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Informe de Derechos Humanos
Colombia
Colombia es una democracia constitucional multipartidista, con una población cercana a los 44 millones de habitantes. En mayo de 2006 Alvaro Uribe, candidato presidencial independiente, ganó la reelección en un proceso electoral considerado en general libre y justo. El conflicto armado interno que se prolonga ya desde hace 43 años continua existiendo entre el gobierno y las organizaciones terroristas, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Si bien las autoridades civiles han mantenido en general un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hay casos en los cuales elementos de dichas fuerzas de seguridad han violado la política del Estado.
Aunque prevalecieron algunos problemas graves, el gobierno continuó mejorando sus esfuerzos por respetar los derechos humanos, lo cual se reflejó en particular en el avance logrado en la implantación de la Ley de Justicia y Paz. Durante el año hubo informes sobre los siguientes problemas sociales y abuso de los derechos humanos por parte del gobierno: ajusticiamientos ilegales y extrajudiciales; desapariciones forzadas; colaboración de militares insubordinados con los nuevos grupos armados al margen de la ley y con los paramilitares que rehusaron desmovilizarse; tortura y maltrato de los detenidos; hacinamiento e inseguridad en las cárceles; detenciones arbitrarias; un elevado número de detenidos no procesados, algunos de quienes permanecieron encarcelados al lado de presos convictos; impunidad; un sistema judicial ineficiente sometido a la intimidación; hostigamiento e intimidación de periodistas; condiciones antihigiénicas en los asentamientos de los desplazados, con acceso limitado a la salud, la educación y el empleo; corrupción; hostigamiento de los grupos de derechos humanos; violencia contra la mujer, incluidas violaciones; maltrato y prostitución infantil; tráfico de mujeres y niños; discriminación social contra la mujer, los indígenas y las minorías; y trabajo infantil ilegal.
Las Farc y el ELN cometieron los siguientes abusos contra los derechos humanos: asesinatos políticos; asesinatos de miembros de la fuerza pública y de funcionarios locales fuera de servicio; secuestros y desapariciones forzadas; desplazamientos forzados en masa; subordinación e intimidación de jueces, fiscales y testigos; violación del derecho a la intimidad de los ciudadanos; restricciones a la libertad de circulación; reclutamiento generalizado de niños para la guerra; ataques contra los activistas de derechos humanos; y hostigamiento, intimidación y asesinatos de maestros y sindicalistas.
Los nuevos grupos armados al margen de la ley cometieron un sinnúmero de abusos contra los derechos humanos. Aunque el último bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizó en agosto de 2006, los miembros de las AUC que rehusaron a desmovilizarse, los que se desmovilizaron pero abandonaron posteriormente el proceso de paz, y otros grupos de delincuentes, continuaron en la mira de la acción de las fuerzas de seguridad del Estado. (Los nuevos grupos armados al margen de la ley, descritos también por el gobierno como nuevos grupos criminales, estuvieron conformados por paramilitares desmovilizados que regresaron a la violencia, paramilitares que nunca se desmovilizaron, delincuentes comunes y narcotraficantes dedicados a las actividades delictivas. Estos nuevos grupos carecían de la organización, el alcance y la capacidad militar de las antiguas AUC y centraron sus actividades principalmente en el tráfico de narcóticos y la extorsión, y no en la lucha contra las Farc o el ELN. Dadas las circunstancias, fue difícil en muchos casos determinar la responsabilidad por los abusos cometidos). La desmovilización de las AUC se tradujo en una disminución de los asesinatos y otros abusos contra los derechos humanos, pero los paramilitares que rehusaron a desmovilizarse y los nuevos grupos criminales cometieron un sinnúmero de hechos delictivos y abusos relacionados, entre ellos: asesinatos y secuestros políticos violencia física; desplazamiento forzado; subordinación e intimidación de jueces, fiscales y testigos; violación de los derechos a la intimidad de los ciudadanos; restricciones a la libertad de circulación; reclutamiento y utilización de niños en la guerra; y hostigamiento, intimidación y asesinato de trabajadores de los derechos humanos, periodistas, maestros y sindicalistas.
Las medidas tomadas por el gobierno para mejorar la situación de seguridad y derechos humanos se tradujeron en resultados palpables. Según las estadísticas oficiales, durante el año disminuyeron las masacres (34%) y los secuestros (29%). El proceso de la Ley de Justicia y Paz contribuyó a esclarecer más de 3.000 delitos y llevó a la exhumación de más de 1.196 cadáveres en 1.009 fosas comunes. Las investigaciones de la Corte Suprema y la Fiscalía con respecto a los vínculos entre los políticos y los grupos paramilitares implicaron a 52 congresistas, 11 gobernadores y 19 alcaldes, varios de los cuales se encontraban ya en prisión al finalizar el año.
RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
Sección 1. Respeto por la integridad de la persona, incluida la protección contra:
a. La privación de la vida de manera arbitraria o en situación ilegal.
Los asesinatos políticos y los cometidos en situaciones ilegales continuaron siendo un problema extremadamente grave y hubo informes periódicos sobre asesinatos extrajudiciales perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad como parte del conflicto armado interno (véase la sección 1.g.).
La guerrilla, principalmente las Farc y el ELN, cometió el delito de asesinato (véase la sección 1.g.).
Los miembros de los grupos paramilitares que rehusaron a desmovilizarse y los miembros de los nuevos grupos armados al margen de la ley, cometieron un sinnúmero de asesinatos políticos, principalmente en las zonas que se disputan con la guerrilla o donde no hay una presencia fuerte del Estado (véase la sección 1.g).
El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), fundado por sacerdotes jesuitas, una organización no gubernamental local que trabaja en pro de los derechos humanos, afirmó que los distintos actores del conflicto cometieron por lo menos 238 asesinatos políticos y en situaciones ilegales durante los primeros seis meses del año, 77 más de los reportados para el mismo período de 2006. Algunas ONG, como el Cinep, consideraron que los nuevos grupos armados al margen de la ley son una continuación de los grupos paramilitares y atribuyeron los informes sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por estos grupos directamente al gobierno. También incluyeron los asesinatos cometidos por estos grupos dentro de su definición de “asesinatos en situaciones ilegales”.
Según el Programa Presidencial para los Derechos Humanos, durante los primeros siete meses del año murieron 65 personas en 15 masacres (definidas como el asesinato de cuatro o más personas) cometidas por grupos armados al margen de la ley, lo cual representa una disminución del 44 por ciento con respecto al mismo período en 2006 (véase la sección 1.g.).
Algunos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, incluidos reclutas, suboficiales y oficiales, desobedecieron órdenes del Presidente y el alto manto militar para colaborar con las actividades de los nuevos grupos armados al margen de la ley, o de los paramilitares no desmovilizados, o las toleraron. Esa colaboración facilitó en ocasiones atentados contra la vida y pudo traducirse en una participación directa de los actos atroces de los paramilitares.
Algunos informes indicaron que hubo pactos tácitos de no agresión entre la oficialidad local y los paramilitares no desmovilizados, o los nuevos grupos armados al margen de la ley, en determinadas regiones como el oriente antioqueño, Chocó, Meta y Nariño, y señalaron que hubo miembros de las fuerzas de seguridad que colaboraron con los grupos delincuentes o buscaron su ayuda. La impunidad por las actuaciones de este personal militar siguió siendo un problema.
Si bien los juzgados civiles lograron avanzar en los procesos contra el personal militar, la impunidad de los militares que colaboraron con los paramilitares no desmovilizados, y los nuevos grupos armados al margen de la ley, continuó siendo un problema.
El 11 de mayo y el 4 de julio la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia sobre dos casos de complicidad entre los militares y los paramilitares. El Estado se acogió a las sentencias en ambos casos.
Conforme a la ley, las investigaciones por los asesinatos atribuidos a las fuerzas de seguridad estuvieron a cargo de las autoridades militares o civiles. Los tribunales civiles procesaron a varios militares acusados de violaciones de los derechos humanos. Las investigaciones sobre asesinatos cometidos en el pasado continuaron, aunque lentamente. Hubo un número significativo de condenas en casos de alto perfil contra personal militar, entre ellos los casos de las masacres de Santo Domingo (1998), La Gabarra (1999) y Arauca (2004).
Tanto los actores del gobierno como los grupos armados al margen de la ley utilizaron minas antipersonal. Los informes preliminares indicaron que las minas antipersonal, utilizadas principalmente por las Farc y el ELN, dejaron un saldo de 187 muertos y 687 heridos durante el año (véase la sección 1.g.). El gobierno manifestó su compromiso para eliminar los 29 campos minados bajo su control, en la medida en que la situación de seguridad lo permitiera.
b. Desapariciones
Se continuaron presentando desapariciones forzadas, muchas de ellas con motivos políticas. El Cinep informó sobre 31 víctimas de desaparición forzada durante los primeros seis meses, cifra correspondiente a una disminución del 58 por ciento en comparación con las 73 víctimas durante el mismo período en 2006.
Aunque el secuestro, tanto por razones económicas como políticas, continuó disminuyendo, no por ello dejó de ser un problema grave. De acuerdo con el Programa Presidencial para los Derechos Humanos hubo 289 casos de secuestro durante los primeros ocho meses del año, en comparación a los 476 durante el mismo período en 2006. El Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), un fondo del gobierno, reportó 393 casos de secuestro extorsivo durante los primeros nueve meses del año.
El Gaula (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) y otros elementos de las fuerzas de seguridad liberaron a 194 rehenes durante los primeros ocho meses del año. Sin embargo, Fondelibertad informó que al menos 18 víctimas de secuestro murieron en cautiverio durante los primeros nueve meses del año, en comparación con 20 durante 2006.
Las Farc, el ELN y también los nuevos grupos armados al margen de la ley continuaron con la práctica del secuestro. Hubo numerosos informes de víctimas de secuestro asesinadas por la guerrilla, incluidos los 11 miembros de la asamblea departamental del Valle del Cauca el 18 de junio (véase la sección 1.g.).
c. Tortura y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes
Aunque la ley prohíbe semejantes prácticas, se presentaron informes sobre maltrato y torturas de los detenidos por parte de la Policía, el Ejército y la Guardia Penitenciaria. Los casos de miembros del ejército y la policía acusados de tortura se adelantaron en juzgados civiles en lugar de tribunales militares. El Cinep afirmó que, a partir del mes de junio, hubo participación de las fuerzas de seguridad del Estado en 74 incidentes de tortura, los cuales aumentaron en un 46 por ciento en comparación con los primeros seis meses de 2006. El Cinep también informó que, durante los primeros seis meses del año, hubo 66 víctimas de tortura por parte de las fuerzas armadas. El 27 de junio las autoridades detuvieron a tres oficiales del Ejército por haber participado en la tortura de 27 soldados en Tolima.
El 9 de febrero tropas del Ejército y miembros de la Policía local al parecer detuvieron arbitrariamente y sometieron a maltratos a un indígena de nombre Nasa Jimio Vladimir Ascue, en Toribio, Cauca. Mientras permaneció retenido en el puesto de policía de la localidad sindicado de pertenecer a una de las milicias locales recibió una golpiza y, antes de ser puesto en libertad, tuvo que firmar una declaración en la cual afirmaba que no había sido maltratado. Al finalizar el año todavía no se había iniciado la investigación ordenada por la Fiscalía General de la Nación.
El 11 de marzo unos oficiales de la policía al parecer detuvieron y torturaron en Barrancabermeja, Santander, a Ariel Corzo Diaz, sindicalista local y funcionario de la Asamblea Nacional de la Unión Sindical Obrera (USO), y a Fredy Hidalgo, apoderado local de la misma organización. Al finalizar el año, la Fiscalía General de la Nación todavía no había abierto la investigación sobre el caso.
Según el Cinep, el 25 de junio en el municipio de Tulua, Valle, tropas de la Tercera Brigada del Ejército detuvieron arbitrariamente, violaron y maltrataron a los campesinos Viviana Herminia Mosquera, María Eugenia Mosquera, Alcibiades Granada Mosquera, Fair Granada, y Gerson Ladino Suarez, y luego los despojaron de sus bienes. La Fiscalía General de la Nación no abrió investigación sobre el caso.
El Cinep informó que a los paramilitares desmovilizados se les pueden atribuir al menos 28 de los casos de tortura registrados hasta el mes de junio. Por ejemplo, el Cinep afirmó que el 12 de abril presuntos paramilitares desmovilizados de las AUC torturaron y asesinaron a Uriel Henao, un campesino de La Dorada, Caldas.
Condiciones en las cárceles y los centros de reclusión
Con la excepción de las instalaciones nuevas, las condiciones en las cárceles fueron malas, en particular para los presos carentes de apoyo externo significativo. El Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) tiene a su cargo la dirección de las 141 cárceles nacionales del país y la inspección de las cárceles municipales.
El hacinamiento, la inseguridad, la corrupción y la escasez de presupuesto continuaron siendo problemas serios del sistema carcelario. Hasta el mes de septiembre había en las cárceles un total de más de 62.600 internos cuando la capacidad real es de menos de 52.600 presos. El hacinamiento superó el 66 por ciento en 11 de los centros. Muchos de los 8.881 guardias y funcionarios administrativos del Inpec estaban mal capacitados. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSSP), una organización no gubernamental, señaló una disminución constante de los niveles de corrupción en el sistema carcelario como consecuencuencia de mejores programas de capacitación, mayor supervisión y un sistema de rendición de cuentas más estricto para los guardias penitenciarios.
Las restricciones presupuestarias tuvieron un efecto adverso sobre las condiciones de las cárceles. En un informe publicado en octubre sobre la cárcel de Cómbita, la Procuraduría General de la Nación mencionó violaciones de las normas de salud tales como la falta de agua potable y una proliferación de insectos y roedores. El Inpec gastó $4.459 pesos diarios (US$2.23) en alimentación por cada interno. Los aportes de fuentes privadas continuaron siendo importantes para suplementar la alimentación de muchos internos. Según el CSPP la relación entre el número de pacientes y el personal médico en las cárceles fue de 315 pacientes por cada medico.
Según el Inpec, entre el primero de enero y el 31 de junio hubo siete muertes violentas entre los internos a causa de riñas y motines. Entre enero y julio se presentaron 11 motines en diversas instituciones penales. La Fiscalía continuó con sus investigaciones sobre supuestos casos de uso excesivo de la fuerza y trato brutal contra los internos por parte de algunos guardias penitenciarios. De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), durante el año no se produjeron sentencias contra guardias penitenciarios por uso excesivo de la fuerza.
Se recluyó junto con presos convictos a los detenidos no juzgados. No se detuvo a menores en los centros para adultos; sin embargo, en algunos casos, se permitió que las madres encarceladas tuvieran consigo a sus hijos menores de edad.
El gobierno autorizó a grupos locales e internacionales de derechos humanos a supervisar de manera independiente las condiciones carcelarias. Dicha función de supervisión se realizó durante el transcurso del año. Las Farc y el ELN insistieron en impedir acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los miembros de la Policía y del Ejército retenidos en calidad de rehenes.
d. Detención o arresto arbitrario
Aunque la ley prohibe la detención o el arresto arbitrario, hubo algunas denuncias sobre detenciones arbitrarias contra ciudadanos.
Papel de la policía y del aparato de seguridad del Estado
La Policía Nacional, bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa Nacional, es la encargada de hacer cumplir las leyes en el territorio nacional y comparte esta función con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. El Ejército compartió parte de la responsabilidad de hacer cumplir las leyes y mantener el orden público en el país. Por ejemplo, hubo algunas ocasiones en las cuales las unidades militares prestaron apoyo logístico y de seguridad para garantizar que los investigadores penales pudieran obtener pruebas en zonas de alto conflicto o difícil acceso. El Ejército también apoyó a la Policía Nacional principalmente mediante el establecimiento de perímetros de seguridad alrededor de los municipios de las zonas rurales. También hubo ocasiones en las que el Ejército prestó apoyo a la guardia penitenciaria. Durante el año, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía emitió órdenes de arresto precautelativo contra 50 miembros de las fuerzas armadas por violaciones de los derechos humanos o colaboración con los paramilitares. Sin embargo, hubo afirmaciones generalizadas sobre impunidad debido, en algunos casos, a la obstrucción de la justicia y la falta de recursos para la investigación, de protección para los testigos y los investigadores, y de coordinación entre las entidades oficiales. Durante el año, el Ministerio de Defensa Nacional relevó del mando a 59 oficiales y 223 suboficiales por ineficiencia, conducta antiética, corrupción, y sospecha razonable sobre posibles violaciones de los derechos humanos.
Arresto y detención
La policía realizó operativos de captura de sospechosos con órdenes de arresto emitidas por los fiscales con base en causas probables. Sin embargo, no se necesitan órdenes para aprehender a los delincuentes atrapados en flagrancia o en el acto de huir del lugar de los hechos. Los miembros de las fuerzas armadas procedieron a detener a miembros de grupos armados ilegales capturados en combate, pero se abstuvieron de ejecutar las órdenes de aprehensión por no estar autorizados para hacerlo. Esa labor les correspondió a los miembros de la Unidad Técnica de Investigaciones de la Fiscalía, quienes acompañaron a las unidades militares durante los operativos.
La ley exige a las autoridades del orden informar a los sospechosos acerca de las razones de su arresto y presentarlos ante un fiscal superior dentro de las primeras 36 horas de su detención. Los fiscales deben decidir con respecto a la legalidad de las detenciones antes de transcurridas 72 horas. Estas exigencias se cumplieron en la práctica. En el caso de la mayoría de los delitos graves, la detención previa a presentar formalmente los cargos no puede prolongarse por más de 180 días, transcurridos los cuales debe ponerse en libertad al sospechoso. En los casos de delitos considerados particularmente graves como el homicidio, el terrorismo o la rebelión, las autoridades tienen hasta 360 días para presentar formalmente los cargos. Existe la ley de habeas corpus para manejar casos de supuesta detención arbitraria.
Un nuevo código de procedimiento penal, aplicable en 19 departamentos, debía entrar en vigencia en los 11 departamentos restantes el primero de enero de 2008. En virtud del nuevo código, los sospechosos deben llevarse ante un juez dentro de las primeras 36 horas a fin de determinar la validez de la detención. Los cargos deben presentarse formalmente dentro de los 30 días siguientes y el juicio debe iniciarse dentro de los 90 días siguientes a la fecha inicial de la detención. Los delitos cometidos antes de la implantación de este nuevo código deberán juzgarse conforme al sistema anterior.
Si bien las personas sindicadas por delitos menores tienen la posibilidad de recurrir a la fianza, por lo general ésta no se aplica a los delitos graves como homicidio, rebelión o tráfico de estupefacientes. Los detenidos tienen derecho a acceso oportuno a los abogados de su preferencia, y la Defensoría de los Derechos Humanos brinda asistencia a través de defensores de oficio a los acusados indigentes.
Algunas ONG de derechos humanos importantes se quejaron de la detención arbitraria de centenares de personas, en particular, líderes sociales, trabajadores activistas y defensores de los derechos humanos. El Cinep informó que las fuerzas de seguridad del Estado detuvieron arbitrariamente a 187 personas durante los primeros seis meses del año, en comparación a las 223 durante el mismo período en 2006. Muchas de esas detenciones tuvieron lugar en las zonas de conflicto (en particular en los departamentos de Arauca, Cesar, Meta y Putumayo), donde se realizaban operaciones militares activas contra la insurgencia. A manera de ejemplo, el informe del Cinep hace referencia a lo siguiente:
• El 6 de enero, en Santa Rosa del Sur, Bolívar, tropas asignadas al Batallón Nueva Granada de la Quinta Brigada detuvieron arbitrariamente a Luis Alberto López en Mina Paraíso.
• El 15 de febrero, en el municipio de Lebrija, Santander, unos efectivos de la Policía Nacional, en compañía de civiles, detuvieron arbitrariamente a María Cardona Mejía, Wilson Ferrer Diaz, Carmen Teresa Palmarosa Bruges y Jeferson Orlando Corredor, miembros del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de la regional Santander cuando regresaban de una marcha en apoyo a los derechos humanos.
• El 12 de abril, en Arauquita, Arauca, tropas asignadas a la Quinta Brigada Móvil detuvieron arbitrariamente y transportaron en un helicóptero militar a tres campesinos de la localidad identificados como José Abelardo Sánchez, Helena Gómez y Francisco Antonio Gómez, junto con Einer Andrés Sánchez Gómez, un niño de 12 años.
El gobierno y varias ONG prominentes tuvieron desacuerdos frecuentes con respecto al significado del concepto “detención arbitraria”. Mientras el gobierno caracterizó las detenciones con base en el cumplimiento de los procedimientos legales, las ONG aplicaron otros criterios para definir la “detención arbitraria” en términos de los arrestos basados en pistas proporcionadas por informantes acerca de personas vinculadas a la actividad guerrillera, detenciones por parte de las fuerzas de seguridad sin orden judicial, detenciones basadas en la autoridad administrativa, detenciones efectuadas durante las operaciones militares, detenciones masivas, y detenciones de personas en “ejercicio de sus derechos fundamentales”.
Debido al problema de hacinamiento, hubo personas sentenciadas que tuvieron que permanecer en los puestos de policía durante períodos hasta de siete meses antes de ser trasladadas a la cárcel. Sin embargo, bajo el nuevo sistema penal acusatorio, las personas detenidas permanecieron en los puestos de policía durante un máximo de 36 horas antes de salir libres o de ser trasladadas a un centro de reclusión permanente.
Según el Inpec, después de agosto se retuvo en las cárceles de los puestos de policía, por lo general en condiciones de hacinamiento, a ocho personas a la espera de juicio y a 113 presos sentenciados. Fue difícil llevar la cuenta de todos los detenidos debido a que muchos comandantes militares y supervisores de las cárceles locales no llevaron los registros obligatorios o no siguieron los procedimientos de notificación. Las demoras de los juicios se debieron al gran número de detenidos, las limitaciones económicas o la falta de personal.
e. Privación de un juicio público justo
Si bien la ley contempla la independencia de la rama judicial, el sistema jurisdiccional se vio recargado, obstaculizado o afectado por la ineficiencia debida en buena parte a la subordinación e intimidación de jueces, fiscales y testigos, Ante esas circunstancias, la impunidad siguió siendo un problema serio. El Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) informó que los juzgados civiles tuvieron una carga significativa de casos pendientes, lo cual hizo que hubiera un gran número de detenidos a la espera de un juicio.
Las autoridades judiciales se vieron sometidas con frecuencia a amenazas y actos violentos. De acuerdo con la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Jurisdiccional y la Corporación de Solidaridad con los Jueces Colombianos, no se cometieron homicidios contra empleados de la rama judicial, aunque 63 recibieron amenazas de muerte. A diferencia del año anterior, los jueces y fiscales asignados a los municipios pequeños no tuvieron que despachar desde las capitales de los departamentos por motivos de seguridad. Aunque la Fiscalía estableció un programa de protección a testigos de procesos penales, quienes no se acogieron al programa continuaron siendo vulnerables a la intimidación y muchos se rehusaron a testificar.
El sistema de justicia civil está compuesto por cuatro jurisdicciones funcionales: civil, administrativa, constitucional y especial. La jurisdicción civil es la más grande y se ocupa de todos los procesos penales, civiles, laborales, agrarios y domésticos en los cuales no se encuentren involucrados miembros de las fuerzas militares. La Corte Suprema de Justicia es el más alto tribunal dentro de la jurisdicción y el último recurso de apelación.
La Corte Constitucional es la única autoridad judicial con poder para decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, los decretos presidenciales y las reformas a la Constitución. La Corte Constitucional también tiene autoridad para emitir dictámenes acerca de la constitucionalidad de los proyectos de ley sin sancionar, y tiene el poder discrecional para revisar las decisiones de los tribunales menores con respecto a las tutelas, las cuales cualquier ciudadano puede interponer ante cualquier juzgado en cualquier momento del proceso judicial.
A la jurisdicción especial del sistema de justicia civil pertenecen el programa de jueces de paz y la jurisdicción indígena. El CSJ tiene a su cargo la función administrativa y disciplinaria del sistema de justicia civil.
La Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura son entes judiciales supremos mutuamente iguales. En ocasiones libraron sentencias contradictorias y tuvieron desacuerdos con respecto a las responsabilidades de su jurisdicción.
El sistema de justicia militar consta de 44 tribunales militares y el Tribunal Militar Supremo, el cual actúa como tribunal de apelaciones para todos los casos juzgados en los tribunales militares. La Corte Suprema de Justicia es el segundo tribunal de apelaciones para los casos en los cuales se imponen penas superiores a seis o más años en prisión.
El sistema de justicia militar está en capacidad de investigar y procesar a personal militar y de policía en servicio activo por delitos “relacionados con los actos del servicio militar”. El código penal militar define específicamente la tortura, el genocidio, las masacres y las desapariciones forzadas como delitos no relacionados con el servicio militar. Se considera que las violaciones de cualquier tipo contra los derechos humanos no tienen relación alguna con el servicio militar y le competen al sistema de justicia civil. El código penal militar excluye específicamente a los civiles de la jurisdicción militar, y los juzgados civiles son los encargados de juzgar al personal militar y de policía retirado, aunque los tribunales militares tienen la responsabilidad de juzgar dicho personal por los actos relacionados con el servicio y cometidos con anterioridad al retiro. El código penal militar priva a los comandantes del poder de imponer la disciplina de la justicia militar a los subalternos y brinda protección legal a los miembros en servicio activo que se rehúsen a obedecer órdenes que se traduzcan en abusos contra los derechos humanos.
La Fiscalía General de la Nación tiene la responsabilidad de investigar y procesar los delitos penales. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, la cual comprende 15 regionales ubicadas en las capitales de 7 departamentos, se especializa en investigar delitos contra los derechos humanos. Los 45 fiscales especializados y los 62 fiscales asistentes manejaban un total de 4.122 casos al finalizar el año.
La Procuraduría General de la Nación se encarga de investigar las denuncias por mala conducta de los empleados oficiales, incluidos los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La Procuraduría General de la Nación remitió todos los casos de violaciones de los derechos humanos a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.
Hasta el mes de agosto, la Procuraduría General de la Nación había iniciado procesos disciplinarios contra 1.887 miembros de las fuerzas armadas por delitos contra los derechos humanos, los cuales había remitido en su totalidad a la Fiscalía para efectos de la investigación penal. Además, la Fiscalía presentó cargos contra 616 miembros de las fuerzas armadas. No se obtuvo información acerca del resultado de los procesos contra las personas condenadas durante el año.
Procedimientos procesales
El país continuó con el proceso de implantar el nuevo código de procedimiento penal acusatorio de tipo oral, el cual tendría que estar plenamente implantado en toda la nación el primero de enero de 2008. El código reemplazó el sistema napoleónico de indagatoria de tipo escrito en virtud del cual podía detenerse a una persona a la espera de una investigación, la cual implicaba la aceptación formal de la carga probatoria, sin lugar a un juicio real.
En virtud de este nuevo código, el fiscal presenta un cargo formal ante un juez y el acusado es notificado del cargo en su contra. Los juicios son públicos y se utilizan jurados. Los acusados tienen derecho a estar presentes y consultar con un abogado, a confrontar a los testigos y a presentar pruebas. Hay presunción de inocencia y el acusado tiene derecho de apelar la sentencia.
En el sistema de justicia militar, los jueces militares presiden las cortes marciales sin la presencia de jurados. Los abogados pueden representar al acusado y presentar testigos, pero la mayor parte de la determinación de los hechos tiene lugar durante la fase de indagatoria. Los jueces militares de primera instancia libran sentencia dentro de un plazo de ocho días a partir de la audiencia en corte marcial. En toda corte marcial debe haber presencia de representantes civiles de la Procuraduría General de la Nación.
El procedimiento penal al interior del sistema de justicia militar comprende elementos de los sistemas inquisitivo y acusatorio. Los acusados se consideran inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad y tienen derecho de consultar oportunamente a un abogado. Una sentencia de la Corte Constitucional prohíbe a los apoderados militares asumir funciones de defensores de oficio. Los acusados deben contratar apoderados de su propio pecunio o aceptar los abogados pagados por un fondo especial creado para los oficiales militares.
Las reformas al sistema de justicia militar se iniciaron en 2005 y continuaron durante el año. Su objetivo es establecer un cuerpo de investigación forense, hacer tránsito a un sistema acusatorio, y establecer un cuerpo de defensa militar.
Hubo casos de condenas en tribunales civiles de miembros de las fuerzas militares por violaciones a los derechos humanos cometidas anteriormente. Los siguientes son algunos ejemplos:
• El 15 de septiembre, la Corte Suprema derogó dos sentencias absolutorias a fin de condenar al mayor Luis Fernando Campuzano por permitir el libre acceso de los miembros de las AUC a La Gabarra, Norte de Santander, con la consecuencia de la matanza de 27 personas en 1999. La sentencia fue de 40 años en prisión.
• El 21 de septiembre, el juzgado 12 del circuito de Bogotá condenó a dos pilotos y un técnico a seis años de arresto domiciliario por homicidio sin premeditación. El juez dictaminó que un bombardeo acaecido en 1998, a consecuencia del cual murieron 17 personas en Santo Domingo, había sido un error involuntario por parte de los militares y ninguno de los tres condenados representaba una amenaza para la sociedad.
Presos y detenidos políticos
El gobierno afirmó no tener presos políticos. Algunos grupos de defensa de los derechos humanos calificaron de presos políticos a algunos individuos detenidos por cargos de rebelión o terrorismo. Para estos grupos, dicho acto constituyó una táctica de hostigamiento del gobierno en contra de los defensores de los derechos humanos. Durante el año hubo 2.298 presos acusados de rebelión o colaboración con la insurgencia. El gobierno permitió que el CICR tuviera acceso a dichos presos.
Procedimientos y recursos de la justicia civil
Los ciudadanos tienen derecho a presentar demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra cualquier agente o entidad del Estado por violaciones de los derechos humanos. Aunque se produjeron críticas por la lentitud del proceso, en general se consideró que el tribunal había sido imparcial y eficaz.
f. Interferencia arbitraria con la intimidad, la familia el hogar o la correspondencia
La ley prohíbe tales actos y si bien el gobierno respetó en general esa prohibición en la práctica, hubo algunas excepciones. Por ley, las autoridades del gobierno deben obtener una orden firmada por un fiscal superior para allanar una residencia sin el consentimiento del propietario, a menos que se sorprenda al sospechoso en el acto de huir, y el gobierno respetó dichas normas en términos generales.
Las autoridades del gobierno necesitan, en general, una orden judicial para interceptar correo o monitorear conversaciones telefónicas, incluso en las cárceles. Sin embargo, los cuerpos de inteligencia del Estado encargados de investigar a las organizaciones terroristas interceptaron conversaciones telefónicas sin autorización judicial en algunas ocasiones; las pruebas recabadas por ese medio no son válidas en los juicios.
El gobierno continuó utilizando una red de informantes civiles para identificar a los terroristas y sus simpatizantes. Algunos grupos nacionales e internacionales de derechos humanos criticaron la red por considerarla susceptible de abusos y una amenaza contra la intimidad y otras libertades civiles.
El 26 de junio, la Procuraduría General de la Nación General de la Nación sancionó a seis altos miembros de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIPOL), incluido a su director, por interceptar ilegalmente las conversaciones de paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí y de varios ciudadanos, entre ellos congresistas, empleados civiles, periodistas y miembros internacionales de las organizaciones no gubernamentales que habían contactado a los presos o habían participado en el proceso de paz. Como consecuencia se les pidió la renuncia a los generales Jorge Daniel Castro y Guillermo Chávez, directores de la Policía Nacional y la DIPOL, respectivamente. Otros 10 oficiales de ese mimso rango solicitaron su retiro.
Los nuevos grupos armados al margen de la ley, los paramilitares que rehusaron a desmovilizarse y los guerrilleros de las Farc y el ELN atentaron constantemente contra el derecho a la intimidad. Todos los grupos penetraron a la fuerza en residencias privadas, monitorearon comunicaciones privadas, cometieron actos de desplazamiento y reclutamiento forzado y abusaron de integrantes de las familias. Según las órdenes de las Farc, el Ejército irregular al cual pertenece un gran número de mujeres combatientes, está prohibido el embarazo entre las tropas.
g. Uso excesivo de la fuerza y otros abusos en conflictos internos
Continuó el conflicto armado interno que azota al país desde hace 43 años y en el cual están involucrados las fuerzas del Estado, dos grupos terroristas (las Farc y el ELN), y los nuevos grupos armados al margen de la ley. El conflicto y el tráfico de estupefacientes fueron causa fundamental de múltiples violaciones contra los derechos humanos.
Tras la desmovilización del último bloque de las AUC en agosto de 2006, el gobierno procedió a enfrentar militarmente a todos los grupos que no se hubieran desmovilizado y también a los nuevos grupos delictivos. El gobierno informó que durante el año desmovilizó a 155 miembros de las fuerzas paramilitares que se habían negado a desmovilizarse inicialmente, con lo cual el número total de desmovilizados aumentó a cerca de 34.000 desde el inicio del proceso en 2003. La Organización de Estados Americanos (OEA) continuó en su labor de verificar todas las etapas de desmovilización y reincorporación de los antiguos combatientes a la sociedad. En su décimo informe, la comisión de verificación de la OEA se refirió a “situaciones emergentes de posible rearme y la aparición de grupos armados que afirman ser la ‘nueva generación de paramilitares’”, quienes en algunos casos “reclutaban a antiguos combatientes paramilitares”. La OEA calculó la existencia de cerca de 20 grupos armados al margen de la ley o delictivos nuevos (con 3.000 miembros) operando en el país.
Asesinatos
Hubo presunta responsabilidad por parte de las fuerzas del gobierno en casos de asesinatos en situaciones ilegales. El Cinep reportó 128 asesinatos durante los primeros seis meses del año, a comparación de 92 durante el mismo período en 2006. Según la Fiscalía General de la Nación, se realizaron 170 investigaciones activas sobre asesinatos extrajudiciales ocurridos entre enero de 2001 y el 31 de 2007. Seis de esas investigaciones culminaron durante el año, con el resultado de nueve condenas (ocho contra personal militar y una con un miembro de la policía). La mayoría de los asesinatos investigados ocurrieron en los departamentos de Antioquia (71), Meta (32), y Norte de Santander (13), y el 86 por ciento ocurrió en zonas rurales. En un gran número de casos se señalaba la presunta implicación del Cuarto Batallón de Infantería, y las brigadas móviles 12 y 15. Se vinculó a seis coroneles, siete mayores y 15 capitanes a las investigaciones sobre las muertes de 388 víctimas (349 hombres, 39 mujeres), 40 de ellas menores de edad.
El 11 de julio se creó un comité de alto nivel en respuesta a una directiva del Ministerio de Defensa Nacional relativa a las matanzas extrajudiciales. El comité revisó los casos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (UNHCHR) y autorizó la visita de éste último a las siete divisiones del Ejército para revisar los casos con los comandantes de las unidades. El comité también desarrolló un plan de acción para acelerar el avance en estos casos y se dedicó a mejorar la comunicación y el intercambio de información con la Fiscalía. Gracias a sus esfuerzos, se trasladaron 600 casos de derechos humanos del sistema de justicia militar a la justicia civil. El trabajo del comité también dio lugar a órdenes según las cuales se instruía a los comandantes militares a privilegiar la desmovilización sobre las capturas y la captura sobre el ajusticiamiento, a fin de garantizar el desarrollo y la implantación de unas nuevas reglas de combate para el personal militar, y proporcionar ayuda y soporte logístico a los investigadores civiles.
Los siguientes son ejemplos de informes generados durante el año:
• El 27 de enero, tropas asignadas al Batallón Codazzi presuntamente abrieron fuego contra un camión dando muerte a Fabio Ramírez y dejando heridos a su esposa Alicia Aponte, y sus dos hijos menores, en Mateguadua, municipio de Florida, Valle.
• El 24 de mayo, las ONG informaron que miembros de la Décimotercera Brigada Móvil habían detenido y asesinado a Miguel Moran Acosta miembro de la comunidad indígena de la étnia awa. Según los oficiales militares Moran Acosta murió en combate.
Según el Cinep, las muertes extrajudiciales atribuidas al gobierno fueron una combinación de informes falsos sobre guerrilleros muertos en combate y casos de “limpieza social” (incluidos vagos, poblaciones homosexuales y otros “indeseables”. Entre los ejemplos de las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad citadas por el Cinep y el UNHCHR están los siguientes:
• El 29 de enero, miembros de la Décimosegunda Brigada Móvil detuvieron el vehículo en el cual viajaba Fidelino Mahecha Ramírez en el municipio de Vista Hermosa (Meta) y lo asesinaron. El Ejército reportó el incidente como la muerte de un guerrillero en combate y no hubo investigaciones ulteriores.
• El 8 de marzo, unidades de la Décimasegunda Brigada Móvil, dieron muerte en Granada, Meta, a Galician Aurelio Mancera, sobrino de Asael Mancera Campo, un soldado de esa misma brigada móvil. Los testigos presentaron una denuncia formal y la investigación por parte de la unidad de derechos humanos de la fiscalía de esa muerte como asesinato extrajudicial todavía estaba en curso al finalizar el año.
• El 5 de abril, miembros del Batallón Especial Energético y Vial asesinaron a John Freddy Márquez e hirieron a José Manuel Cañón en Barrancabermeja, Santander, por el cargo no especificado de “delincuente”, término utilizado algunas veces para referirse a la limpieza social.
Hubo progreso en algunos casos pero pocos cambios en otros.
• El asesinato de 10 personas en abril de 2006, perpetrado por presuntos miembros de la Décimasegunda Brigada en el corregimiento de Sanza, San Juan de Arama, Meta, y reportado por Amnistía Internacional, estaba todavía bajo investigación por parte del sistema de la justicia militar al finalizar el año.
• El 4 de mayo, el juez de circuito de El Santuario, Antioquia, sentenció a los soldados José Arlet Marín Serna, Luis Oscar Gil Montoya, y Davinson Andrés Gil Ciro, a una pena de entre 12 y 16 años de cárcel por la muerte de dos campesinos de San Luis, Antioquia en abril de 2006.
• Según el Cinep, en marzo de 2006 soldados de la Cuarta o Décimaséptima Brigada asesinaron a Nelly Johana Durango en San Jose de Apartadó, Antioquia. El Cinep sostuvo que los soldados la presentaron posteriormente como combatiente enemiga. No hubo progreso alguno al finalizar el año.
• En julio, la Procuraduría presentó cargos contra dos sargentos mayores y cinco soldados por su participación en la muerte de Edilberto Vásquez Cardona en enero de 2006. La investigación disciplinaria continuaba en pie al terminar el año.
• El 5 de marzo, el Consejo Superior de la Judicatura asignó a la Fiscalía el caso de la matanza, en enero de 2006, de cuatro personas en Montebello, Antioquia. De acuerdo con las denuncias, miembros del batallón Pedro Nel Ospina de la Cuarta Brigada ejecutaron sumariamente a las víctimas y después las presentaron como combatientes del enemigo. Al final del año todavía continuaba la investigación.
• En enero, la Fiscalía presentó cargos contra dos soldados de la Cuarta Brigada, Aisnel Gómez Loaiza y John Raúl Cano Galeano, por la muerte en 2005 de Frey Marcial Restrepo en San Francisco, Antioquia.
• Los estudios repetidos de balística y la falta de cooperación de los testigos frustraron el avance en el caso en el cual murió el líder comunitario de San José de Apartadó, Arlen Salas David, a consecuencia de una granada lanzada presuntamente por integrantes de la Décimoséptima brigada.
• El 2 de mayo, las autoridades acusaron a un oficial, 10 soldados y dos civiles por su participación en 2004 en la muerte del líder de los indígenas de etnia Kankuamos, Víctor Hugo Maestre Rodríguez. El caso continuaba en investigación al finalizar el año.
• El 31 de julio, se iniciaron las audiencias públicas en el juicio contra siete soldados del Batallón Antiterrorista Pijaos por su supuesta participación en el asesinato en 2004 de cinco personas en Cajamarca, Tolima. El juicio todavía continuaba al final del año.
• El 23 de agosto, un juzgado de Bogotá sentenció a cuatro soldados y un guía civil a 40 años de cárcel por la muerte en 2004, de tres sindicalistas cerca de Saravena, Arauca.
• El 9 de mayo, la Fiscalía dictó medida de aseguramiento preventivo contra el capitán Juan Carlos Rodríguez Agudelo, el Cabo Francisco Blanco Esteban, y Albeiro Pérez Duque por los cargos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y tortura agravada, como parte de su participación con las fuerzas paramilitares en la matanza de Jhon Jairo Iglesias Salazar, Araceli Londoño Varona, Ananías Mojica, y Jesús Antonio Céspedes Salgado (alias José Céspedes) en 2003 en Cajamarca, Tolima. El 15 de agosto, la Fiscalía dictó órdenes de detención contra otros tres soldados en ese mismo caso, el cual estaba todavía en investigación al finalizar el año.
En respuesta a la solicitud presentada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en junio de 2006, la Procuraduría General de la Nación investigó 37 supuestos asesinatos presentados como casos de enemigos muertos en combate e identificó posteriormente que 29 de esos casos habían sido ejecuciones extrajudiciales. De estos, el sistema de justicia militar investigaba un caso, el Consejo Superior de la Judicatura analizaba la jurisdicción para otro caso, y los 27 restantes estaban bajo investigación en la Fiscalía. Para septiembre la Fiscalía había dictado siete órdenes de aseguramiento preventivo en relación con dos de estos casos.
En septiembre de 2006, la Fiscalía detuvo al mayor del Ejército Jorge Alberto Mora Pineda, comandante de la unidad antisecuestro de Barranquilla, por su supuesta participación en una operación falsa de secuestro en agosto de 2006 en la que miembros de la unidad mataron a seis personas. La Fiscalía investigó a seis integrantes del Gaula y a un agente del DAS. El caso se encontraba en la fase preliminar del juicio al finalizar del año.
El 22 de febrero, el ex-soldado Miguel Angel Molina Delgado fue condenado y sentenciado a 43 años y 9 meses de cárcel por los cargos de homicidio y tráfico de armas en un caso acaecido en 2005 de una granada lanzada dentro de una vivienda con un saldo de un menor muerto y tres personas heridas.
El 12 de septiembre, la Fiscalía abrió la investigación contra el capitán Gabriel Bonilla González, subcomandante del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y los agentes Edwin Lugo Escalante y Pedro Cuadros Castañeda, por la muerte en 2005 de Jhonny Silva Aranguren durante una protesta en la Universidad del Valle.
El 23 de noviembre se produjo la detención del capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez por el cargo de homicidio en el caso de ocho civiles muertos en 2005 en San José de Apartadó, Antioquia. El 23 de febrero, la Fiscalía inició los interrogatorios de 69 miembros de la brigada en relación con la masacre. Al finalizar el año se había interrogado casi a la mitad de los miembros y la investigación continuaba en curso.
En septiembre de 2006, la Fiscalía detuvo a un oficial, un suboficial y cuatro soldados por la muerte en 2005 de Luis Orozco y Mario Pineda en Tierralta, Cordoba. El caso se encontraba en su fase preliminar y estaba pendiente al finalizar el año.
El 18 de septiembre, el juez de circuito de Marinilla condenó a un sargento mayor y a cuatro soldados de la Cuarta Brigada, Dairo Francisco Mendoza Torres, John Jairo Cuervo Rodríguez, Jonathan Ortíz Suaza, y Diego Leon Botero Murillo, por el asesinato de José Valencia Morales, desaparecido desde 2004.
El 3 de septiembre, el juzgado especializado del circuito de Arauca sentenció a Gustavo Adolfo Sastoque Murillo, oficial retirado de la policía, a 32 años de cárcel por los cargos de homicidio agravado, intento de homicidio y tortura en la muerte de dos individuos en Saravena, Arauca, en 2002. Desde 2002 se ha emitido condena contra tres oficiales en relación con este caso.
El 23 de enero, el juzgado del circuito 41 de Bogotá sentenció a Francisco Chalito Gualtero, oficial retirado del Ejército, a 29 años en prisión por el homicidio agravado en 1993 de cuatro campesinos en el municipio de Hacari, Norte de Santander.
En 2005, la Fiscalía dictó orden de aprehensión contra el sargento Sergio Salazar Soto por conspiración con los paramilitares para asesinar a 40 personas en Ciénaga, Magdalena, en 2000. El 18 de abril, la Fiscalía acusó a nueve sospechosos más, entre ellos cinco miembros de las fuerzas armadas, de participar en este caso, el cual continuaba al finalizar el año.
El 28 de noviembre, un juez exoneró al brigadier general Jaime Uscátegui y sentenció a Hernán Orozco, ex coronel del Ejército, a 40 años de prisión por la masacre ocurrida en 1997 en Mapiripán, en la cual murieron por lo menos 27 civiles. La Fiscalía apeló el veredicto de Uscátegui y el caso continuaba pendiente al finalizar el año.
En abril se acusó a Víctor Manuel Mejía Múnera, antiguo miembro de las AUC, de participar en 2004 en la masacre cometida por los paramilitares contra 11 campesinos en Tame, Arauca. En octubre, las autoridades capturaron a otros tres ex paramilitares. El juicio todavía no se había iniciado al final del año.
Los paramilitares no desmovilizados y los nuevos grupos armados al margen de la ley asesinaron a periodistas, políticos locales, activistas de derechos humanos, líderes indígenas, líderes de los trabajadores y a otras personas que amenazaban con interferir en sus actividades delictivas o que mostraban simpatía por la izquierda o eran sospechosas de colaborar con las Farc. También fueron los presuntos autores de masacres y matanzas de “limpieza social” contra prostitutas, homosexuales, drogadictos, vagos y pandilleros en los barrios en los cuales ejercían su control. Los nuevos grupos armados al margen de la ley, según el Cinep, asesinaron a 128 civiles entre enero y junio, un aumento del 52 por ciento en comparación con los 58 asesinatos en el mismo período de 2006.
El 31 de enero, unos atacantes desconocidos asesinaron en su casa de Montería, Córdoba, a Yolanda Izquierdo, activista de derechos humanos. La señora Izquierdo era líder de la Organización de Vivienda Popular, un grupo dedicado a ayudar a los desplazados a recuperar las tierras que les habían arrebatado los grupos paramilitares. El gobierno detuvo al supuesto victimario; dictó orden de aseguramiento contra Sor Teresa Gómez, sospechosa de ser la autora intelectual; y se dedicó a la búsqueda de otras personas que podrían vincular el crimen con líderes paramilitares desmovilizados presos en la cárcel de Itagüí.
No se conocieron avances, aunque tampoco se esperaban, en la investigación por la muerte en enero de 2006 de Freddy Abel Espitia, presidente del Comité de Desplazados de Cotorra en el Departamento de Córdoba.
En octubre de 2006, las autoridades acusaron y detuvieron a Hermen José Muñoz González alias ‘Diomedes’, sospechoso de pertenecer a grupos paramilitares, por el cargo de asesinar al líder afrocolombiano Orlando Valencia en 2005. Las autoridades también detuvieron, en septiembre de 2006, a Julio César Silva Borja alias ‘El Indio’, miembro de las AUC, y, en noviembre de 2006, a Pablo José Montalvo Cuitiva alias ‘Alfa 11’, sospechoso de ser el autor material. Los juicios todavía no se habían iniciado al finalizar el año. En octubre de 2006, la Fiscalía abrió también investigación sobre la supuesta participación de dos oficiales de la policía en el asesinato. El 12 de julio, las autoridades vincularon a otros dos miembros del bloque Elmer Cárdenas de las AUC con el asesinato, y el 13 de julio detuvieron a Horacio Restrepo Urrego en relación con el caso. Los juicios estaban pendientes al finalizar el año.
Continuaron los procesos contra nueve supuestos paramilitares por homicidio agravado y otros cargos en el caso de abuso y asesinato de 12 menores en 2005 en Buenaventura, Valle de Cauca.
En cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz, los paramilitares desmovilizados continuaron revelando la existencia de fosas comunes. La Fiscalía emprendió la labor de destapar dichas fosas y, al finalizar el año, había descubierto cerca de 1.196 cadáveres en 1.009 fosas comunes.
Los niveles de fuerza de los grupos guerrilleros continuaron descendiendo. Se calcula que cerca de 2.263 guerrilleros desertaron durante los primeros nueve meses del año. Adicionalmente, durante los primeros ocho meses del año se desmovilizaron 2.280 miembros de los grupos guerrilleros en comparación con un cálculo de 1.990 desmovilizados en 2006.
Las guerrillas de las Farc y del ELN asesinaron a periodistas, líderes religiosos, candidatos a cargos públicos, funcionarios y políticos locales elegidos, supuestos colaboradores de los paramilitares y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Las Farc con sus 9.500 miembros y el ELN con sus 2.000 miembros se unieron en muchas zonas del país para atacar a las fuerzas del gobierno y a los paramilitares desmovilizados; en otras zonas se atacaron mutuamente, especialmente en Arauca, Valle, Cauca, y Nariño. Varios tribunales acusaron al secretariado de las Farc, en ausencia, por cargos desde secuestro y terrorismo hasta homicidio agravado. Se condenó en ausencia a todo el secretariado de las Farc por la masacre de Billar, Caquetá, acaecida en 1998.
El Programa Presidencial para los Derechos Humanos informó que durante el año las Farc asesinaron al menos a 17 personas en tres masacres, mientras que otras 111 personas murieron en masacres cuyos autores materiales no habían sido identificados. Hubo varias masacres perpetradas por las Farc contra las fuerzas de seguridad del Estado. El Programa Presidencial para los Derechos Humanos informó que, entre enero y octubre, las Farc asesinaron a 65 miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que el ELN asesinó a cuatro.
Los siguientes son algunos de los incidentes representativos:
• El 21 de enero, en Buenaventura, Valle de Cauca, las Farc detonaron dos cargas explosivas al paso de una patrulla de la policía, asesinando a seis personas, entre ellas dos agentes de la policía e hiriendo a otras 14, entre ellas seis agentes de la policía.
• El 3 de marzo, miembros de los frentes 27 y 43 de las Farc atacaron a personal del Ejército en Guayabero, Meta, dejando un saldo de siete soldados muertos y cuatro heridos.
• El 14 de abril, en el Valle de Guamuez, Putumayo, miembros del frente 32 de las Farc detonaron un explosivo al paso de una patrulla de la Policía, dejando un saldo de tres agentes muertos y cuatro heridos.
• El 10 de mayo, en Tulua, Valle de Cauca, miembros de la columna Víctor Saavedra de las Farc atacaron a una patrulla del Ejército, dejando un saldo de 10 soldados muertos y 16 heridos.
• El 2 de septiembre, el CICR recuperó los cuerpos de 11 miembros de la asamblea departamental asesinados mientras estaban en cautiverio en poder de las Farc. Aunque las Farc afirmaron que los 11 rehenes murieron como consecuencia de fuego cruzado con las fuerzas de seguridad del Estado en el Departamento de Nariño el 18 de junio, las pruebas foresenses desarrolladas conjuntamente por una comisión internacional y la Fiscalía indicaron que habían sido ejecutados por las Farc.
Las Farc asesinaron a personas sospechosas de colaborar con las autoridades del Estado o los grupos paramilitares. De acuerdo con el sistema de registro del gobierno, las Farc asesinaron a 130 paramilitares desmovilizados durante el año.
El 7 de marzo, la Fiscalía detuvo a un miembro de la columna Teófilo Forero de las Farc por su participación en 2005 masacres en Campoalegre, Huila. Posteriormente vinculó a otras personas, cinco de las cuales fueron capturadas. Dos de los sospechosos fueron condenados y encarcelados.
Secuestros
Los nuevos grupos armados al margen de la ley, los paramilitares no desmovilizados y los terroristas de las Farc y el ELN continuaron tomando rehenes para pedir rescate. Las Farc y el ELN también secuestraron políticos, ciudadanos destacados y miembros de las fuerzas de seguridad para utilizarlos como peones para intercambio de prisioneros. La Organización Nacional Indígena (ONIC) afirmó que durante el mes de julio las Farc secuestraron a 12 indígenas.
Los nuevos grupos armados al margen de la ley secuestraron a varias personas sospechosas de colaborar con la guerrilla, y se presume que la mayoría están muertas.
La Fundación Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad) reportó que los miembros de los nuevos grupos armados al margen de la ley continuaron secuestrando, pero esas cifras no se diferenciaron de las correspondientes a los secuestros perpetrados por la delincuencia común, puesto que en las estadísticas oficiales los nuevos grupos armados al margen de la ley son considerados delincuentes. A la delincuencia común se le atribuyeron 244 secuestros (o 61 por ciento de todos los casos en los cuales se identificó a los secuestradores) durante el año.
Las Farc y el ELN secuestraron a un gran número de personas. Fondelibertad reportó que durante el año la guerrilla secuestró a 149 personas (38 por ciento de aquellos en los cuales se identificó a los responsables), las Farc 121, y el ELN 28.
El secuestro extorsivo continuó siendo una fuente importante de ingresos tanto para las Farc como para el ELN. Los rehenes políticos y de nacionalidad extranjera secuestrados años atrás continuaron en poder de las Farc:
• En 2003: los ciudadanos estadounidenses Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell. Aunque las Farc no entregaron pruebas de supervivencia de estos rehenes, las fuerzas militares confiscaron dichas pruebas durante una operación realizada en noviembre.
• En 2002: la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt; el ex senador Jorge Eduardo Gechem; el ex congresista Francisco Giraldo; el ex gobernador del Meta, Alan Jara; y los ex congresistas, Orlando Bernal, Luis Eladio Perez, Gloria Polanco y Consuelo González; y al menos cuatro personas de nacionalidad extranjera.
Cuando aparecieron los videos de las pruebas de supervivencia se desató un debate acerca de la posibilidad de intercambiar a los rehenes por miembros de las Farc encarcelados. En diciembre, el presidente Uribe aceptó crear una zona de encuentro para adelantar las negociaciones para el intercambio humanitario con las Farc. Las Farc rechazaron el ofrecimiento pero dijeron que liberarían unilateralmente a tres rehenes colombianos, aunque el intento inicial realizado al final del año no tuvo éxito.
Maltrato físico, castigo y tortura
De acuerdo con los informes preliminares presentados por el Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República (PAICMA), el saldo que dejaron 1.774 explosiones fue de 187 personas muertas y 687 heridas. De las víctimas, 154 fueron militares y 33 civiles. La Campaña Internacional para Prohibir las Minas antipersonal afirmó que las Farc continuaron siendo el usuario más grande de las minas y que el ELN también continuaba utilizándolas.
Niños soldados
La guerrilla reclutó a niños para la guerra. El Ministerio de Defensa Nacional calculó que 4.620 miembros de las Farc y 1.330 del ELN eran menores de edad y que la mayoría de los combatientes se habían vinculado a las filas de la guerrilla siendo niños. Human Rights Watch informó una cifra aproximada de 11.000 niños soldados y afirmó que el porcentaje tanto en las Farc como en el ELN había aumentado en comparación con el número de menores que pudieron haberse vinculado a los nuevos grupos criminales.
Otros abusos relacionados con el conflicto
La guerrilla no respetó ni a los heridos ni al personal médico. Tanto las Farc como el ELN ejecutaron con frecuencia a los prisioneros heridos, amenazaron y hostigaron a médicos y enfermeros, y asesinaron a enemigos heridos mientras recibían atención médica. El 28 de febrero, miembros del frente Tulio Varón de las Farc atacaron en Venadillo, Tolima, una ambulancia marcada de la Cruz Roja, hiriendo a la enfermera Maribel Sanabria.
Los nuevos grupos armados al margen de la ley también impidieron o limitaron el abastecimiento de alimentos y medicamentos en los pueblos y regiones considerados simpatizantes de la guerrilla, sometiendo las economías a unas presiones grandes e intensificando el desplazamiento forzado.
La guerrilla provocó el desplazamiento forzado de campesinos a fin de despejar las rutas clave de tránsito de drogas y armas y desalojar de las zonas estratégicas a los posibles colaboradores del gobierno o a los nuevos grupos armados al margen de la ley. La guerrilla también impuso bloqueos de hecho a los habitantes de las regiones donde ejercían una influencia importante. Por ejemplo, la ONIC reportó muchos incidentes en los cuales los grupos armados ilegales reclutaron a la fuerza a personas de las comunidades indígenas o las obligaron a colaborar, restringieron su libertad de movimiento y les impusieron bloqueos a sus comunidades.
Los paramilitares que rehusaron desmovilizarse y los nuevos grupos armados al margen de la ley continuaron desplazando a los habitantes civiles de los corredores cruciales de tránsito de drogas y de armas o sospechosos de colaborar con la guerrilla.
Sección 2. Respeto de las libertades civiles
a. Libertad de prensa y de expresión
La ley contempla la libertad de expresión y de prensa y, en general, el gobierno respetó estos derechos en la práctica.
Los medios independientes se mantuvieron activos y expresaron una amplia gama de puntos de vista sin restricción alguna. Varios periódicos y revistas independientes publicaron libremente y todos los medios impresos permanecieron en manos privadas. Las emisoras de radio y las estaciones de televisión privadas pudieron transmitir libremente.
En ocasiones hubo casos de hostigamiento, intimidación o violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad y funcionarios corruptos.
Los miembros de los grupos armados ilegales intimidaron, amenazaron, secuestraron y asesinaron periodistas. Las ONG tanto nacionales como internacionales denunciaron que los representantes de los medios locales debieron ejercer la autocensura con regularidad a causa de amenazas o actos violentos. Siete periodistas se exiliaron voluntariamente durante el año; todos estaban recibiendo protección bajo el programa de protección del Ministerio del Interior y Justicia, y el gobierno investigaba las amenazas. En octubre los periodistas Hollman Morris y Geovanny Alvarez Castro abandonaron el país como consecuencia de amenazas recibidas de actores ilegales armados. Adicionalmente, el periodista Gonzalo Guillén abandonó su casa en Bogotá después de recibir más de 20 amenazas de muerte.
De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se presentaron 85 amenazas de muerte contra los periodistas en comparación con 77 en 2006 (véase la sección 1.g.) El 10 de enero cayó asesinado en Istimina, Chocó el periodista y ex líder comunitario Elacio Murillo. El 12 de enero se produjo la captura de Franklin Díaz Mosquera, miembro del nuevo grupo ilegal Aguilas Negras, dedicado a actividades delictivas y al tráfico de narcóticos, por el cargo de homicidio en ese caso. La Policía creía que había otras personas implicadas y la investigación todavía continuaba al finalizar el año.
El Ministerio del Interior y Justicia operó un programa de $76.630 millones de pesos (US$39,5 millones) para brindar protección a 9.444 personas, incluyendo a 128 representantes de los medios (en comparación con 94 en 2006). El Ministerio también apoyó una red de alerta organizada por los periodistas proporcionándole de un número reducido de radios y una línea telefónica de emergencia.
Libertad en la Internet
El gobierno no impuso restricción alguna sobre el acceso a internet y tampoco hubo informes en el sentido de que el gobierno monitoreara los mensajes de correo electrónico o las salas de chat en Internet. Hubo libertad para expresar pacíficamente las opiniones a través de la Internet y de los mensajes de correo electrónico.
Libertad académica y eventos culturales
El gobierno no impuso restricción alguna sobre la libertad académica o las manifestaciones culturales. Sin embargo, la guerrilla mantuvo presencia en muchas instalaciones universitarias a fin de crear apoyo político para sus respectivas causas y socavar el apoyo para sus adversarios a través de medios tanto violentos como no violentos. Los nuevos grupos armados al margen de la ley, y las guerrillas de las Farc y el ELN amenazaron, desplazaron y asesinaron a educadores y sus familias por razones políticas y económicas. De acuerdo con la oficina de la Vicepresidencia, hubo varios ataques en los cuales murieron 26 educadores durante los primeros siete meses del año. Muchos educadores y estudiantes se vieron obligados a asumir un bajo perfil y evitar discutir temas polémicos a causa de las amenazas y el hostigamiento.
El Ministerio de Educación Nacional, conjuntamente con la Federación Colombiana de Educadores y el Programa Presidencial para los Derechos Humanos, operó un programa para los docentes en riesgo con 78 comités regionales a fin de investigar las amenazas concretas y, en algunos casos, reubicar a los educadores para que pudieran continuar cumpliendo con su labor docente. Desde 2004 se ha logrado reubicar con éxito a cerca de 15 educadores amenazados.
b.Libertad de reunión y manifestación pacífica
La ley prevé la libertad de reunión y manifestación pacífica y, en general, el gobierno respetó esos derechos. La libertad de asociación se vio limitada en la práctica por las amenazas y los actos de violencia de los grupos armados ilegales contra las ONG, los grupos indígenas y los sindicatos (véase la sección 1.g.).
Aunque el gobierno no prohíbe la afiliación a la mayoría de las organizaciones políticas, la participación en organizaciones privadas dedicadas a promover o cometer actos de violencia como las AUC, las Farc y el ELN se considera ilegal.
c.Libertad religiosa y de culto
La ley prevé libertad religiosa y de culto y, en general, el gobierno respetó este derecho en la práctica.
La Iglesia Católica Apostólica y Romana mantuvo una posición privilegiada de hecho. A fin de que las religiones no católicas puedan ejercer ministerio sobre sus congregaciones en instituciones públicas y celebrar matrimonios reconocidos por el Estado, se deben adherir a un convenio de derecho público establecido con el Estado desde 1997. Al decidir a este respecto, el gobierno toma en consideración el número total de miembros de la religión, su grado de aceptación dentro de la sociedad, además de otros factores pertinentes.
Abusos y discriminación social
Los nuevos grupos armados al margen de la ley y las guerrillas de las Farc y el ELN hostigaron, amenazaron y en ocasiones asesinaron a líderes y activistas religiosos, aunque generalmente por razones políticas y no religiosas (véase la sección 1.g). El Programa Presidencial para los Derechos Humanos informó que muchos sacerdotes y otros trabajadores religiosos recibieron un sinnúmero de amenazas de los grupos armados ilegales, en particular de las Farc.
El número de miembros de la comunidad judía se calculó en 4.000. Hubo un mayor número de informes de antisemitismo, entre ellos grafitos pintados en las paredes exteriores de las sinagogas y manifestaciones en panfletos publicados por pequeñas organizaciones antisemíticas.
Para un análisis más detallado, véase el Informe anual sobre la libertad religiosa y de culto internacional 2007.
d.Libertad de circulación, desplazados, protección para los refugiados y personas sin Estado
La ley prevé la libertad de circular por todo el territorio nacional, la libertad de viajar al exterior, de emigrar y de repatriarse. Si bien el gobierno respetó en general estos derechos en la práctica, hubo excepciones. Las operaciones militares y la ocupación de determinadas zonas rurales restrigieron la libertad de circulación en las zonas de conflicto.
Los nuevos grupos armados al margen de la ley, los paramilitares que rehusaron desmovilizarse y las guerrillas de las Farc y el ELN continuaron montando retenes ilegales en las carreteras rurales, pero la fuerte presencia del Estado en las principales carreteras del país contribuyó a reducir el número de secuestros.
En febrero, miembros de las Farc detuvieron a ocho buses en Hormiga, Putumayo, y bloquearon la carretera de Orito. También detuvieron tres vehículos en Tibú, Norte de Santander, tras bloquear las vías rurales de acceso.
La ley prohíbe el exilio forzoso y el gobierno no incurrió en él. Sin embargo, muchas personas recurrieron al exilio autoimpuesto a causa de amenazas de los nuevos grupos armados al margen de la ley y las guerrillas de las Farc y el ELN.
Desplazados
El conflicto armado interno fue la causa principal del desplazamiento. Los cálculos sobre el número de desplazados variaron. Durante los primeros nueve meses del año, Acción Social (conocida anteriormente como la Red de Solidaridad Social), la entidad encargada del bienestar interno y la coordinación foránea, registró 140.183 casos nuevos de desplazamiento en comparación con 110.302 en 2006. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamietno (CODHES) estimó en 305.000 el número de personas desplazadas durante el año, lo cual representa un aumento del 27 por ciento sobre el cálculo de la misma ONG para 2006. Hubo diferencia en las estadísticas porque el gobierno contabilizó a los nuevos desplazados a quienes se les había aceptado su solicitud de reconocimiento, mientras que CODHES calculó a los nuevos desplazados con base en la información de los medios, la sociedad civil y algunos trabajos de campo. CODHES incluyó además entre los desplazados a un número indeterminado de productores de coca y amapola quienes migraron como consecuencia de los esfuerzos de erradicación adelantados por el Estado. Sin embargo, en septiembre, el CICR pronosticó un aumento del 8 por ciento en el número de desplazados a quienes brindaría asistencia durante el año, principalmente debido a un incremento constante del número de desplazamientos individuales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) calculó en más de tres millones el número de ciudadanos desplazados en un momento determinado durante los últimos 15 años. La mayoría de los desplazados fueron campesinos obligados a migrar a las ciudades.
Las Farc y el ELN continuaron utilizando la fuerza, la intimidación y la desinformación para disuadir a los desplazados de registrarse ante el Estado. Hubo infiltraciones frecuentes de los agentes de la guerrilla en las comunidades en las cuales se acogió a los desplazados.
La Acnur informó que fue difícil calcular el número de desplazados de las comunidades indígenas o afrocolombianas debido al aislamiento geográfico, al desplazamiento dentro de los territorios tradicionales y su tendencia a solicitar ayuda a las comunidades o las organizaciones locales en lugar del gobierno. La ONIC reportó una cifra de 7.190 indígenas desplazados durante el año. Durante los primeros nueve meses del año, el gobierno registró a 3.754 nuevos desplazados quienes se identificaron como indígenas. CODHES calculó que un 12 por ciento de la población desplazada durante el año correspondió a personas de ascendencia afrocolombiana. Los nuevos grupos armados al margen de la ley y las guerrillas de las Farc y el ELN continuaron recurriendo al desplazamiento forzado para conseguir el control sobre territorio estratégico o económicamente valioso, debilitar la base de apoyo de sus oponentes, y socavar el control y la autoridad del gobierno.
Las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria y las ONG observaron un descenso de la tasa de desplazamientos masivos (desplazamientos de 50 personas o más en un mismo momento). El CICR debió prestar ayuda a un 25 por ciento menos de víctimas de desplazamientos masivos. Estas organizaciones señalaron que, si bien la respuesta de emergencia a dichos desplazamientos masivos fue en general oportuna y adecuada, la asistencia en los casos de desplazamientos individuales o de grupos pequeños por lo general tardó varios días o semanas. Además, debido a la intensidad de la lucha en las zonas de conflicto, incluidas zonas de los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Antioquia, Choco, y Norte de Santander, las organizaciones nacionales e internacionales muchas veces no tuvieron acceso a muchas poblaciones de nuevos desplazados.
CODHES informó que Nariño, hogar de muchos afrocolombianos e indígenas, fue “el departamento más afectado por los desplazamientos forzosos”. Por ejemplo, en el mes de marzo la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas informó que más de 9.000 personas tuvieron que huir de unos 28 caseríos hacia las zonas costeras de El Charco y La Tola en Nariño, a causa de las incursiones de las Farc y los enfrentamientos con las fuerzas armadas, además de la presencia de la Organización Nueva Generación, un grupo ilegal emergente. Las ofensivas de las Farc produjeron desplazamientos adicionales en Nariño en lo corrido del año. Por ejemplo, en septiembre, las incursiones de las Farc provocaron el desplazamiento de más de 1.000 indígenas de la étnica Awa hacia Inda Sabaleta, cerca a Tumaco.
La OCHA informó acerca de varios desplazamientos en masa de otros departamentos durante todo el año. En abril en el departamento de Arauca más de 700 personas, muchas de ellas pertenecientes a la comunidad indígena de los Guaibos, se desplazaron hacia el municipio de Tame, cerca a la frontera con Venezuela, a causa de las amenazas tanto de las Farc y el ELN como de los nuevos grupos armados al margen de la ley, según informes de la OCHA y el CICR. En mayo, los enfrentamientos entre los militares y las Farc y el ELN causaron el desplazamiento de casi 400 personas en el departamento del Cauca. En julio, una serie de amenazas de las Farc llevaron al desplazamiento de cerca de 400 afrocolombianos en Condoto, Chocó. En los primeros nueve meses del año, el CICR y la OCHA informaron sobre varios desplazamientos masivos en Urrao, San Francisco, y Sonsón en el departamento de Antioquia.
Además del desplazamiento de la población residente, al menos seis líderes de organizaciones de desplazados fueron asesinados durante los primeros nueve meses del año. Los informes de prensa indicaron que la mayoría de ellos buscaban la reparación o la devolución de las tierras que los grupos paramilitares les habían arrebatado por la fuerza.
La ayuda del gobierno para los desplazados aumentó durante el año en más del 10 por ciento, hasta una cifra cercana a los $950.000 millones de pesos (US$500 millones). La ayuda se entregó a través de Acción Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Protección Social y otros ministerios y organismos oficiales.
A pesar de varias iniciativas para mejorar el acceso de los desplazados a los servicios y al conocimiento de sus derechos, muchos continuaron viviendo en condiciones precarias de salubridad con acceso limitado a los servicios de salud, educación o empleo. Además, varias organizaciones internacionales y grupos nacionales sin ánimo de lucro como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el CICR, la Cruz Roja Colombiana y la Iglesia Católica unieron sus esfuerzos a los del Estado para brindar ayuda de emergencia (en los primeros 90 días) y asistencia a largo plazo a las poblaciones desplazadas.
Protección de los refugiados
La ley reconoce el derecho de asilo o la concesión de la condición de refugiado conforme a la Convención de 1951 de las Naciones Unidas relativa a la Condición de Refugiados y su protocolo de 1967, y el Estado estableció un sistema para proveer ayuda a los refugiados. En la práctica, el Estado otorgó protección contra la expulsión, o la devolución de las personas a un país donde hubiere razón para creer que podrían ser perseguidas. El Estado cooperó con ACNUR y otras organizaciones humanitarias para ayudar a los refugiados y a quienes solicitaron asilo. El Estado se reservó el derecho de determinar la elegibilidad para asilo con base en su propia evaluación de la naturaleza de la solicitud de cada peticionario. De acuerdo con el gobierno, en el mes de septiembre residían en el país 145 refugiados reconocidos y durante el año se aprobaron dos solicitudes y se rechazaron 11.
Sección 3. Respeto por los derechos políticos: derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno
La ley reconoce el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno por la vía pacífica, y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica a través de elecciones periódicas, libres y justas realizadas sobre la base de un sufragio casi universal. Los miembros en servicio activo de las fuerzas armadas y de la policía no pueden votar ni participar en el proceso político. Aunque los funcionarios públicos civiles pueden votar, solamente pueden hacer activismo político durante los cuatro meses inmediatamente anteriores a unas elecciones nacionales.
Elecciones y participación en la política
En mayo de 2006, el candidato independiente Álvaro Uribe ganó las elecciones para un segundo período en un proceso electoral considerado libre y justo en términos generales, pese a la campaña concertada por las Farc y el ELN para perturbar o manipular el resultado. La misión de observadores de la OEA afirmó que las elecciones tuvieron lugar “en una atmósfera de libertad, transparencia y normalidad”.
El 28 de octubre tuvieron lugar las elecciones de gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales y consejos municipales. Según el jefe de la misión electoral de la OEA, las elecciones procedieron sin tropiezos. Durante el periodo previo a las elecciones murieron asesinados 25 candidatos. La cifra fue significativamente menor a la de años anteriores, en parte debido a unas mejores condiciones de seguridad.
Los partidos políticos pudieron operar sin restricciones ni interferencia externa. Los partidos Liberal y Conservador habían dominado previamente la política. Con la reelección del presidente Uribe como candidato independiente en 2006 y la segunda votación para el candidato presidencial del Polo Democrático, Carlos Gaviria, se puso en manifiesto una expansión de la escena política. Más de 20 partidos de todo el espectro político estuvieron representados en el Congreso.
Los nuevos grupos armados al margen de la ley, los paramilitares no desmovilizados y las Farc amenazaron y asesinaron a funcionarios del gobierno (véase la sección 1.g.). Según la Federación Nacional de Concejos (Fenacon), 16 concejales murieron asesinados durante el año en comparación con 23 en 2006. Fenacon atribuyó a las Farc el 50 por ciento de los ataques contra los concejales.
Un sinnúmero de funcionarios oficiales de todo el país se vio obligado a renunciar a causa de amenazas de las Farc. El Ministerio del Interior y Justicia brindó protección a 330 alcaldes, un ex alcalde y 1.945 concejales durante el año.
Por ley, las mujeres deben ocupar al menos el 30 por ciento de los cargos oficiales de nombramiento y el gobierno debe presentar todos los años un informe al Congreso acerca del porcentaje de mujeres en cargos públicos de alto nivel. De los 102 miembros del Senado, 13 eran mujeres, entre ellas su presidenta, y de los 166 representantes, 17 eran mujeres. De los 13 miembros del gabinete, 5 eran mujeres y de los 23 magistrados de la Corte suprema, dos eran mujeres.
Dos senadores y un representante de origen indígena ocuparon curules reservadas para miembros de las comunidades indígenas. No hubo indígenas en el gabinete y tampoco en ninguna de las altas cortes de la nación.
Hubo dos senadores y siete representantes afrocolombianos, dos de los cuales ocuparon curules reservadas para las comunidades afrocolombianas. Hubo un ministro del gabinete de origen afrocolombiano pero ningún miembro de dicha comunidad en las altas cortes.
Corrupción y transparencia del gobierno
La ley prevé castigos de naturaleza penal para la corrupción oficial y el gobierno procesó activamente los casos de corrupción; sin embargo, hubo algunos casos de impunidad. Los indicadores mundiales de gobernabilidad del Banco Mundial reflejaron el problema de la corrupción, y los ingresos por narcotráfico contribuyeron a agravar la situación.
En enero, la Fiscalía presentó cargos contra dos trabajadores de la gobernación de la Guajira por defraudar al gobierno en más de $300 millones de pesos (US$150.000) al hacer ajustes ilegales a las pensiones.
El proceso de la Ley de Justicia y Paz continuó sacando a la superficie la corrupción y los vínculos con los paramilitares al interior del gobierno y de las fuerzas de seguridad, y el presidente Uribe instó a la Corte Suprema a castigar a los funcionarios públicos hallados culpables. La Presidencia continuó aportando fondos para la unidad investigativa de la Corte Suprema encargada de investigar a los miembros del Congreso y del alto gobierno.
Las investigaciones de la Corte Suprema y la Fiscalía acerca de los vínculos entre los políticos y los grupos paramilitares implicaron a 52 congresistas, 11 gobernadores y 19 alcaldes. Al finalizar el año se encontraban ya encarcelados 18 congresistas, 14 alcaldes y dos gobernadores. El 19 de diciembre, Eric Morris se convirtió en el primer congresista condenado por vínculos con los paramilitares y fue sentenciado a seis años de cárcel y a pagar una multa de $960 millones de pesos (US$480.000).
En enero de 2006, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Edilberto Castro Rincón, gobernador del departamento del Meta, por utilizar fondos públicos para su beneficio electoral. Según los investigadores, Rincón firmó contratos por el 28 por ciento del presupuesto del departamento en menos de un mes antes de las elecciones. La Procuraduría General de la Nación realizó siete investigaciones distintas alrededor del caso de Rincón, las cuales terminaron en la imputación de cargos en su contra.
En diciembre de 2006, un tribunal de apelaciones ordenó el arresto domiciliario del alcalde de Barranquilla Guillermo Hoenigsberg como parte de un proceso penal por sobrecostos en la remodelación de las instalaciones de la Alcaldía. Hoenisgsberg continuó bajo investigación por peculado y fraude en contrato público.
En diciembre de 2006, la Fiscalía levantó cargos contra el alcalde de Cali, Apolinar Salcedo, por recibir comisiones por contratos públicos y le prohibió ejercer cargos oficiales durante 16 años. En mayo, la Procuraduría General de la Nación acusó a Salcedo de corrupción pero redujo el período de inelegibilidad de 16 a 14 años. Salcedo apeló su caso y la decisión todavía estaba pendiente al finalizar el año.
Por ley, los funcionaros públicos deben presentar una declaración anual de sus finanzas.
La ley dispone el acceso del público a la información del Estado y, en general, el Estado otorgó dicho acceso en la práctica. Aunque no hay cobros onerosos que impidan el acceso a la información oficial, hubo informes en el sentido de que algunos funcionarios de bajo nivel insistieron en pedir sobornos para agilizar el acceso a la información.
Sección 4. Actitud del gobierno frente a la investigación de organismos internacionales y no gubernamentales con respecto a supuestas violaciones de los derechos humanos
En general, una amplia gama de grupos nacionales e internacionales de derechos humanos pudieron operar en el país sin restricciones del gobierno para investigar y publicar sus hallazgos con respecto a los casos de violación de los derechos humanos. Aunque en general los funcionarios oficiales cooperaron y respondieron a las opiniones de las ONG, éstas afirmaron que las críticas de los funcionarios de alto nivel y del propio presidente Uribe las pusieron en la mira de las represalias de los grupos armados ilegales. En junio, Human Rights First expresó su preocupación con relación a la investigación que adelantaba un fiscal contra Iván Cepeda, director de una organización marco de derechos humanos, acusado de difamación y calumnia por exigir la renuncia de un alcalde. Cepeda y su familia recibieron numerosas amenazas de muerte. Muchas ONG nacionales también afirmaron que el Estado detuvo y arrestó arbitrariamente a activistas de derechos humanos, en particular en las zonas de alto conflicto.
Si bien el gobierno del presidente Uribe mantuvo un diálogo abierto con las ONG y se reunió con ellas en varias ocasiones durante el año, las ONG se quejaron de la dificultad para concertar reuniones con los funcionarios del gobierno o recibir respuesta oportuna a su correspondencia.
Había varias miles de ONG de derechos humanos y de la sociedad civil registradas en el país, aunque la mayoría existían solamente en papel. Las ONG locales de derechos humanos ejercieron una influencia de gran alcance. Al intercambiar información entre ellas y divulgarla a las organizaciones internacionales de derechos humanos y los medios, elevaron el perfil de esta problemática en el país y contribuyeron a hacer de este tema un centro importante de atención a nivel internacional.
Hubo diferencias entre el Estado y destacados grupos locales de derechos humanos con respecto a la evaluación y el análisis de la situación de los derechos humanos, lo cual creó un ambiente de suspicacia mutua. El gobierno afirmó que algunos activistas de derechos humanos realizaron actividades tendientes a favorecer el terrorismo (véase la sección 1.e.). Los grupos de derechos humanos solicitaron al gobierno retirar los delitos de difamación y calumnia del código penal y citaron los casos de Iván Cepeda y Príncipe Gabriel González Arango, como ejemplos de los intentos del gobierno por hostigar a los defensores de los derechos humanos. La Fiscalía apeló la declaratoria de inocencia de González Arango, quien permaneció bajo la protección del gobierno debido a las amenazas de los paramilitares derivadas de su juicio.
De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en el año cayeron asesinados cinco activistas de los derechos humanos. Esta ONG atribuyó algunos de los asesinatos a los paramilitares, pero desconocía si los asesinos se habían acogido al proceso de Justicia y Paz o se encontraban entre quienes habían rehusado desmovilizarse.
Varias ONG informaron haber recibido amenazas de los nuevos grupos armados al margen de la ley por la vía del correo electrónico. El UNHCHR expresó su preocupación por estas amenazas, el gobierno las condenó, y las investigaciones de la Fiscalía continuaban en curso al final del año.
Hubo varios informes de robos de computadoras y datos electrónicos de propiedad de los grupos de derechos humanos. El 2 de junio hubo un robo en las oficinas de Fellowship of Reconciliation. Los ladrones se llevaron tres computadoras de la ONG en la cual había información sobre las víctimas, pero no tocaron otros elementos valiosos como un televisor, dinero y pasaportes. El 14 de junio hubo un robo en las oficinas de la ONG Justa Paz. Los testigos y los celadores de la localidad vieron a dos hombres salir corriendo del edificio con una computadora. La Policía Nacional tiene una orden de captura asociada con el caso. El 21 de octubre, personas no identificadas penetraron en las oficinas del Consejo Evangélico de Colombia y sustrajeron tres computadoras. La investigación continuaba al finalizar el año.
El gobierno brindó protección a más de 537 activistas de los derechos humanos durante el año (véase la sección 2.a.) y ha blindado 94 oficinas de organizaciones no gubernamentales desde el año 2000.
Hubo cooperación del gobierno con las organizaciones internacionales. El ACNUR, la OIM, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el UNHCHR, y el CICR tuvieron presencia activa en el país y pudieron adelantar su trabajo sin interferencia del gobierno.
El gobierno continuó con sus reuniones con el UNHCHR, las ONG locales y los miembros del cuerpo diplomático para hablar de las medidas tomadas para cumplir con las recomendaciones de UNHCHR tendientes a mejorar las prácticas en el campo de los derechos humanos. Si bien reconocieron un avance con respecto a varias recomendaciones, el UNHCHR y las ONG locales informaron que, al finalizar el año, el gobierno todavía no había implantado totalmente algunas de ellas. En septiembre, el gobierno prorrogó a tres años el mandato del UNHCHR.
La Defensoría Nacional de los Derechos Humanos es un ente independiente, le reporta a la Procuraduría General de la Nación y tiene la responsabilidad de garantizar la promoción y el ejercicio de los derechos humanos. En general, hubo colaboración del Estado con la Defensoría, cuya oficina de Bogotá fue la sede de un sistema nacional de alerta temprana encaminada a dar aviso a las fuerzas de seguridad sobre violaciones inminentes de los derechos humanos, en particular sobre masacres de gran escala. La oficina adoleció de escasez de personal y de fondos, lo cual la limitó en su capacidad de monitorear eficazmente las violaciones de los derechos humanos. Los defensores regionales de los derechos humanos estuvieron bajo constante amenaza de los grupos armados ilegales.
El Programa Presidencial para los Derechos Humanos, el cual operó bajo la autoridad de la Vicepresidencia, coordina la política nacional sobre derechos humanos y las medidas tomadas por las entidades del Estado para promover o proteger esos mismos derechos. Es el principal interlocutor oficial de las ONG nacionales e internacionales. El programa publica la revista El Observador de los Derechos Humanos, la cual contiene análisis de los principales problemas y de la situación de los derechos humanos en diversas regiones del país.
Hay comisiones de derechos humanos tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Las comisiones sirven de foros de discusión de los asuntos relativos a los derechos humanos, pero no cuentan con la autoridad para redactar proyectos de ley.
Conforme a un decreto promulgado en septiembre de 2006 por el cual entraba en vigencia la Ley de Justicia y Paz, la Fiscalía comenzó a tomar declaraciones voluntarias a los paramilitares desmovilizados y a instar a las víctimas a participar en el proceso. El proceso de Justicia y Paz sirvió para esclarecer más de 3.000 delitos, lo cual llevó a la exhumación de 1.196 cadáveres en 1.009 fosas comunes. Las confesiones voluntarias también desencadenaron investigaciones sobre los vínculos de los políticos con las fuerzas paramilitares, entre ellos los de dos congresistas y un gobernador.
Aunque más de 89.000 víctimas proporcionaron información a los fiscales e investigadores de Justicia y Paz, la OEA señaló que hubo problemas en lograr que las víctimas participaran en el proceso. La OEA aclaró que las víctimas recibieron información errada acerca del proceso, que su vulnerabilidad a las amenazas, la intimidación y el homicidio eran notorios y que faltó coordinación en los esfuerzos del Estado. La Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación estableció oficinas en las ciudades de Sincelejo, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín. Las oficinas estaban conformadas por centrales de información para las víctimas, a quienes ayudaron a recibir asistencia legal y apoyo psicológico. La Fiscalía creó una línea telefónica dedicada con servicio las 24 horas a fin de facilitar el acceso a las víctimas residentes en zonas remotas del país. El 18 de septiembre, el Ministerio del Interior y Justicia expidió un decreto mediante el cual creaba un programa integrado para la protección de cerca de 70.000 víctimas que habían denunciado los delitos de los paramilitares o que buscaban reparación bajo la Ley de Justicia y Paz.
Sección 5. Discriminación, abusos sociales y tráfico de personas
Aunque la ley prohíbe la discriminación por raza, género, discapacidad, lenguaje o situación social, muchas de estas prohibiciones no se cumplen en la práctica.
a. La mujer
El estupro, incluso cuando es cometido por el cónyuge, continuó siendo un problema serio pese a estar prohibido por la ley. La ley prevé sentencias que oscilan entre 8 y 15 años de cárcel por abuso sexual violento. Por actos de violencia sexual entre cónyuges, la ley ordena entre seis meses y dos años de cárcel sin lugar a fianza o libertad condicional para los infractores que desobedezcan la caución. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual informó sobre 14.299 casos de presuntos delitos sexuales, incluido el estupro, indicó que hubo muchos casos no reportados. Los nuevos grupos armados al margen de la ley y los guerrilleros incurrieron en delitos de violación, abuso sexual y mutilación sexual de mujeres y niños por fraternizar con el enemigo, trabajar en prostitución, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o infringir códigos impuestos de conducta o de vestir. El ICBF brindó apoyo psicosocial, médico y legal a las víctimas de violencia sexual.
Aunque prohibida por la ley, la violencia intrafamiliar, incluido el abuso por el cónyuge, continuó siendo un problema serio. Las autoridades judiciales pueden retirar al victimario del hogar y exigir que cumpla con un programa de terapia o reeducación. La ley prevé condena de prisión en caso de que el victimario provoque daños graves o que el maltrato sea repetitivo. Sin embargo, no se aplicaron disposiciones para pago de multas. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó sobre sobre cerca de 26.260 casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres durante los primeros siete meses del año, pero señaló que solamente llegó a su atención una pequeña proporción de los casos. La ley dispone que el gobierno brinde protección inmediata a las víctimas de la violencia intrafamiliar para evitar el maltrato físico y psicológico. El ICBF ofreció hogares de paso y asesoría a las víctimas, pero la magnitud del problema rebasó la capacidad de sus servicios. Además de cumplir con sus funciones tradicionales de asesoría familiar, la defensoría de familia del ICBF se encargó de manejar los casos de violencia intrafamiliar. La Defensoría de los Derechos Humanos realizó talleres regionales de capacitación para promover la aplicación de los estatutos sobre violencia intrafamiliar.
La prostitución de adultos es legal en “zonas de tolerancia” designadas pero fue difícil restringirla a dichas zonas y hacer cumplir las normas. La prostitución fue un fenómeno generalizado, agravado por la pobreza y el desplazamiento. Hubo turismo sexual en cierta medida, especialmente en las ciudades de la costa como Cartagena y Barranquilla, donde los servicios de matrimonio y citas se usaron frecuentemente como frentes para el turismo sexual. La ley prohíbe organizar o facilitar el turismo sexual y prevé penas de entre 3 y 8 años de cárcel. LA trata de personas para la explotación sexual continuó siendo un problema.
Una ley promulgada en 2006, aplicable a los sectores público y privado, dispone medidas para desalentar y penalizar el acoso sexual, el abuso verbal o la burla, la agresión y la disciminación en el trabajo. No obstante, el acoso sexual continúo siendo un problema generalizado.
Aunque las mujeres disfrutan de los mismos derechos legales que los hombres, la discriminación en su contra fue un fenómeno persistente. Las mujeres enfrentaron discriminación en la contratación laboral y un número desproporcionado de ellas sufre el efecto del desempleo o recibe salarios incompatibles en general con su nivel de educación y experiencia. Las trabajadoras de las zonas rurales sufrieron de discriminación salarial y desempleo.
La Consejería Presidencial para la Igualdad de la Mujer tiene como responsabilidad principal combatir la discriminación contra las mujeres. La Consejería dirigió un programa para ayudar a las mujeres microempresarias y cabezas de familia a obtener préstamos favorables para sus empresas. Durante el año, el gobierno otorgó 8.965 préstamos a mujeres por una cuantía de $16.700 millones de pesos (US$8.35 millones). Organizaciones no gubernamentales como la Organización Popular de Mujeres de Barrancabermeja, Santander y el Pacto de las Mujeres por la Paz de Medellín, Antioquia, promovieron la participación de las mujeres en iniciativas de igualdad, en particular a través de iniciativas de paz.
En enero de 2006, el Congreso creó el Observatorio para los Asuntos de Género a fin de monitorear y mejorar la igualdad de género, y promulgó una ley para combatir el acoso en el trabajo, incluido el acoso sexual. No se obtuvo información acerca de la eficacia de su labor.
En agosto de 2006, el gobierno publicó su Plan Nacional para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el cual comprende 116 medidas para combatir la violencia intrafamiliar, promover los derechos de la mujer una vez disuelto el matrimonio, y proteger a las mujeres en el sitio de trabajo.
b. La infancia
En general, el gobierno mantuvo su compromiso con los derechos y el bienestar de la infancia. El ICBF supervisa todos los programas de protección y bienestar y también proporciona fondos para los programas no gubernamentales en beneficio de la infancia.
El gobierno ofrece educación pública hasta los 18 años, la cual es universal, obligatoria y gratuita hasta los