Temas de interés bilateral
Apoyo a los derechos humanos y la democracia: Esfuerzos de Estados Unidos, 2004-2005Hemisferio Occidental
Colombia
Departamento de Estado de EE.UU.
Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo
Colombia
El respeto del Estado Colombiano por los derechos humanos ha mejorado, aunque continuaron algunos problemas graves.
Colombia, a pesar de ser una democracia constitucional y multipartidista, continuó viéndose afectada por un conflicto armado interno de 41 años entre el Estado y las organizaciones terroristas extranjeras, sobre todo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y ciertos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que no participaron en las negociaciones de desmovilización con el Estado. Mientras que, por lo general, las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que algunos elementos de las fuerzas de seguridad actuaron en violación a las políticas del Estado. Todos los actores en el conflicto armado cometieron violaciones contra los derechos humanos, la mayoría de las cuales fueron cometidas por los grupos armados al margen de la ley. Algunas de éstas incluyen matanzas políticas, masacres, desapariciones forzadas y desplazamiento interno forzado. Los métodos para enfrentar estas amenazas a través de la justicia ordinaria fueron complicados por la corrupción y un engorroso sistema judicial.
El número de muertes y secuestros disminuyó considerablemente como resultado de la fuerte ofensiva militar del Estado y las continuas negociaciones para la desmovilización con las AUC. Para abordar mejor estos temas y la escases de recursos, el Estado empezó a avanzar hacia un sistema penal acusatorio en enero de 2005, con la esperanza de fortalecer el poder del sistema judicial, incrementar la eficiencia en el manejo de los casos, eliminar la impunidad, y fortalecer el respeto de los derechos humanos.
La estrategia de Estados Unidos para los derechos humanos y la democracia en Colombia ataca las causas primordiales de las violaciones de los derechos humanos y del malestar social reformando la manera como esas violaciones son llevadas a la justicia, mientras continúa invirtiendo a corto plazo en asistencia humanitaria de emergencia. Los principales objetivos estratégicos incluyeron la promoción de la democracia y de la gobernabilidad, el apoyo a la reforma judicial y al imperio de la ley, el creciente acceso al sistema judicial, la protección de las poblaciones vulnerables y la promoción de las iniciativas de paz y la ayuda humanitaria.
En 2005, Estados Unidos respaldó por primera vez una evaluación básica e integral de los partidos políticos colombianos y realizó talleres para tratar los temas de la financiación de los partidos políticos. La asistencia técnica y la capacitación de Estados Unidos llevó a la realización de reformas en varios partidos políticos que pretendían atraer e incluir a más sectores con poca representación en la sociedad colombiana, tales como los de la mujer, la juventud y las minorías étnicas. En apoyo a las elecciones colombianas de 2006, Estados Unidos respaldó una capacitación para los partidos políticos y los electores sobre reforma electoral.
Estados Unidos apoyó los esfuerzos de Colombia en gobernabilidad local con el fin de mejorar la capacidad de los municipios de involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones locales, apoyando la efectiva y transparente administración. Como una manera de vincular la democracia con los gobiernos locales para atender las necesidades de la región, Estados Unidos ayudó a establecer 69 proyectos de infraestructura, todos ellos administrados por comités de veeduría ciudadana, los cuales establecieron las prioridades de los proyectos y supervisaron su administración y financiación. Se crearon alrededor de 87 de estos comités. La financiación de Estados Unidos también proporcionó capacitación a funcionarios públicos sobre control interno, ética pública, comunicaciones y gestión administrativa. Se capacitaron a varios grupos de veeduría para monitorear los proyectos de salud pública.
Como parte de un programa financiado por Estados Unidos, algunos periodistas recibieron protección junto a otros grupos vulnerables defensores de los derechos humanos. La financiación de Estados Unidos ayudó a respaldar la libertad de prensa a través de programas dirigidos a monitorear las violaciones contra los derechos humanos asociadas con periodistas.
La financiación de Estados Unidos apoyó en forma directa una serie de donaciones dirigidas a la sociedad civil para la implementación de las iniciativas de paz, incluyendo trabajos con grupos indígenas cuyas actividades se centraron en la resistencia pacífica del conflicto. Estados Unidos respaldó iniciativas que ayudaron a sacar adelante la aplicación de la justicia restaurativa a través del establecimiento de los centros de paz y restauración, y un programa académico que incluye temas de justicia restaurativa. El programa incluye a mil estudiantes universitarios, 75 profesores, 300 jóvenes en alto riesgo en las zonas urbanas y 2.600 familias rurales en áreas de conflicto.
A medida que las negociaciones se fueron desarrollando entre el gobierno y los grupos paramilitares, Estados Unidos presentó sus opiniones en el marco de la desmovilización, y asesoró en el fortalecimiento institucional para el Programa de Reincorporación del Ministerio del Interior. Para este programa, Estados Unidos ayudó a crear una base de datos integral para rastrear y monitorear a los desmovilizados, y ayudó a establecer los Centros de Referencia y Oportunidad, donde la población desmovilizada puede recibir asistencia. Estados Unidos también respaldó a la misión de la Organización de Estados Americanos, que monitoreó el cese de fuego y las condiciones de seguridad en las regiones con el mayor número de población desmovilizada.
Estados Unidos respaldó los esfuerzos de Colombia para corregir las debilidades de su sistema de justicia, diseñando y ayudando a implementar el nuevo código de procedimiento penal acusatorio de Colombia, que desde principios de 2005 empezó a reemplazar el engorroso sistema inquisitorio existente. Estados Unidos capacitó y entrenó a más de 12.000 jueces, defensores públicos, policías y expertos forenses en el nuevo sistema, ayudó a 35 universidades importantes a ajustar su currículo en las facultades de derecho, como corresponde, y apoyó a la rama judicial en sus esfuerzos para introducir paulatinamente las salas de audiencia y los espacios administrativos. Con la asistencia de Estados Unidos, el gobierno construyo 39 nuevas salas de justicia desde el comienzo de los programas de asistencia judicial estadounidenses.
Estados Unidos fortaleció la capacidad del gobierno para investigar y procesar los casos de derechos humanos, entrenando a los investigadores de la policía judicial, expertos forenses y entes acusadores de la Fiscalía Nacional y de las unidades locales de Derechos Humanos. Adicionalmente, Estados Unidos incremento el personal que analiza el DNA y el índice del sistema de base de datos combinado de DNA, actualizando los sistemas de identificación de balística, también fortaleció las imágenes forenses y los sistemas de análisis de documentos, mejorando la calidad del sistema de identificación de huellas automático e instalo una red sin cableado para la interconexión de agencias. En 2005, esta asistencia permitió que el Fiscal General realizara operaciones de envergadura contra las organizaciones criminales de la guerrilla y paramilitares, interponiendo cargos de homicidio, asalto, extorsión y tráfico de drogas.
Estados Unidos entrenó un total de 668 oficiales públicos en control interno, transparencia, ética, comunicaciones y manejo de procesos. Adicionalmente, el programa apoyó al Consejo Superior Nacional en el desarrollo de un control interno y uniforme que fuera modelo para todas las agencias colombianas. En mayo 20, 2005 un Decreto presidencial ordenó la utilización de éste modelo en todas las agencias gubernamentales a lo largo del país. Como resultado de estos programas, el mayor impacto de la asistencia de Estados Unidos en la responsabilidad gubernamental, fue la precisión del balance nacional de cuentas o Estado Financiero Nacional en el 2005. Por primera vez en diez años, el Contralor General lo calificó como un informe confiable y no reportó ningún error en la auditoría.
Estados Unidos ayudó a Colombia a establecer tres Casas de Justicia y Paz adicionales, para llegar a un total de 40. Ellas existen usualmente en lugares donde anteriormente había una presencia mínima del Gobierno. Estos centros de asistencia inmediata atendieron un promedio de 995,527 casos durante 2005 y realizaron más de 3.6 millones de peticiones desde que inició el programa en 1997. Adicionalmente, Estados Unidos colaboró en la certificación de 670 expertos en resolución de conflcitos y controversias, para un total de 1,718. Estados Unidos apoyó dos Centros de Referencia y Oportunidad en aéreas rurales de Colombia; estos centros, facilitan asesoría legal y servicios sociales a las poblaciones rurales marginadas y funcionan como casas de justicia.
Estados Unidos facilitó asistencia en protección a través del Ministro del Interior, a aquellos individuos amenazados por los grupos terroristas de la guerrilla y paramilitares. En 2005, alrededor de 917 personas recibieron protección, para un total de 4,618 desde mayo 2001. Adicionalmente, 18 oficinas mejoraron su seguridad interna, para un total de 114. Los beneficiarios del programa de protección, incluían a trabajadores de derechos humanos amenazados, lideres sindicalistas, periodistas, antiguos miembros del partido de la Unión Patriótica, ex alcaldes y ex miembros del Consejo Municipal. Estados Unidos continuo apoyando el sistema de prevención temprana (EWS) que opera bajo el auspicio de Alto Comisionado para la Paz e incluye 21 oficinas regionales, cuya principal labor es prevenir la violación masiva de los derechos humanos. El EWS, emitió 68 indicadores de evaluación de riesgos y siete alertas que ayudaron a prevenir o mitigar las violaciones a los derechos humanos, ofreciendo recomendaciones de acciones preventivas a la población civil y a las autoridades militares.
Aunque los índices de secuestro disminuyeron en un 44% en 2005, el secuestro sigue siendo un problema. Estados Unidos asistió al gobierno en el desarrollo e implementación de dos programas de entrenamiento anti-secuestro. Bajo estos programas alrededor de 112 investigadores y fiscales recibieron entrenamiento en el manejo de la escena del crimen, la manipulación de la evidencia y el interrogatorio a testigos. Otros 100 oficiales de seguridad pública recibieron entrenamiento táctico en actividades anti-secuestro.
De acuerdo a las figuras del gobierno, más de dos millones de personas han sido desplazadas desde 1995, aunque el índice de desplazados disminuyo considerablemente en 2005. Estados Unidos apoyo seis organizaciones internacionales y no gubernamentales en Colombia, que ofrecían asistencia humanitaria en casos de emergencia, tales como comida, refugio, higiene y kits de menaje doméstico y primeros auxilios, consejería sicológica, cuidado a la salud y empleo temporal para personas desplazadas. Estados Unidos también ofreció asistencia a mediano y largo plazo a desplazados para reintegrarlos a la actividad económica, incluyendo un programa que busca regresarlos a sus lugares de origen. A través de estos programas, Estados Unidos asistió 584,046 personas desplazadas internamente en 2005, para un total de 2, 376,296. Adicionalmente, Estados Unidos ayudó a más de 550 niños ex combatientes, a abandonar los grupos ilegales y dejar las armas, para reintegrarlos a la sociedad civil, para un total de 2,641.
Estados Unidos participó en un programa que combate el trabajo de niños menores en Colombia, ofreciendo educación básica para los niños trabajadores, o para quienes corren riesgo en oficios de agricultura en zonas peligrosas. Estados Unidos apoyó también el programa regional con la Organización Internacional del Trabajo, que previene la participación infantil en trabajos domésticos y en explotación o abuso sexual para fines comerciales. A la fecha, 750 niños identificados como trabajadores domésticos están inscritos en el programa. El gobierno de Estados Unidos auspició un programa contra el tráfico de personas para educar victimas en riesgo, creó una línea caliente para denunciar a los afectados y estableció un centro de prevención y asistencia a las víctimas en el aeropuerto internacional de Bogotá.