problemas serios. Entre los problemas sociales y de abusos a los derechos humanos están los asesinatos ilegales y extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la colaboración de militares insubordinados con grupos armados al margen de la ley, la tortura y el maltrato de los detenidos, el hacinamiento e inseguridad de las cárceles, las detenciones arbitrarias; un número elevado de detenidos sin procesar, algunos de quienes permanecieron encarcelados al lado de presos convictos; impunidad, corrupción y un sistema judicial ineficiente sometido a la intimidación; hostigamiento e intimidación de periodistas y grupos de derechos humanos, violencia contra la mujer y los niños; tráfico de personas con fines de explotación sexual, discriminación social contra la mujer, los indígenas y las minorías; y trabajo infantil ilegal.
Segunda parte
La estrategia de derechos humanos y democracia del gobierno de Estados Unidos se centra en el fortalecimiento de los procesos democráticos y las instituciones, apoyando a las organizaciones de la sociedad civil, ofreciendo asistencia humana de emergencia a corto plazo, incrementando el acceso a la justicia, entrenando a las fuerzas de seguridad en derechos humanos y protegiendo a las poblaciones vulnerables. Estados Unidos trabaja para fortalecer la implementación gubernamental de las reformas políticas que incrementan la inclusión democrática y la competencia entre los partidos políticos.
La asistencia de Estados Unidos fortalece la habilidad de Colombia para ejercer sus leyes en forma efectiva y extender el acceso a la justicia. A través de la asistencia que se centra en el mejoramiento de la seguridad, la protección de los derechos humanos, y la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos ayuda a fortalecer el respeto por el Estado de Derecho, a mejorar la habilidad del país para proteger los derechos humanos y a llevar la gobernabilidad democrática hacia las áreas de conflicto recién estabilizadas.
Tercera parte
Para fomentar la democracia a través de una reforma política, la asistencia técnica que Estados Unidos presta a los partidos políticos juega un papel clave en la modernización de las estructuras internas de los partidos, mejorando la responsabilidad y la transparencia de las actividades de los partidos y contribuyendo a conseguir partidos políticos más representativos. Los programas del gobierno de Estados Unidos promueven el respeto por el Estado de Derecho y la transparencia en el sistema de justicia penal. Estos programas se han centrado en el diseño e inicio de un nuevo sistema penal oral acusatorio, que implementa el código de procedimiento penal de 2004, fortaleciendo la administración de los tribunales y mejorando el acceso de las comunidades vulnerables a la justicia. A través de la asistencia que Estados Unidos le presta al nuevo sistema penal acusatorio, ahora los casos son resueltos en cuestión de meses en vez de años, desde el momento del arresto hasta la condena, y el índice de condenas incrementó de menos del tres por ciento, a más del 60 por ciento.
Para manejar los continuos retos relacionados con los abusos generados contra los derechos humanos, Estados Unidos financia el Sistema de Alerta Temprana (SAT), operado por la Defensoría del Pueblo. La financiación también apoya las oficinas regionales autorizadas de Alerta Temprana, que advierten a las instituciones del Estado sobre situaciones que podrían llevar a serios abusos de los derechos humanos. El sistema genera evaluaciones de riesgo y alertas que evitan, o mitigan, los abusos a los derechos humanos, ofreciendo a las autoridades civiles regionales y a las autoridades militares recomendaciones para evitar estas acciones. A través de un apoyo logístico dirigido a ocho estaciones regionales la policía, la ayuda de Estados Unidos ha fortalecido la atención de la Policía Nacional y su habilidad para respetar los derechos humanos. Con la financiación y el apoyo de Estados Unidos, el Programa de Protección del Ministro del Interior y de Justicia ha protegido a 9.444 personas en riesgo, ofreciendo muros blindados y puertas reforzadas para las oficinas de las ONG y los sindicatos, y entrenó a sindicalistas, periodistas, candidatos políticos y otros grupos vulnerables, en la toma de medidas preventivas de seguridad. Los recursos de Estados Unidos han ayudado a 10 comunidades en riesgo a adoptar planes de contingencia, entrenando a funcionarios locales y a la comunidad en estrategias de prevención y protección ofreciendo, además, asistencia sicológica.
Para facilitar la reintegración de los miembros desmovilizados de grupos paramilitares y de la guerrilla, Estados Unidos ofrece asistencia técnica para monitorear los procesos de desmovilización, las actividades de los desmovilizados, los programas de reintegración económica (incluyendo a 31 centros de referencia y oportunidad) y el fortalecimiento institucional del programa de reinserción del estado. El gobierno de Estados Unidos ofrece asistencia técnica al Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República para extender la presencia del Estado y la seguridad democrática en áreas con mínimo cubrimiento, y así mejorar la respuesta y la responsabilidad del gobierno hacia las necesidades de los ciudadanos. El gobierno de Estados Unidos trabaja para ayudar a mejorar la habilidad del gobierno para responder a las necesidades de los desplazados y ha venido financiando la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Cuarta Parte
Estado Unidos ayuda a fortalecer el papel de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos en distintas áreas, incluyendo la entrega de más de 30 donaciones a ONG para la defensoría legal, el monitoreo de los derechos humanos, el fortalecimiento institucional y la lucha contra la impunidad. La asistencia de Estados Unidos también ha apoyado a una red de la sociedad civil conformada por 10 ONG que ofrece asistencia jurídica y sicológica a cerca de 3.000 víctimas de abusos de derechos humanos.
Los recursos de Estados Unidos han respaldado organizaciones de la sociedad civil que promueven y protegen los derechos de la población afro-colombiana. El respaldo técnico que Estados Unidos ofrece a la Subdirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior y de Justicia y a la bancada afro-colombiana del Congreso, fortalece los esfuerzos para responder a las amenazas y retos que enfrentan las comunidades afro-colombianas. Estados Unidos también financia el programa Martin Luther King para ofrecer becas de inglés, asesoría educativa y entrenamiento en liderazgo a los estudiantes universitarios afro-colombianos.
Para tratar las serias inquietudes sobre la trata de personas, Estados Unidos respalda los programas de información pública contra la trata de personas y trabaja con la Organización Internacional para las Migraciones y ONG locales para mejorar los centros de llamadas para asistir y prevenir a las víctimas, y respaldar las campañas de sensibilización para el público.