Derechos Humanos
Colombia - Informe sobre Derechos Humanos - 2006
Colombia es una democracia constitucional y multipartidista con una población que se aproxima a los 44 millones de habitantes. El 28 de mayo, el candidato presidencial independiente Álvaro Uribe fue reelegido en elecciones consideradas libres e imparciales. El conflicto armado interno de 42 años continuó entre el Estado y los grupos terroristas, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se habían desmovilizado para agosto, pero miembros renegados de las AUC que no se desmovilizaron, o que se desmovilizaron pero más adelante abandonaron el proceso de paz, continuaron siendo el objetivo de acciones militares. Aunque por lo general las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre la fuerza pública, hubo momentos en los que elementos de la fuerza pública desafiaron la política del Estado.
Aunque continuaron existiendo algunos problemas graves, el respeto del Estado por los derechos humanos continuó mejorando, lo cual fue especialmente evidente en las acciones emprendidas por la fuerza pública del Estado y en las negociaciones de desmovilización con las AUC. Se reportaron los siguientes problemas sociales y abusos de derechos humanos por parte del Estado: asesinatos ilegales y extrajudiciales; desapariciones forzadas; colaboración militar insubordinada con grupos criminales; tortura y maltrato de detenidos; hacinamiento e inseguridad carcelaria; arresto arbitrario; alto número de sindicados en espera de un juicio, algunos de los cuales eran mantenidos con prisioneros condenados; impunidad; un poder judicial ineficiente sujeto a intimidación; acoso e intimidación de periodistas; condiciones antihigiénicas en asentamientos para personas desplazadas, con poco acceso a atención médica, educación o empleo; corrupción; acoso a grupos de derechos humanos; violencia contra las mujeres, incluyendo la violación; abuso infantil y prostitución infantil; trata de mujeres y niños con propósitos de explotación sexual; discriminación de la sociedad contra la mujer, indígenas y minorías; y trabajo infantil ilegal.
Los grupos armados al margen de la ley cometieron la mayoría de las violaciones en contra de los derechos humanos. A pesar de un cese de fuego unilateral declarado por las AUC en 2002 y de la desmovilización nacional, paramilitares renegados cometieron los siguientes actos criminales y abusos contra los derechos humanos: asesinatos y secuestros políticos; desapariciones forzadas; tortura; intromisión a la privacidad personal y al sistema político; desplazamiento forzado; soborno e intimidación de jueces, fiscales y testigos; trasgresión de los derechos ciudadanos de privacidad; restricción a la libertad de movimiento; reclutamiento y empleo de combatientes menores de edad; y acoso, intimidación y asesinato de trabajadores de derechos humanos, periodistas, maestros y sindicalistas.
Las Farc y el ELN cometieron las siguientes violaciones en contra de los derechos humanos: asesinatos políticos; asesinatos de miembros de la fuerza pública fuera de servicio y funcionarios municipales; secuestros y desapariciones forzadas; desplazamientos forzados masivos; soborno e intimidación de jueces, fiscales y testigos; trasgresión de los derechos ciudadanos de privacidad; restricciones a la libertad de movimiento; reclutamiento generalizado de combatientes menores de edad; ataques contra activistas de derechos humanos; acoso, intimidación, y asesinato de maestros y sindicalistas.
Durante el año, el Estado desmovilizó a 17.560 paramilitares, lo que llevó el número total de desmovilizados desde 2003 a más de 32.000, y concluyó el proceso de desmovilización. Los ex paramilitares que se rehusaron a desmovilizarse fueron tratados como delincuentes comunes. Los representantes del Estado, el ELN y la sociedad civil y observadores internacionales continuaron reuniéndose para explorar un posible proceso de paz y la desmovilización del ELN.
Los pasos dados por el Estado para mejorar la situación de los derechos humanos y la seguridad dieron resultados demostrables. Las estadísticas del Estado señalaron que durante el año disminuyeron las tasas de homicidios (5 por ciento), de masacres (23 por ciento), de secuestros (14 por ciento) y de desplazamientos forzados (20 por ciento).
RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
Sección 1. Respeto por la integridad de la persona, incluyendo la libertad a no ser víctima de:
a. La privación arbitraria e ilegal de la vida
Los asesinatos políticos e ilegales continuaron siendo un problema supremamente grave, y hubo informes periódicos sobre asesinatos extrajudiciales cometidos por miembros de la fuerza pública.
El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) fundado por sacerdotes jesuitas, una organización no gubernamental (ONG) de derechos humanos en el nivel nacional, afirmó que hubo al menos 161 asesinatos políticos e ilegales, cometidos por todos los actores durante los primeros seis meses del año. Algunas ONG, como el CINEP, atribuyeron informes sobre violaciones paramilitares de derechos humanos directamente al Estado y denominaron como "asesinatos ilegales" aquellos cometidos por los paramilitares. El Programa Presidencial de Derechos Humanos del gobierno informó que, durante el año, 193 personas murieron en 37 masacres (asesinato de cuatro o más personas según definición del gobierno) cometidas por grupos armados al margen de la ley, lo que representa una disminución del 23 por ciento respecto al 2005.
La fuerza pública fue responsable de múltiples muertes extrajudiciales.
El CINEP reportó que hubo 92 asesinatos de este tipo durante los primeros seis meses del año.
Conforme a lo dispuesto por la ley, las autoridades militares o civiles investigaron los asesinatos presuntamente cometidos por la fuerza pública. Los juzgados ordinarios enjuiciaron a un número de casos de personal militar acusado de violaciones contra los derechos humanos (ver la Sección 1.e). Las investigaciones de los asesinatos anteriores avanzaron, aunque con lentitud.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) expresó preocupación por los asesinatos el 4 de enero en Montebello, Antioquia de Edimer Witer Hernández Giraldo, Ricardo Arley Jaramillo y John Jairo Guzmán. Según las acusaciones, miembros del Batallón Pedro Nel Ospina de la Cuarta Brigada realizaron una ejecución sumaria de las víctimas y posteriormente las presentaron como combatientes enemigos.
Según el CINEP, el 4 de marzo soldados de la Cuarta Brigada o la Brigada 17 asesinaron a Nelly Johana Durango en San José de Apartadó. El CINEP sostuvo que los soldados luego la presentaron como combatiente enemiga.
La OACDH se mostró preocupada por el asesinato el 9 de marzo de John Jairo Gómez Garcés en Bello, Antioquia. De acuerdo con las acusaciones, soldados del Batallón Pedro Nel Ospina de la Cuarta Brigada realizaron una ejecución sumaria de la víctima y luego sostuvieron que había muerto en fuego cruzado con las AUC.
En mayo, la OACDH solicitó que el Estado diera una explicación de los 15 informes de asesinatos presuntamente extrajudiciales. De los 15 informes, 11 involucraban a la Cuarta Brigada, uno a la Brigada 17, uno a la Sexta Brigada y dos no fueron identificados. En junio, la OACDH solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar 37 casos de presuntos asesinatos de personas que habían sido presentadas como enemigos muertos en combate. En respuesta a estas solicitudes, el Estado posteriormente identificó 29 casos. De estos, el sistema de justicia penal militar investigaba un caso, el Consejo Superior de la Judicatura revisaba otro por jurisdicción, y los restantes 27 estaban siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación. Hasta septiembre, la Fiscalía había emitido siete órdenes de captura preventiva en dos de los casos.
En septiembre, la Fiscalía General de la Nación detuvo al mayor del Ejército, Jorge Alberto Mora Pineda, comandante de la unidad antisecuestro en Barranquilla, por su papel en una presunta operación de falso secuestro el 14 de agosto, en la cual miembros de la unidad asesinaron a seis personas. La Fiscalía General de la Nación investigó a seis miembros de los GAULA (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal y la entidad gubernamental conformada para combatir el secuestro y la extorsión) y a un agente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
En el caso de febrero de 2005 relacionado con ocho ciudadanos asesinados en San José de Apartadó, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación continuó reuniendo evidencia contra miembros de la Brigada 17 del Ejército por su presunta participación. No obstante, las dificultades reportadas por la Fiscalía General de la Nación para recolectar el testimonio de los miembros de la comunidad de paz en San José de Apartadó, obstaculizaron la investigación.
El 20 de febrero, la Fiscalía General de la Nación acusó a siete miembros (incluyendo al comandante) del escuadrón "Pantero Uno" del Batallón de Infantería No. 12 del Ejército ("Alfonso Manosalva Florez") de homicidio y conspiración criminal en los asesinatos de Wilman Guillermo, Arriaga Arboleda y Jefferson Moreno López en julio de 2005 en Condoto, Chocó.
La Fiscalía General de la Nación detuvo al soldado del ejército Miguel Ángel Molina Delgado bajo cargos de homicidio y tráfico de armas de fuego de propiedad de las fuerzas armadas, por lanzar una granada contra una casa que ocasionó la muerte de un menor y heridas a tres personas en septiembre de 2005.
En febrero, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en Cali asumió el caso del asesinato de Jhonny Silva Arangurén ocurrido en septiembre de 2005 durante una protesta en la Universidad del Valle. A finales del año la investigación continuaba en la etapa preliminar.
En septiembre, la Fiscalía General de la Nación detuvo a un oficial, un suboficial y cuatro soldados por los asesinatos de Luís Orozco y Mario Pineda ocurridos en octubre de 2005 en Tierralta, Córdoba. Según la Fiscalía, los soldados originalmente presentaron a las víctimas como insurgentes muertos en combate, pero una investigación posterior reveló que los soldados habían realizado una ejecución sumaria de las víctimas. El caso continuaba pendiente al final del año.
En diciembre de 2005, un tribunal penal militar dictaminó que no había evidencia de delito en un incidente de "fuego amigo" en 2004, en el que dos policías asesinaron a miembros del GAULA en Floridablanca, departamento de Santander.
En septiembre, la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención de ocho soldados por el asesinato de Juan Daza en 2004 en Atanquez, Cesar. El Ejército había presentado a la víctima como un insurgente muerto en combate, pero la investigación del Fiscal General determinó que los sospechosos realizaron una ejecución sumaria de la víctima.
En agosto, la Fiscalía General de la Nación detuvo a un suboficial y tres soldados por el asesinato de Jesús Montero en Rioseco, Cesar, en 2003. El Ejército había presentado a la víctima como un insurgente muerto en combate, pero una investigación posterior determinó que los soldados realizaron una ejecución sumaria de la víctima.
También hubo reportes de asesinatos de civiles por parte de la fuerza pública durante el conflicto armado interno (ver la Sección 1.g.).
No hubo información disponible en relación con el desarrollo de los siguientes asesinatos que el CINEP atribuyó a unidades del Ejército en 2005: en febrero, dos campesinos por el Batallón 21 Vargas en el departamento de Meta y dos civiles por el Batallón Santander en el departamento de Cesar, y en marzo tres personas en el departamento de Arauca por tropas de la Segunda División.
Tanto actores gubernamentales como no gubernamentales utilizaron minas antipersona (ver la Sección 1.g.). El gobierno expresó su compromiso de retirar los 31 campos de minas restantes controlados por el gobierno, según lo permita la situación de seguridad.
Se continuaron presentando informes verosímiles de que algunos miembros de la fuerza pública cooperaron con paramilitares ilegales en la violación de órdenes presidenciales o de la cúpula militar (ver la Sección 1.g.). Dicha colaboración a menudo facilitó asesinatos ilegales y algunas veces puede haber incluido la participación directa en atrocidades paramilitares.
La impunidad para el personal militar que colaboró con miembros de grupos paramilitares renegados continuó siendo un problema (ver la Sección 1.g.).
Paramilitares renegados cometieron numerosos asesinatos políticos e ilegales, principalmente en zonas en disputa con la guerrilla o sin una fuerte presencia del Estado (ver la Sección 1.g.).
La guerrilla, en particular las Farc, cometió asesinatos ilegales. La guerrilla asesinó a maestros, periodistas, líderes religiosos, sindicalistas, activistas de derechos humanos, candidatos a cargos públicos, funcionarios elegidos y otros políticos, presuntos colaboradores de paramilitares y miembros de la fuerza pública del Estado (ver la Sección 1.g.).
Otros grupos terroristas también llevaron a cabo ataques (ver la Sección 1.g.).
b. Desapariciones
Continuaron ocurriendo las desapariciones forzadas, muchas de ellas por razones políticas. El CINEP reportó 73 víctimas de desaparición forzada durante los primeros seis meses del año, un aumento del 23 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2005.
Aunque el número de secuestros siguió en descenso, el secuestro, tanto extorsivo como político, continuó siendo un problema grave. Según el Programa Presidencial para los Derechos Humanos, hubo 687 secuestros durante el año, en comparación con 800 en 2005. El Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondolibertad) del gobierno reportó 282 secuestros extorsivos (definido como un secuestro para obtener un beneficio, utilidad, acto u omisión) durante el año, comparado con 377 en 2005.
Los GAULA y otros elementos de la fuerza pública liberaron a 138 rehenes durante el año. Sin embargo, Fondolibertad reportó que mínimo 20 víctimas de secuestro murieron en cautiverio durante el año, comparado con 17 en 2005.
Paramilitares renegados, las Farc y el ELN continuaron con la práctica del secuestro. Hubo numerosos reportes de que la guerrilla asesinó a víctimas de secuestro (ver la Sección 1.g.).
c. Tortura y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes
Aunque la ley prohíbe tales prácticas, hubo reportes de que la Policía, el Ejército y guardianes carcelarios a veces maltrataron y torturaron a los detenidos. Los miembros del Ejército y la Policía acusados de tortura fueron juzgados en tribunales de justicia ordinaria en lugar de tribunales militares (ver la Sección 1.e.). El CINEP afirmó que, en junio, efectivos de la fuerza pública del Estado estuvieron involucrados en 40 incidentes de tortura, un aumento del 50 por ciento en comparación con los primeros seis meses de 2005. El CINEP también informó que durante los primeros seis meses del año hubo 32 víctimas de tortura por parte de las fuerzas armadas. El 25 de enero, un grupo de soldados presuntamente torturó a reclutas del Ejército en un centro de entrenamiento en Tolima. La Fiscalía General de la Nación investigó a cinco oficiales, nueve suboficiales y un soldado por este caso y les dictó a cinco de ellos detención preventiva. A todos se les formularon cargos.
El CINEP informó que el primero de febrero, soldados asignado al Batallón No. 40 Héroes de Santuario torturaron a Mario Varela en Puerto Rico, departamento de Meta.
En febrero, el CINEP afirmó que soldados del Ejército torturaron a William Alberto Idagarra Agueirre en Arauquita, departamento de Arauca.
Estaban pendientes los fallos de la justicia ordinaria contra tres oficiales de policía por la tortura y el asesinato de Edison Watsein en Medellín, departamento de Antioquia, en 2002.
El CINEP reportó que paramilitares desmovilizados eran responsables de al menos 20 casos de tortura hasta junio. Por ejemplo, el CINEP afirmó que paramilitares torturaron y asesinaron a Carlos Arciniegas del Partido Comunista Colombiano, quien desapareció en diciembre de 2005.
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación informó que estaba investigando un caso de tortura que era atribuido a un ex paramilitar.
Condiciones en prisiones y centros de detención
Con excepción de instalaciones nuevas, las condiciones carcelarias fueron deficientes, especialmente para los prisioneros que no tenían un apoyo externo significativo. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) administra las 139 prisiones nacionales del país y tiene a su cargo la inspección de las cárceles municipales. Aunque está adscrito al Ministerio del Interior y de Justicia, el INPEC cuenta con un presupuesto independiente y una descentralización administrativa.
Muchos de los 14.000 guardianes carcelarios y del personal administrativo del INPEC tenían un entrenamiento deficiente. El hacinamiento, la inseguridad, la corrupción y un presupuesto insuficiente continuaron siendo problemas graves. Hasta julio, había más de 62.000 prisioneros en espacios diseñados para acomodar menos de 52.000, casi un 18 por ciento de hacinamiento, una mejora en comparación con la tasa de hacinamiento de casi 40 por ciento en 2005. En cinco instituciones la sobrepoblación excede más del doble de la capacidad diseñada, y en la cárcel de Itaguí, más de 5.000 vivían en un espacio diseñado para 2.000. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) observó una disminución continua en la corrupción como resultado de un mejor entrenamiento, más supervisión y mayor responsabilidad para los guardianes carcelarios.
Los problemas presupuestales afectaron las prisiones de muchas maneras. En la Cárcel de Combita la falta de dinero para pagar servicios públicos llevó a un racionamiento del agua. Un informe de octubre de la Procuraduría General de la Nación sobre la Cárcel de Combita encontró violaciones de normas sanitarias, tales como la falta de agua potable y una proliferación de insectos y roedores. Durante el año, el INPEC gastó aproximadamente dos dólares (4.990 pesos) por día en cada interno por concepto de alimentación. La mayor parte de los alimentos suministrados a los prisioneros continuaron proviniendo de fuentes privadas. El CSPP informó que la proporción de médicos por pacientes es de uno por cada 1.200 pacientes en algunas instituciones.
El INPEC informó que, entre el primero de enero y el 31 de agosto, nueve internos murieron de manera violenta en riñas y motines. Desde enero hasta agosto, en varios centros se presentaron 11 motines, desencadenados principalmente por las riñas internas de los presos, las exigencias relacionadas con el derecho al trabajo, a la alimentación y a la salud, y una rebelión contra la disciplina carcelaria. La Fiscalía General de la Nación continuó investigando las acusaciones contra algunos guardianes por emplear la fuerza excesiva de manera rutinaria y tratar brutalmente a los internos. No hubo información disponible sobre los enjuiciamientos.
Los sindicados en espera de un juicio eran mantenidos con prisioneros ya condenados.
El gobierno permitió que grupos de derechos humanos locales e internacionales monitorearan en forma independiente las condiciones carcelarias, y que dicho monitoreo ocurriera durante el año. Las Farc y el ELN continuaron negando al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el acceso a los rehenes de la Policía y el Ejército (ver la Sección 1.g.).
d. Detención o arresto arbitrario
Aunque la ley prohíbe la detención o el arresto arbitrario, hubo acusaciones de que las autoridades detuvieron a ciudadanos de manera arbitraria.
Papel de la policía y del aparato de seguridad
La Policía Nacional tiene a su cargo hacer cumplir la ley en todo el país y está bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa. La función de hacer cumplir la ley la comparte con el DAS y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. El Ejército también compartió, de manera limitada, las funciones de hacer cumplir la ley y mantener el orden público en el país. Por ejemplo, algunas veces, unidades militares proporcionaron apoyo logístico y seguridad a investigadores judiciales durante la recolección de evidencia en zonas de mayor conflicto o de difícil acceso. El Ejército también apoyó a la Policía Nacional en los servicios de seguridad, especialmente estableciendo perímetros alrededor de municipios rurales. En pocas ocasiones el Ejército también prestó apoyo en la custodia de prisiones. Durante el año, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación ejecutó órdenes de detención precautelativa a 66 miembros de las fuerzas armadas por violaciones de derechos humanos o colaboración con paramilitares. Sin embargo, la impunidad continuaba reinando debido a la falta de recursos para adelantar investigaciones, la falta de protección para testigos e investigadores, la falta de coordinación entre entidades gubernamentales y, en algunos casos, obstrucción de la justicia. Entre enero y octubre, el Ministerio de Defensa relevó del cargo a 147 miembros de las fuerzas armadas por ineficiencia, conducta antiética, corrupción y duda razonable respecto a posibles violaciones de derechos humanos.
Arrestos y detenciones
La Policía aprehendió sospechosos mediante órdenes de arresto expedidas por fiscales con base en causa probable. Sin embargo, no se requiere una orden de captura para detener delincuentes cogidos in fraganti o huyendo de la escena de un crimen. Los efectivos de las fuerzas armadas detuvieron miembros de grupos armados ilegales capturados en combate pero no estaban autorizados para ejecutar órdenes de detención; sin embargo, un miembro del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial que acompañe unidades militares puede emitir tales órdenes.
Las autoridades de la fuerza pública deben informar inmediatamente a los sospechosos las razones del arresto y llevarlos ante un fiscal superior dentro de las primeras 36 horas. Los fiscales deben fallar sobre la legalidad de las detenciones dentro de las 72 horas siguientes. Estos requerimientos se cumplieron en la práctica. En la mayoría de los delitos, la detención previa a la formulación de cargos no puede ser superior a 180 días, después de los cuales el sospechoso debe ser liberado. En los casos de crímenes considerados particularmente graves, como homicidio, terrorismo o rebelión, las autoridades tienen hasta 360 días para formular cargos antes de que el sospechoso quede en libertad. El recurso de habeas corpus se puede invocar en los casos de presunta detención arbitraria.
Mientras que las personas acusadas de delitos menores o no intencionales, tienen derecho a libertad bajo fianza; generalmente no está disponible para delitos graves, tales como el asesinato, la rebelión o el narcotráfico. Los sospechosos tienen derecho al acceso inmediato de un abogado a su discreción, y a defensores públicos y a un defensor del pueblo de derechos humanos para asistir a los acusados indígenas.
Las prominentes ONG de derechos humanos se quejaron de que el gobierno detuvo de manera arbitraria a cientos de personas, en particular líderes sociales, activistas laborales y defensores de derechos humanos. Por su parte, el CINEP reportó que la fuerza pública detuvo de manera arbitraria a 223 persona durante los primeros seis meses del año, en comparación con 321 durante el mismo periodo de 2005. Muchas de estas detenciones se realizaron en zonas de mayor conflicto (especialmente en los departamentos de Arauca, Cesar, Meta y Putumayo) donde se adelantaban hostilidades militares contra insurgentes terroristas. Por ejemplo, el CINEP reportó los siguientes incidentes:
El 6 de febrero, soldados del Batallón de Contrainsurgencia No. 53 del Ejército detuvieron a un ex concejal del partido político Unión Patriótica en Vista Hermosa, departamento de Meta.
El 13 de febrero, soldados del Ejército detuvieron en forma arbitraria a 12 campesinos en Puerto Asís, departamento de Putumayo. Según se informó, dos de los detenidos habían criticado con anterioridad las conductas irregulares de los militares en la zona.
En junio el Batallón Sumapaz No. 39 del Ejército detuvo arbitrariamente a Edilberto Proveda, el presidente del sindicato SINTRAPAZ fuera de Bogotá.
El gobierno y prominentes ONG locales frecuentemente estaban en desacuerdo sobre cómo definir una detención "arbitraria". Mientras que el gobierno caracterizaba las detenciones con base en el cumplimiento de formalidades legales, las ONG típicamente aplicaban otros criterios, tales como: arrestos basados en indicios de informantes acerca de personas presuntamente vinculadas a actividades guerrilleras; detenciones por miembros de la fuerza pública sin una orden judicial; detenciones supuestamente basadas en una autoridad administrativa; detenciones durante operaciones militares; detenciones a gran escala; detenciones como un mecanismo de persecución política; y detenciones de personas mientras "ejercían sus derechos fundamentales".
Debido al hacinamiento, personas condenadas en algunos casos permanecían en estaciones de policía hasta por siete meses antes de ser transferidos a una prisión. Bajo el nuevo sistema penal acusatorio, las personas estuvieron detenidas en estaciones de policía por máximo 36 horas antes de ser o bien liberadas o trasladadas a unas instalaciones de detención permanente.
Según el INPEC, hasta julio había 21.333 detenidos en espera de juicio que eran mantenidos en cárceles de la policía, muchas veces en hacinamiento. El incumplimiento por parte de muchos comandantes militares locales y supervisores carcelarios de mantener los registros de detención obligatorios o de seguir los procedimientos de notificación, hizo muy difícil la contabilización de todos los detenidos. Las demoras en los juicios fueron causadas por un gran número de detenidos, limitaciones financieras y falta de personal.
e. Denegación de juicio público justo
Aunque la ley dispone un sistema judicial independiente, éste estaba sobrecargado, era ineficiente y se encontraba impedido por el soborno y la intimidación a jueces, fiscales y testigos. Dadas esas circunstancias, la impunidad continuó siendo un grave problema. El Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) informó que el sistema de justicia ordinaria sufría un atraso significativo de casos por procesar, lo cual condujo a mantener un gran número de detenidos en espera de juicio (ver la Sección 1.d.).
Las autoridades judiciales a menudo estuvieron sujetas a amenazas y actos de violencia. Según la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial y a la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, ocho empleados de la rama judicial fueron asesinados y 31 recibieron amenazas contra sus vidas. Un empleado fue secuestrado, otro "desapareció" y cinco más abandonaron el país en un exilio auto impuesto debido a amenazas de muerte. Algunos jueces y fiscales asignados a pequeños municipios trabajaron desde las capitales departamentales debido a razones de seguridad. Los testigos fueron aún más vulnerables a la intimidación, y muchos se rehusaron a testificar.
Reportes de prensa en el mes de enero indicaron que Álvaro López Giraldo, el fiscal para el Tribunal Cuarto Especializado de los departamentos de Huila, Tolima y Caquetá, abandonó el país luego de recibir amenazas de muerte de las Farc. López Giraldo estaba a cargo de las investigaciones que condujeron a la captura de 1.050 miembros de la columna móvil Teofilo Forero de las Farc.
En mayo los medios de comunicación informaron que el ELN secuestró al fiscal Javier Enrique Gaviria en el departamento de Nariño mientras viajaba en barco cerca de Tumaco. Las fuerzas militares rescataron a Gaviria en junio.
El sistema de justicia ordinaria está compuesto de cuatro jurisdicciones funcionales: civil, administrativa, constitucional y especial. La jurisdicción civil es la más grande y maneja todos los casos penales, civiles, laborales, agrarios y domésticos que involucran a personal no militar. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal dentro de la jurisdicción civil y funciona como su última instancia para apelaciones.
La jurisdicción administrativa maneja las acciones administrativas tales como decretos y resoluciones que se pueden demandar en la jurisdicción administrativa con fundamento constitucional u otra índole. El Consejo de Estado es el máximo tribunal de la jurisdicción administrativa y sirve de última instancia de apelación para quejas que surjan de actos administrativos.
La Corte Constitucional es la única autoridad judicial sobre la constitucionalidad de las leyes, los decretos presidenciales y las reformas constitucionales. La Corte Constitucional también puede emitir conceptos sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley aún no proclamados y revisar, a discreción propia, las decisiones de los tribunales menores sobre tutelas, o fallos de protección de derechos fundamentales que se pueden instaurar ante cualquier juez de cualquier tribunal del proceso judicial.
La jurisdicción especial del sistema de justicia ordinaria consta del programa de jueces de paz y la jurisdicción indígena. El CSJ tiene a su cargo la administración y la disciplina del sistema de justicia ordinaria.
La Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el CSJ son cuerpos judiciales supremos iguales, que algunas veces expidieron fallos encontrados y frecuentemente estaban en desacuerdo sobre responsabilidades jurisdiccionales.
El sistema de justicia penal militar consta de 44 cortes militares y el Tribunal Militar Supremo, que funciona como tribunal de apelaciones para todos los casos juzgados en cortes militares. La Corte Suprema de Justicia funciona como segunda instancia de apelaciones para casos en los cuales se imponen sentencias de seis o más años. En septiembre, el Ministro de Defensa nombró al primer civil al frente del sistema de justicia penal militar.
El sistema de justicia penal militar puede investigar y procesar personal militar y de policía activo por crímenes "relacionados con actos del servicio militar". El código penal militar específicamente define la tortura, el genocidio, la masacre y la desaparición forzada como crímenes no relacionados con el servicio militar. Todas las violaciones graves de los derechos humanos se consideran no relacionadas con el servicio militar y son manejadas por el sistema de justicia ordinaria. El código penal militar excluye específicamente a los civiles de la jurisdicción militar, y los tribunales ordinarios deben juzgar al personal militar y de policía retirado, incluso por actos relacionados con el servicio cometidos antes de su retiro. El código penal militar niega a los comandantes la facultad de imponer la disciplina de la justicia militar a sus subordinados y amplía la protección legal a los miembros en servicio que se rehúsen a obedecer órdenes para cometer abusos contra los derechos humanos. La Fiscalía General de la Nación es responsable por las investigaciones y la persecución de delitos. Su Unidad de Derechos Humanos, que incluía 15 oficinas satelitales en siete capitales regionales, se especializa en la investigación de los delitos contra los derechos humanos. Los 47 fiscales estaban manejando 3.789 casos al final del año.
La Procuraduría General de la Nación, también conocida como el Ministerio Público, investiga las acusaciones de conducta indebida por parte de empleados públicos, incluyendo los miembros de la fuerza pública del Estado. La Procuraduría remitió todos los casos de violación de derechos humanos que recibió a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía.
Durante el año, la Procuraduría General de la Nación abrió procesos disciplinarios contra 54 miembros de las fuerzas armadas por ofensas a los derechos humanos. Los casos fueron remitidos a la Fiscalía para investigación penal. Además, la Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra 56 miembros de las fuerzas armadas y halló a otros 12 miembros de las fuerzas armadas culpables de asesinato o secuestro y los sentenció a penas de prisión que van de 20 a 38 años.
Procedimientos de Juicio
El país continuó implementando un nuevo código de procedimiento penal de tipo acusatorio. El código reemplazó el sistema napoleónico según el cual se detenía a una persona y se le dejaba pendiente de una investigación que implicaba aceptación formal de la evidencia, sin un juicio real. El porcentaje de convicciones bajo el sistema antiguo era extremadamente bajo y los casos penales típicamente demoraban de tres a cinco años.
Bajo el nuevo código penal, cuya implementación a cargo de las autoridades judiciales se hará en un periodo de cuatro años que deberá concluir en 2007, el fiscal presenta un cargo formal ante un juez y el acusado es notificado de los cargos. Los juicios son públicos, con jurado. Los acusados tienen el derecho de estar presentes y consultar a un abogado, así como el derecho de confrontar a los testigos y el derecho de presentar evidencia. El acusado se presume inocente y tiene derecho de apelar.
En el sistema de justicia penal militar, los jueces militares presiden las cortes marciales, sin jurado. Un asesor legal puede representar al acusado y citar testigos, pero la mayoría de las diligencias de recaudación de pruebas se realiza durante la etapa investigativa. Los jueces de procesos militares emiten fallos dentro de los ocho días siguientes a la audiencia de una corte marcial. Se requiere que en una corte marcial estén presentes representantes civiles de la Procuraduría General de la Nación.
El procedimiento penal dentro del sistema de justicia penal militar incluye elementos de los sistemas inquisitivos y acusatorios. Los acusados se consideran inocentes hasta que se pruebe lo contrario y tienen derecho a consultar a un abogado en forma oportuna. Un fallo de la Corte Constitucional prohíbe a los abogados militares asumir los deberes de abogado de la defensa. Los acusados deben contratar el abogado a expensas propias o confiar en los defensores pagados por un fondo especial de los oficiales militares.
Las reformas al sistema de justicia penal militar se iniciaron en 2005 orientadas a establecer un cuerpo de investigación forense, la transición a un sistema acusatorio y establecer un cuerpo de defensa militar. En octubre Luz Marina Gil se convirtió en la primera civil en presidir el sistema de justicia penal militar.
En junio, el presidente Uribe recomendó que la Fiscalía General de la Nación investigara y procesara a través del sistema de justicia ordinaria el asesinato militar de 10 oficiales de la policía antinarcóticos. Después de que un juez devolvió la jurisdicción al sistema de justicia penal militar, el Ministro de Defensa voluntariamente cedió la jurisdicción nuevamente a la Fiscalía General de la Nación. Quince soldados, incluyendo al oficial comandante, fueron arrestados en relación con el caso, y el juicio se inició el 18 de diciembre.
En noviembre, la Fiscalía General de la Nación sentenció a dos oficiales del Ejército a 38 y 15 años, respectivamente, por homicidio agravado en la masacre de La Cabuya en 1998.
Prisioneros y detenidos políticos
El gobierno afirmó que no tenía prisioneros o detenidos políticos, aunque había 2.466 prisioneros acusados de rebelión o de colaborar e instigar a la insurgencia. El gobierno permitió que el CICR tuviera acceso a estos prisioneros. Algunos grupos defensores de derechos humanos describieron como detenidos políticos a algunos de los detenidos bajo cargos de rebelión o terrorismo (ver la Sección 1.d.).
Los paramilitares renegados y la guerrilla, particularmente las Farc y el ELN, continuaron tomando rehenes con fines de rescate. Las Farc y el ELN también secuestraron políticos, ciudadanos importantes y miembros de la fuerza pública para utilizarlos como peones en el intercambio de presos (ver la Sección 1.g.).
Procedimientos y recursos judiciales civiles
Los ciudadanos pueden demandar por daños y perjuicios por una violación a los derechos humanos a un agente o ente del Estado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Aunque los críticos se quejaron de retrasos en el proceso, en general se consideró que el tribunal fue imparcial y efectivo.
f. Interferencia arbitraria a la privacidad, la familia, el hogar, o la correspondencia
La ley prohíbe tales acciones. Aunque el gobierno generalmente respetó estas prohibiciones en la práctica, hubo excepciones. La ley exige que las autoridades del Estado obtengan una orden firmada por un fiscal para ingresar a una residencia privada sin el consentimiento del jefe de hogar, salvo que el sospechoso sea capturado en una persecución en caliente. Las autoridades se adhirieron a estas normas, por lo general.
En general, las autoridades del gobierno necesitan una orden judicial para interceptar el correo o monitorear conversaciones telefónicas, aún en las prisiones. Sin embargo, las agencias de inteligencia del gobierno que estaban investigando a organizaciones terroristas algunas veces monitorearon conversaciones telefónicas sin autorización judicial; esta evidencia no se pudo utilizar en los tribunales.
El gobierno continuó utilizando una red de informantes civiles para identificar terroristas y sus simpatizantes. Algunos grupos de derechos humanos nacionales e internacionales criticaron a la red ya que se prestaba a abusos y era una amenaza para la intimidad y otras libertades civiles. El gobierno insistió en que la red era voluntaria y que se había establecido para facilitar el derecho de los ciudadanos a la defensa propia.
Los paramilitares renegados y la guerrilla interfirieron rutinaria y arbitrariamente con el derecho a la intimidad. Ambos grupos ingresaron por la fuerza a hogares privados, monitorearon comunicaciones privadas, participaron en desplazamientos forzados (ver la Sección 1.g.) y reclutamiento forzado, y maltrataron a miembros de las familias. Las Farc, que emplearon un gran número de mujeres combatientes, prohibieron el embarazo entre sus miembros.
g. Uso de la fuerza excesiva y otros abusos en conflictos internos
Continuó el conflicto armado interno colombiano, que completó 42 años e involucra a fuerzas del Estado, un movimiento paramilitar de derecha y dos grupos insurgentes de izquierda, aunque la desmovilización paramilitar concluyó durante el año. Las causas principales de múltiples violaciones a los derechos humanos fueron el narcotráfico que no sólo abasteció el conflicto, sino que se benefició de él, y el conflicto mismo.
El gobierno concluyó las negociaciones de desmovilización con la mayoría de los bloques más grandes de las AUC, pero continuó confrontando militarmente a cualquier grupo paramilitar que no estuviera participando en las negociaciones. Según sus estadísticas, el gobierno desmovilizó 17.560 paramilitares durante el año, alcanzando un número total de desmovilizados de aproximadamente 32.000 paramilitares desde el comienzo del proceso en 2003. La Organización de Estados Americanos (OEA) continuó verificando todas las etapas de desmovilización y reinserción a la sociedad de ex combatientes. El 29 de septiembre, el gobierno publicó un decreto que promulgó la Ley de Justicia y Paz, que autoriza a la Fiscalía General de la Nación iniciar el proceso legal de oír en declaración libre y posteriormente enjuiciar combatientes paramilitares desmovilizados. Los críticos, incluyendo grupos de derechos humanos nacionales e internacionales, expresaron preocupaciones sobre el hecho de que la ley no tomaba suficientemente en cuenta normas internacionales sobre los principios de verdad, justicia y reparación. En agosto, la misión de verificación de la OEA observó que "surgen situaciones de posible rearme y aparición de grupos armados que se autoproclaman como la 'nueva generación de paramilitares'", quienes en algunos casos "están reclutando a ex combatientes paramilitares".
En muchas zonas del país, los 12.000 miembros de las Farc y los 2.000 miembros del ELN trabajaron juntos para atacar a las fuerzas del Estado o a paramilitares desmovilizados. En otras zonas, especialmente en el departamento de Arauca, se enfrentaron los dos grupos. Los cálculos manifiestan que hubo 1.990 deserciones de la guerrilla durante el año.
Miembros de la fuerza pública cometieron abusos a los derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó Orewa reportó un desplazamiento masivo de miembros de la comunidad indígena de Conondo, ocurrido el 15 de marzo, debido a combates entre el Ejército y las Farc.
Amnistía Internacional (AI) reportó los presuntos homicidios de 10 personas el 10 de abril, cometidos por miembros de la 12ª Brigada en el caserío de Sanza, San Juan de Arama, departamento de Meta. Según AI, los testigos afirmaron que los soldados identificaron como objetivo a civiles desarmados que buscaron refugio en una escuela durante un combate en la zona. El caso continuaba bajo investigación del sistema de justicia penal militar al final del año.
El 15 de septiembre, soldados del Batallón Pichincha dispararon una granada de mortero que no alcanzó su objetivo, asesinando a un niño de ocho años de una comunidad indígena cerca de Popayán, departamento de Cauca.
No se conocieron nuevos desarrollos en el caso de noviembre de 2005 en el cual una granada presuntamente de la Brigada No.17 del Ejército mató al líder comunitario de San José de Apartadó, Arlen Salas David.
El 9 de mayo, la Fiscalía General de la Nación emitió medidas de detención preventiva contra el capitán Juan Carlos Rodríguez Agudelo, el cabo Francisco Blanco Esteban y Albeiro Pérez Duque en el caso de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y tortura agravada, por su participación junto con fuerzas paramilitares, en los asesinatos de Jhon Jairo Iglesias Salazar, Araceli Londoño Varona, Ananías Mojica y Jesús Antonio Céspedes Salgado (alias José Céspedes) en noviembre de 2003 en Cajamarca, departamento de Tolima. El 15 de agosto, la Fiscalía General de la Nación emitió órdenes de arresto para tres soldados más en este caso, que continuaban bajo investigación al final del año.
El 31 de julio, se iniciaron las audiencias públicas en el juicio contra siete soldados del Batallón Antiterrorista Pijaos por su presunta participación, el 10 de abril de 2004, en el asesinato de Norberto Mendoza Reyes, Albeiro Mendoza Reyes, Julio Santana Reyes, Yamile Urueña Arango y Cristian Albeiro Mendoza Urueña en el caserío Potosí en Cajamarca, departamento de Tolima. El juicio estaba en proceso al final del año.
El juicio contra cuatro oficiales y un civil por su presunto papel en el asesinato de tres sindicalistas cerca de Saravena, departamento de Arauca, en 2004, continuó a final del año.
El 2 de mayo, las autoridades acusaron a un oficial, 10 soldados y dos civiles por su papel en el asesinato en el año 2004 del líder indígena Kankuamo, Víctor Hugo Maestre Rodríguez. El caso continuaba en investigación al final del año.
El juicio por el bombardeo de la Fuerza Aérea en 1998 del pueblo de Santo Domingo, departamento de Arauca, continuó suspendido. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación suspendió el juicio en noviembre de 2005 para permitir reunir pruebas adicionales y tener el tiempo suficiente para escuchar todos los testimonios programados. Según Amnistía Internacional, el 22 de marzo, miembros de las Farc asesinaron a Wilson García Reatiga, presidente del Comité de Acción Colectiva de Tame, Arauca, quien era un testigo clave en el caso.
Algunos miembros de la fuerza pública del Estado, incluyendo personal militar, suboficiales y oficiales de alto rango, colaboraron o toleraron actividades de paramilitares renegados. Los informes sugerían que pactos tácitos de no agresión entre oficiales militares locales y grupos paramilitares renegados existieron en ciertas regiones, tales como el oriente de Antioquia, y los departamentos de Chocó, Meta y Nariño, e indicaban que miembros de la fuerza pública ayudaron o buscaron la ayuda de grupos paramilitares. La impunidad para este personal militar continuó siendo un problema.
En abril el antiguo miembro de las AUC, Víctor Manuel Mejía Múnera, fue acusado por su papel en la masacre paramilitar de 2004, de 11 agricultores en Tame, Arauca. En octubre, las autoridades capturaron a otros tres ex paramilitares. Al final del año el juicio aún no había empezado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió fallos en dos casos relacionados con la confabulación militar con paramilitares. El gobierno acordó cumplir con los fallos en los dos casos:
En enero, la Corte ordenó al Estado pagar US$ 5,6 millones a las familias de personas asesinadas o desaparecidas en una masacre en 1990 en Pueblo Bello, departamento de Antioquia.
En julio, la Corte dictaminó que el Estado era responsable por omisión de dos masacres en 1997 cometidas por las AUC en las comunidades de La Granja y El Aro en Ituango, departamento de Antioquia. La decisión estableció que el gobierno era responsable de los 19 asesinatos, desplazamiento forzado y los abusos sufridos por los residentes locales porque la fuerza pública y las autoridades fallaron en tomar las medidas necesarias para prevenir los asesinatos o detener a las AUC. La Corte ordenó al Estado pagar US$ 2,25 millones a los familiares de las víctimas, establecer un plan de vivienda para los habitantes de las dos comunidades, emitir una disculpa pública y reabrir una investigación judicial por el caso.
En julio de 2005, la Fiscalía General de la Nación emitió una orden de arresto contra el sargento Sergio Salazar Soto por conspirar para ayudar a paramilitares en la masacre de 40 personas en Ciénaga, departamento de Magdalena, en 2000. El 18 de abril, la Fiscalía General de la Nación acusó a nueve sospechosos adicionales, incluyendo cinco miembros de las fuerzas armadas, por su papel. El caso continuaba al final del año.
Aunque la defensa concluyó su caso contra el brigadier general (r) Jaime Uscátegui y el coronel (r) del Ejército Hernán Orozco en agosto de 2005 por la masacre de por lo menos 27 civiles en 1997 en Mapiripán, el juez no había dictado un fallo al final del año.
El CINEP afirmó que el 21 de marzo paramilitares renegados, actuando con el consentimiento de los militares, torturaron, violaron y asesinaron a Yamile Agudelo Peñaloza, líder de la Organización Femenina Popular de Barrancabermeja, departamento de Santander.
Los paramilitares desmovilizados cometieron crímenes que principalmente afectaron a los civiles. La ONG Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) alegó que los paramilitares, desmovilizados o activos, habían asesinado a más de 3.000 civiles desde el 1 de diciembre de 2002 hasta julio de 2006.
Según el CINEP, paramilitares desmovilizados fueron responsables de las muertes de 58 civiles de enero a junio, una disminución del 75 por ciento frente a las 234 muertes reportadas durante el mismo periodo de 2005. Los paramilitares desmovilizados y renegados asesinaron a periodistas, políticos locales, activistas de derechos humanos, líderes indígenas, líderes sindicales y otros que amenazaban con interferir con sus actividades criminales o mostraron simpatía por la izquierda. Los paramilitares renegados también asesinaron personas para proteger actividades criminales. Amnistía Internacional afirmó que paramilitares renegados asesinaron a Jairo Romero, un candidato a la alcaldía de Yumbo, departamento de Valle del Cauca, el 17 de enero, así como a Eduardo Hernández, un candidato a la alcaldía de Buenaventura, departamento de Valle del Cauca, el 18 de enero. En septiembre, un tribunal condenó a tres hombres por el asesinato de Romero, pero no fue claro si eran paramilitares o no.
No hubo nuevos desarrollos ni se esperaba ninguno en las investigaciones sobre los asesinatos en 2005 por parte de paramilitares, según informes, de las siguientes personas: Jaime Orlando Reuto Monsalve, ex alcalde de Tame, departamento de Arauca; ocho indígenas en el departamento de La Guajira; 12 jóvenes en Buenaventura, departamento de Valle del Cauca; Factor Antonio Durango, el presidente de un sindicato, en Bello, departamento de Antioquia.
El 22 de marzo, la Fiscalía General de la Nación capturó al presunto miembro de las AUC, Álvaro Padilla Medina ("El Boxeador"), por cargos de homicidio relacionados con el asesinato del líder afro colombiano Orlando Valencia en octubre de 2005. En mayo, un tribunal especializado en Antioquia sentenció a Padilla a 24 años y cinco meses de prisión. El 13 de octubre, Hermen José Muñoz González ("Diomedes"), un presunto ex paramilitar, fue acusado de homicidio. Permanecía detenido. Las autoridades también arrestaron al miembro de las AUC, Julio César Silva Borja ("El Indio"), el 6 de septiembre y a Pablo José Montalvo Cuitiva ("Alfa 11"), presunto autor material del crimen, el 6 de noviembre. Sus juicios no habían comenzado al final del año. El 9 de octubre, la Fiscalía General de la Nación también abrió una investigación por la presunta participación de dos oficiales de Policía en el asesinato.
Paramilitares renegados o grupos criminales que no participaron en el proceso de paz asesinaron a periodistas, políticos locales, activistas de derechos humanos, líderes indígenas, líderes sindicales y otros que amenazaban con interferir con sus actividades criminales, mostraron simpatía por la izquierda o fueron sospechosos de colaborar con las Farc. El 17 de marzo, las autoridades acusaron a nueve presuntos paramilitares por homicidio agravado y otros cargos por su papel en la tortura y asesinato de 12 menores de edad en Buenaventura, departamento de Valle del Cauca, en abril de 2005. Al final del año los acusados se encontraban en juicio.
El Programa Presidencial para los Derechos Humanos reportó que paramilitares, quienes asesinaron a ocho personas en masacres en 2005, no cometieron ninguna masacre antes de culminar la desmovilización en agosto. Hubo reportes de que paramilitares renegados cometieron masacres, asesinatos de "limpieza social" de prostitutas, drogadictos, vagabundos y pandilleros en barrios de ciudades bajo su control. Por ejemplo, la prensa reportó que el 11 de febrero paramilitares renegados asesinaron a seis personas en Sabanalarga, departamento de Antioquia.
En noviembre, la Fiscalía General de la Nación acusó a Ernesto Báez y Rodrigo Pérez, ex comandantes del Bloque Central Bolívar de las AUC, por ordenar el asesinato de la abogada y activista de derechos humanos Alma Rosa Jaramillo Lafourie en el departamento de Bolívar, en 2001.
La investigación de la Fiscalía sobre la masacre de diciembre de 2005 por parte del Bloque Norte de las AUC en Curumaní, departamento de Cesar, llevó al arresto de un sospechoso en junio.
La Fiscalía General de la Nación arrestó a cuatro supuestos paramilitares por su presunto papel en una masacre en 2004 en Curumaní, en la cual 22 personas fueron asesinadas, según se informó.
Conforme a la Ley de Justicia y Paz, los paramilitares desmovilizados empezaron a revelar la existencia de fosas comunes, y la Fiscalía General de la Nación descubrió tumbas por todo el país. El 14 de febrero, las autoridades descubrieron los restos de 21 personas en una fosa común en el departamento de Magdalena. El 11 de abril, la Fiscalía General de la Nación exhumó los restos de 20 personas en La Gabarra, departamento de Norte de Santander. El 27 de abril, las autoridades descubrieron cinco cuerpos en una tumba en un antiguo campamento de las AUC en Santo Domingo, departamento de Antioquia. Para el final del año, la Fiscalía General de la Nación había descubierto aproximadamente 390 cuerpos en fosas comunes, una tercera parte de los cuales habían sido identificados. La Fiscalía General de la Nación estimaba que las fosas comunes todavía conservaban los restos de más de 3.000 víctimas.
El 15 de marzo, la Fiscalía General de la Nación detuvo al ex gobernador del departamento de Meta, Edilberto Castro, por su presunto papel en los asesinatos del ex gobernador Carlos Javier Sabogal, el ex alcalde de El Dorado, Euser Rondon, y la ex congresista Nubia Sánchez, cuyos cuerpos fueron encontrados en 2004. Las autoridades acusaron a Castro de siete cargos, incluyendo homicidio agravado. El juicio continuaba al final del año.
Según el CINEP, paramilitares renegados plagiaron al menos a 34 personas durante los primeros seis meses del año, en comparación con 30 durante el mismo periodo de 2005. Los paramilitares renegados a menudo secuestraron a personas sospechosas de colaborar con la guerrilla, todas las cuales se presumían muertas.
La Fundación Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondolibertad) reportó que paramilitares renegados fueron responsables de 34 secuestros durante el año, en comparación con 43 en 2005.
Las acciones de los paramilitares renegados continuaron produciendo el desplazamiento forzado de civiles que residían a lo largo de corredores claves para el tránsito de drogas y armas o sospechosos de colaborar con la guerrilla (ver la Sección 2.d.).
Los paramilitares también impidieron o limitaron la entrega de alimentos y medicinas a pueblos y regiones que se consideraban simpatizantes de la guerrilla, presionando las economías locales y aumentando el desplazamiento forzado (ver la Sección 2.d.). Por ejemplo, según el CINEP, el 20 de enero paramilitares del Bloque Miguel Arroyave bloquearon el programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) e impidieron su ingreso a Puerto Toledo, departamento de Meta, para entregar alimentos destinados a comunidades de desplazados.
Las guerrillas de las Farc y el ELN cometieron numerosos asesinatos ilegales, secuestraron civiles y personal militar, desplazaron a ciudadanos y reclutaron a menores de edad como soldados. Asesinaron periodistas, líderes religiosos, candidatos a cargos públicos, funcionarios y políticos locales elegidos, presuntos colaboradores de los paramilitares y miembros de la fuerza pública del Estado. El Programa Presidencial para los Derechos Humanos reportó que durante el año las Farc asesinaron al menos a 40 personas en siete masacres, aunque otras 143 personas fueron asesinadas en masacres en las cuales los perpetradores permanecieron sin identificar. Los siguientes son ejemplos de incidentes representativos:
A principios de febrero, informes de prensa indicaron que miembros de las Farc asesinaron a una familia de seis personas en Llanos del Encuentro, departamento de Antioquia, cuando dispararon contra su casa.
El 26 de febrero, miembros del 10º Frente de las Farc asesinaron a Juan Ramírez Villamizar, gobernador del grupo indígena Guahibos Makaguan.
El 28 de febrero, miembros del 10º Frente de las Farc asesinaron a la maestra Luz Myriam Farias en Tame, departamento de Arauca, cuando regresaba de recuperar el cuerpo de su esposo, Juan Ramírez Villamizar, quien había sido asesinado por miembros de las Farc dos días atrás.
El 31 de marzo, miembros de las Farc asesinaron al líder indígena John Jairo Osorio Piraza, mientras iba camino al funeral del profesor indígena Arcelio Pena Guatico, asesinado por las Farc el día anterior.
El 24 de julio, un juez especializado en Pereira, departamento de Risaralda, sentenció a Norbey García Orozco y Javier Augusto Rendón de la Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc a 36 años por su papel en el asesinato en abril de Liliana Gaviria Trujillo, hermana del ex presidente César Gaviria.
El 13 de mayo, en Sabana de Torres, departamento de Santander, el ELN asesinó a seis civiles, según la versión de la prensa. Las autoridades afirmaron que la masacre estaba dirigida contra personas que habían incumplido en alertar a fuerzas del ELN sobre la presencia del ejército en la zona.
El 24 de enero, las autoridades sentenciaron a Lizardo Valderrama Rojas a 11 años de prisión por su papel en un ataque terrorista contra la Base de la Fuerza Aérea de CATAM en 2003.
El 23 de marzo, un juez del departamento de Antioquia sentenció a 16 miembros de las Farc a 40 años de prisión por su papel en el secuestro y asesinato del entonces gobernador Guillermo Gaviria Correa y su asistente Gilberto Echeverri Mejia en 2003.
El 7 de marzo, la Fiscalía General de la Nación detuvo a un miembro de la columna Teófilo Forero de las Farc por su papel en una masacre de concejales de la ciudad y miembros de su familia en Campoalegre, departamento de Huila, en 2005.
El 6 de abril, la Fiscalía General de la Nación detuvo a Manuel Enrique Mendoza Rodríguez ("Guzman") por su papel en el secuestro y asesinato de Consuelo Araujo Noguera, ex ministra de cultura en 2001.
Varios tribunales acusaron a miembros del secretariado de las Farc en ausencia por cargos que van desde el secuestro y el terrorismo hasta homicidio agravado.
Hubo varias masacres de la fuerza pública por parte de las Farc. El Programa Presidencial para los Derechos Humanos reportó que entre enero y octubre las Farc asesinaron a 391 miembros de la fuerza pública mientras el ELN había asesinado a 24.
El 6 de febrero, miembros de las Farc asesinaron a seis miembros de la unidad policial que custodiaba a los erradicadores manuales de coca en el Parque Nacional de la Sierra de la Macarena.
El 20 de abril, miembros sospechosos de las Farc emboscaron y asesinaron a 17 agentes del DAS y miembros de una unidad del Ejército que perseguían a Víctor Navarro ("Megateo"), un líder del Ejército Popular de Liberación, en Astilleros, departamento de Norte de Santander.
El 4 de julio, miembros de las Farc en Arenillo, departamento de Valle del Cauca, atacaron y prendieron fuego a una estación de policía, asesinando a seis oficiales e hiriendo a otros diez.
El primero de noviembre, aproximadamente 450 miembros de las Farc de los frentes 5, 18 y 58 atacaron una estación de policía en Tierradentro, departamento de Córdoba, asesinando a 17 oficiales y tres civiles. Los miembros de las Farc presuntamente lanzaron su ataque desde hogares civiles.
Las Farc también asesinaron personas que sospechaban que colaboraban con las autoridades del gobierno o los grupos paramilitares. Por ejemplo, en julio la prensa informó que miembros de las Farc asesinaron a 10 jornaleros de quienes sospechaban trabajaban para paramilitares en Arquía Limón, Chocó.
Según el Sistema de Rastreo, Monitoreo y Evaluación del gobierno, 368 paramilitares desmovilizados fueron asesinados durante el año. Sicarios no identificados asesinaron a los siguientes ex miembros de las AUC:
El 27 de diciembre, el segundo del ex líder paramilitar Salvatore Mancuso en los bloques Sinú y San Jorge, Jairo Angarita, fue asesinado en Medellín.
El 25 de noviembre, el asociado cercano del ex líder paramilitar Don Berna, Daniel Mejía ("Daniel"), desapareció y se presume que fue asesinado en Medellín.
El 19 de noviembre, el lugarteniente del ex líder paramilitar Jorge 40, Jefferson Martínez ("Omega"), fue asesinado en las afueras de Medellín.
En octubre, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio sentenció a tres ex líderes de las AUC a 40 años de prisión por el secuestro y la ejecución sumaria de un compañero paramilitar conocido como "Alicate", en 2003.
Según el Programa Presidencial para los Derechos Humanos, la guerrilla cometió 646 actos terroristas durante el año, en comparación con 611 durante 2005. Por ejemplo, en febrero presuntos miembros de las Farc detonaron explosivos en una carreta de caballos afuera de una estación de policía en Cali, departamento de Valle del Cauca, asesinando a dos civiles e hiriendo a cinco peatones. En abril, presuntos miembros de las Farc pusieron explosivos en dos buses públicos en Bogotá; las explosiones asesinaron a tres niños e hirieron a otros 17. Las Farc y el ELN continuaron cometiendo numerosos secuestros. Fondolibertad reportó que durante el año la guerrilla fue responsable de 119 secuestros (48 por ciento de los secuestros en los cuales se identificó un perpetrador); las Farc secuestraron a 75 personas y el ELN a 44.
En mayo, cuatro presuntos miembros de las Farc secuestraron a Claudia Teresa Buenaventura Paredes, la hija del ex secretario general del gobierno departamental de Tolima.
El secuestro extorsivo continuó siendo una fuente principal de ingresos tanto para las Farc como para el ELN.
Las Farc continuaron reteniendo rehenes políticos y extranjeros secuestrados en años anteriores.
Secuestrados en 2003: Los ciudadanos extranjeros Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell; en el mismo incidente, el ciudadano extranjero Tom Janis y el ciudadano colombiano Luis Alcides Cruz fueron asesinados por las Farc. Las Farc no dieron pruebas de supervivencia para estos rehenes durante el año.
Secuestrados en 2002: la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt; el ex senador Jorge Eduardo Gechem; el ex congresista Francisco Giraldo y 12 ex diputados del departamento de Valle del Cauca.
Secuestrados en 2001: el ex gobernador del departamento de Meta, Alan Jara, y los ex congresistas Orlando Bernal, Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco y Consuelo González y por lo menos cuatro personas extranjeras.
En otros casos, las Farc entregaron videos de supervivencia durante el año, que agitaron el debate sobre la posibilidad de un intercambio de rehenes por miembros de las Farc en prisión. Las familias de los rehenes, ONG nacionales e internacionales, gobiernos extranjeros y figuras públicas destacadas presionaron al gobierno para acordar con las Farc un intercambio.
Según el Observatorio de Minas Antipersona, durante el año 1.091 explosiones de éstas asesinaron a 230 personas e hirieron a otras 861; 779 de las víctimas correspondían a personal militar, mientras que 312 eran civiles. Los cálculos estiman que la guerrilla fue responsable de un 59 por ciento de incidentes con minas terrestres durante el año. Los incidentes con minas terrestres atribuidos a ex grupos paramilitares constituyeron menos del 1 por ciento del total. Los responsables del 40 por ciento restante no fueron identificados.
La guerrilla no respetó a los heridos ni al personal médico. Tanto las Farc como el ELN a menudo ejecutaron a prisioneros heridos, amenazaron y acosaron a doctores y enfermeras y asesinaron a combatientes enemigos que recibían atención médica. En enero, miembros de las Farc detuvieron una ambulancia cerca de Santa Elena, departamento de Putumayo, robaron medicinas y equipos y le prendieron fuego al vehículo.
En octubre, las Farc atacaron una ambulancia cerca a Florencia, departamento de Cauca, y asesinaron al conductor. La ambulancia transportaba a dos funcionarios del Hospital San Pablo del departamento de Nariño.
La guerrilla desplazó forzosamente a campesinos para despejar rutas claves para el tránsito de drogas y armas y retirar colaboradores potenciales del gobierno o los paramilitares de zonas estratégicas. La guerrilla también impuso bloqueos de hecho a comunidades en regiones donde tenían influencia significativa. Por ejemplo, en mayo una comunidad indígena en el distrito rural de Bagadó, departamento de Chocó, reportó que las Farc habían impuesto un toque de queda impidiendo que miembros de la comunidad viajaran a sus fincas en la tarde. La comunidad se quejó de pérdidas de cosechas y animales debido al toque de queda. En enero, miembros de las Farc detuvieron de manera ilegal un camión de PMA y robaron alimentos de ayuda humanitaria destinada a familias desplazadas en el departamento de Antioquia.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reportó muchos incidentes en los cuales grupos armados ilegales reclutaron a la fuerza indígenas o los obligaron a colaborar, restringieron su libertad de movimiento y bloquearon sus comunidades.
En octubre el Relator Especial para los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó que la "violencia contra las mujeres es empleada como una estrategia de guerra por parte de los actores del conflicto armado" y que emplean diferentes formas de violencia sicológica y sexual para 'herir al enemigo', deshumanizando a la víctima, hiriendo a su círculo familiar y/o difundiendo el terror en su comunidad".
Sección 2. Respeto por las libertades civiles, incluyendo:
a. La libertad de expresión y de prensa
La ley establece la libertad de expresión y de prensa y el Estado por lo general respeta este derecho en la práctica.
Los medios de comunicación independientes fueron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones. Varios periódicos y revistas independientes publicaron libremente. Todos los medios impresos son de propiedad privada. Las emisoras de radio y los canales de televisión de propiedad privada transmitieron libremente.
La fuerza pública del Estado y funcionarios corruptos ocasionalmente sometieron a los periodistas a acoso, intimidación o violencia. En mayo, el presidente Álvaro Uribe criticó las acusaciones de la prensa sobre la infiltración de los paramilitares en el DAS de "frívolas e irresponsables." Posteriormente, Human Rights Watch denunció dicha crítica llamándola "agresiva y degradante."
Las ONG colombianas e internacionales reportaron que los representantes locales de los medios de comunicación practicaban la autocensura con frecuencia debido a amenazas de violencia por parte de los grupos armados ilegales, funcionarios corruptos y delincuencia común. Al menos cuatro periodistas se exiliaron de manera voluntaria durante el primer semestre del
. En junio, la ONG Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) afirmó que el director del periódico barranquillero El Heraldo, Gustavo Bell Lemus, y los periodistas Ernesto McCausland Sojo y Armando Benedetti Jimeno habían recibido cartas bomba. Los paquetes incluían un temporizador con cables y una nota de condolencia diciendo: "No se meta con cosas que no le incumben. La próxima vez, esto explotará". En los editoriales del periódico, se había criticado la corrupción en Barranquilla, departamento de Atlántico.
En julio, la FLIP reportó que un agente de policía había atacado al director de El Kanal Noticias, Javier Urrego Gutiérrez, mientras cubría una operación policíaca en Ibagué, departamento de Tolima.
En septiembre, la FLIP reportó que la policía había detenido de manera arbitraria a Rubiel Lis Velasco y a Griseldino Yafue Guetoto, dos empleados de la emisora de radio indígena Radio Uxwal en Caldona, departamento de Cauca.
En el caso de las amenazas efectuadas contra Daniel Coronell, reconocido director de un noticiero de televisión, un juzgado de Bogotá declaró culpable a Luis Fernández Uribe Botero de tales amenazas y lo condenó a 16 meses de cárcel y a una multa de US$ 3.520 (8,16 millones de pesos).
Durante el año, miembros de grupos armados ilegales intimidaron, amenazaron, secuestraron y asesinaron periodistas. Según la FLIP, hubo 27 amenazas de muerte contra periodistas durante el primer semestre del año, frente a 19 durante el mismo periodo de 2005 (ver la Sección 1.g.).
En enero, la prensa indicó que el editor de la revista La Tarde, Diro César González, huyó de Barrancabermeja, departamento de Santander, luego de recibir amenazas reiteradas de supuestos grupos paramilitares.
En febrero, en Montería, departamento de Córdoba, sicarios atacaron al periodista Gustavo Rojas, quien falleció como resultado de sus heridas un mes después. En abril, la Fiscalía General de la Nación capturó tres de los presuntos asesinos identificados como personas desmovilizadas de las AUC. Al terminar el año, se desconocía el estado en que está el caso.
En octubre, sicarios no identificados presionaron a los vendedores del periódico El Meridiano de Sucre a entregar todos los periódicos del día, lo que reveló la evidencia de vínculos entre los políticos locales y el ex líder paramilitar "Jorge 40". La OACDH denunció el acto y el Vicepresidente de la República ordenó a las autoridades gubernamentales proteger a los vendedores.
El Ministerio del Interior y de Justicia operó un programa para la protección de los periodistas, que cubrió 94 representantes de los medios de comunicación durante el transcurso del año, frente a 46 en 2005. El Ministerio también dio apoyo a una red de alerta organizada por los periodistas, suministrando unos radios y una línea de emergencias.
En febrero, el vicepresidente Francisco Santos, ex periodista y víctima de secuestro, anunció la conformación de un comité especial de investigadores de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación para trabajar con la Fundación para la Libertad de Prensa, con el objetivo de combatir la violencia y las amenazas contra los periodistas.
Libertad de Internet
El gobierno no impuso restricciones sobre el acceso a Internet ni hubo reportes de que el gobierno monitoreara los correos electrónicos o las salas de Chat en Internet. La población pudo disfrutar de una expresión pacífica de sus puntos de vista por Internet, incluso mediante correo electrónico.
Libertad académica y eventos culturales
El gobierno no restringió la libertad académica ni los eventos culturales. Sin embargo, la guerrilla hizo acto de presencia en muchas universidades para generar el respaldo político de sus respectivas campañas y debilitar el respaldo de sus adversarios a través de medios violentos y no violentos. Tanto los paramilitares como la guerrilla amenazaron, desplazaron y asesinaron a académicos y sus familias por razones políticas y financieras. Según la Vicepresidencia, 34 profesores fueron asesinados por diversos perpetradores durante los primeros ocho meses del año. Debido a amenazas y presiones, muchos docentes y estudiantes adoptaron perfiles más bajos y evitaron discusiones sobre temas controversiales.
El Ministerio de Educación Nacional, conjunto con la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y el Programa Presidencial para los Derechos Humanos desarrolló un programa para docentes en riesgo con 78 comités regionales, para investigar amenazas específicas contra los profesores y, en algunos casos, para facilitar la reubicación con empleo continuo como educador. Aproximadamente 168 docentes amenazados han sido reubicados con éxito desde 2004, para un total de 1.500 docentes reubicados desde 2002.
b. Libertad de reunión y asociación pacífica
La ley establece el derecho a la reunión y la asociación, y el gobierno por lo general respeta este derecho en la práctica. La práctica de la libertad de asociación pacífica se vio restringida por las amenazas y los actos de violencia cometidos por los grupos armados ilegales contra las ONG, los grupos indígenas y los sindicatos (ver la Sección 1.g.).
El gobierno no prohíbe la afiliación a la mayoría de las organizaciones políticas; sin embargo, la afiliación a organizaciones privadas que abrazaron o llevaron a cabo actos de violencia, tales como las AUC, las Farc y el ELN, fue ilegal. Entre el 14 y el 16 de mayo, el Escuadrón Móvil Antimotines de la Policía Nacional y unas unidades del Ejército Nacional se enfrentaron a aproximadamente 15.000 manifestantes en el departamento de Cauca. Durante las confrontaciones, que implicaron intercambios violentos de ambos lados, un manifestante murió y varios agentes de policía y manifestantes fueron heridos. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación está a cargo de la investigación del incidente.
c. Libertad de cultos
La ley establece la libertad de cultos, y el gobierno por lo general respeta este derecho en la práctica.
La Iglesia Católica Romana mantiene un rango privilegiado de facto. Las religiones no católicas romanas que deseen atender a sus adherentes en instituciones públicas o que deseen realizar matrimonios reconocidos por el Estado, deben adherirse al Acuerdo de Derecho Público de 1997 con el Estado. Al decidir si se otorga acceso al Acuerdo de 1997, el gobierno tiene en cuenta el número total de feligreses, el grado de aceptación popular dentro de la sociedad y otros factores pertinentes.
Abusos y discriminación sociales
Los grupos paramilitares renegados, nuevos grupos delincuentes y la guerrilla acosaron, amenazaron y ocasionalmente asesinaron a líderes y activistas religiosos aunque por lo general fue debido a razones políticas más que religiosas (ver la Sección 1.g.). El Programa Presidencial para los Derechos Humanos reportó que grupos armados ilegales, en particular las Farc, emitieron numerosas amenazas contra sacerdotes y otros trabajadores religiosos. Se reportó el asesinato de cinco pastores, un sacerdote y dos trabajadores religiosos en el transcurso del año.
En enero, un juzgado condenó al comandante de las Farc, John Fredy Jiménez, y al sicario contratado, Alexander de Jesús Zapata, a 35 y 36 años de prisión, respectivamente, por su papel en el asesinato de Isaías Duarte, el arzobispo de Cali, en 2002. En marzo, sicarios asesinaron al pastor evangélico Oscar Muñoz Perea en Buenaventura, departamento de Valle del Cauca. Los testigos dijeron que los asesinos pertenecían a las AUC.
La comunidad judía tuvo una población estimada de 5.000 a 10.000 adherentes. Hubo más reportes de antisemitismo, incluyendo graffiti pintados en el exterior de las paredes de sinagogas y declaraciones antisemitas en folletos publicados por pequeñas organizaciones xenofóbicas. El 6 de agosto, se encontró un graffiti antisemita en Bogotá cerca a la Embajada de Israel, el cual consistía en una Estrella de David entrelazada con una esvástica y violentos eslóganes antisemitas. Hubo reportes de que, en una marcha de protesta del partido opositor durante el conflicto entre Israel y Líbano en julio y agosto, unos universitarios, grupos feministas y sindicalistas gritaron eslóganes antisemitas. Sin embargo, la comunidad judía exoneró al partido cuyo candidato presidencial dio fuerte apoyo a la comunidad y denunció los actos antisemitas.
Para una discusión con mayores detalles, ver el Informe Internacional de Libertad de Cultos de 2006.
d. La libertad de movimiento en el país, viajes al exterior, emigración y repatriación
La ley establece estos derechos en la práctica y por lo general el gobierno los respetó; no obstante, hubo algunas excepciones. Las ONG criticaron los operativos militares y la ocupación de ciertas áreas rurales afirmando que son restricciones a la libertad de movimiento.
Los paramilitares y la guerrilla continuaron estableciendo retenes ilegales en las carreteras rurales, aunque una mayor y más visible presencia de la fuerza pública del Estado en las carreteras nacionales disminuyó el número de secuestros en retenes ilegales.
En febrero, miembros de las Farc incendiaron ocho buses en Hormiga, departamento de Putumayo, luego de bloquear la carretera que va a Orito y, además, incendiaron tres vehículos en Tibú, departamento de Norte de Santander, después de bloquear una vía de acceso rural.
La ley prohíbe el exilio forzoso y el gobierno respetó tal prohibición en la práctica. Sin embargo, muchas personas en todos los niveles socioeconómicos optaron por el exilio voluntario debido a amenazas por parte de los paramilitares, la guerrilla o delincuentes comunes.
Los desplazados
El conflicto armado interno fue la mayor causa de desplazamiento. Los cálculos del número de desplazados varían. En los primeros nueve meses del año, la Red de Solidaridad Social (RSS), la agencia gubernamental para servicio a los desplazados, registró 110.302 nuevos desplazados, frente a 131.716 durante 2005. La ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) estimó que hubo 175.216 desplazados durante los primeros nueve meses del año, un decremento del 30 por ciento frente a cálculos de CODHES para el mismo periodo en 2005. La diferencia se debió a que el gobierno registró los nuevos desplazados cuyas solicitudes para beneficios habían sido aceptadas, mientras que CODHES calculó nuevos desplazamientos con base en la información proveniente de los medios de comunicación, la sociedad civil y de trabajo en campo. En años recientes, los cálculos de CODHES han sido más altos que los del gobierno. CODHES también incluyó entre las personas desplazadas los cultivadores de coca y de amapola quienes migraron en respuesta a los esfuerzos de erradicación de cultivos ilícitos del gobierno, mas no cuantificó el alcance de tal problema. Sin embargo, el CICR indicó que el número de desplazados que había asistido en los primeros nueve meses del año aumentó en aproximadamente un 20 por ciento, principalmente debido al incremento en el número de desplazamientos individuales, los cuales fueron más difíciles de detectar que los desplazamientos masivos.
Ha sido difícil obtener cifras exactas. Sin embargo, al final del año la RSS tenía registrados más de 1,8 millones de desplazados desde 1995; la ACNUR ha estimado que más de 2,5 millones de personas en Colombia han sido desplazadas en algún momento en los últimos 15 años. Las Farc y el ELN continuaron disuadiendo a los desplazados de registrarse con el gobierno mediante la fuerza, la intimidación y la desinformación, y a veces los agentes de la guerrilla se hacían pasar por desplazados para sembrar dudas y disgusto entre los desplazados. La mayoría de los desplazados eran campesinos desplazados a las grandes ciudades tales como Bogotá.
La ACNUR reportó que era difícil obtener las cifras exactas sobre los indígenas o afrocolombianos desplazados debido al aislamiento geográfico, a su desplazamiento dentro de territorios tradicionales y a la tendencia a buscar asistencia con otras comunidades en lugar del gobierno. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reportó que 8.170 indígenas fueron desplazados en lo corrido del año hasta noviembre. El gobierno registró 4.492 nuevos indígenas desplazados en los nueve primeros meses del año. La ACNUR estimó que durante el año, 11 por ciento de la población desplazada era afrocolombiana. Los paramilitares y la guerrilla continuaron empleando el desplazamiento forzado para ganar control sobre territorios con valor estratégico o económico, debilitar por la base el soporte de los oponentes y menoscabar el control y autoridad del gobierno.
Las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria y las ONG observaron que la tasa de desplazamientos masivos (desplazamiento de 50 personas o más en una sola ocasión) no incrementó. Dichas organizaciones señalaron que, aunque la respuesta inmediata a tales desplazamientos masivos a menudo fue rápida y adecuada, la asistencia para los desplazamientos individuales o para desplazamientos de grupos más pequeños a veces se demoraba varios días o semanas. Adicionalmente, debido a la intensidad del combate en las zonas de conflicto, incluyendo zonas en los departamentos de Nariño, Chocó y Norte de Santander, las organizaciones de ayuda colombianas e internacionales a menudo no pudieron obtener acceso para brindar ayuda humanitaria a las nuevas poblaciones desplazadas.
Desplazamientos masivos ocurrieron en varios departamentos en el transcurso del año. En febrero, la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios reportó que incursiones por parte de grupos armados no identificados causaron el desplazamiento de aproximadamente 600 personas en el asentamiento Pueblito Mejía, departamento de Bolívar. En abril, amenazas por grupos armados ilegales, incluyendo las Farc, en zonas rurales productoras de drogas en el departamento de Nariño causaron el desplazamiento de más de 1.500 personas a los municipios de Policarpa y Cumbitara, según el CODHES.
En abril, una serie de amenazas de las Farc llevó al desplazamiento de aproximadamente 700 indígenas del pueblo Wanaan en Istimina, departamento de Chocó. También en abril la RSS reportó que la guerrilla atacó y amenazó varios asentamientos en Valle de Guamuez, departamento de Putumayo, causando el desplazamiento de 850 habitantes a la ciudad de La Hormiga. La ACNUR reportó en ese mismo mes que actores no identificados desplazaron a 77 indígenas del pueblo nómada Nukak Maku en Guaviare de sus tierras selváticas ancestrales a la ciudad de San José de Guaviare, causando su vulnerabilidad a nuevas enfermedades y penurias y además amenazando la extinción de 200 indígenas.
En junio y julio, las Farc realizaron ataques en Barbacoas y Ricaurte, departamento de Nariño, y causaron el desplazamiento de 1.400 indígenas del pueblo Awa. Además, ese verano, una serie de asesinatos de miembros de la comunidad perpetrados por las Farc causó el desplazamiento de 745 personas a los pueblos de Unguía y Riosucio en el departamento de Chocó.
En septiembre, incursiones de las Farc y amenazas por paramilitares renegados causaron el desplazamiento de aproximadamente 500 afrocolombianos en las zonas rurales del departamento de Nariño. En noviembre, la ACNUR denunció combates entre el Ejército Nacional y las Farc en el departamento de Chocó. Según la ACNUR, las confrontaciones afectaron a 2.500 personas de la población civil, principalmente afrocolombianos, forzando a aproximadamente 40 personas a huir a Panamá. La ACNUR expresó su preocupación por el desplazamiento de la comunidad indígena Embera debido a los combates.
Aunque la ayuda del gobierno a los desplazados incrementó durante el año, no fue suficiente. Los desplazados continuaron viviendo en condiciones antihigiénicas con poco acceso a atención médica, educación o empleo. Los grupos defensores de los desplazados hicieron protestas pidiendo una mejor respuesta del gobierno; la ocasión más notable fue una protesta en un parque en el sur de Bogotá que duró 45 días en julio y agosto, en la que participaron aproximadamente 1.500 desplazados de mucho tiempo. El gobierno suministró US$ 410 millones (878.4 mil millones de pesos) en ayuda para los desplazados principalmente a través de la RSS, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del Ministerio de Protección Social. EL CICR suministró la mayor cantidad de ayuda humanitaria inmediata (los primeros 90 días) a los desplazados y el Comité Colombiano de la Cruz Roja y varias otras ONG colombianas e internacionales también suministraron ayuda a los desplazados.
Protección para los refugiados
La ley establece el otorgamiento de asilo o del estatus de refugiado en conformidad con la Convención de las Naciones unidas de 1951 sobre el Estatus de Refugiado y con su protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema para brindar asistencia a los refugiados. En la práctica el gobierno brindó protección contra la devolución de tales personas a un país donde temen la persecución. El gobierno cooperó con la ACNUR y con otras organizaciones humanitarias en atender a los refugiados y a los que buscan asilo. El gobierno se reservó el derecho de determinar la elegibilidad para asilo, con base en su propia valoración de la naturaleza del reclamo del solicitante. Según el gobierno, en septiembre 144 refugiados reconocidos residían en el país y 17 casos de refugiados fueron aprobados durante el año.
Sección 3. Respeto de los derechos políticos: el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno
La ley establece el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno en forma pacífica y, en la práctica, los ciudadanos ejercen este derecho a través de elecciones periódicas, generalmente libres e imparciales, las cuales se realizan por medio de un sufragio casi universal. Los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no pueden votar ni participar en el proceso político. Los funcionarios públicos civiles, aunque pueden votar, pueden participar en la política partidista únicamente durante los cuatro meses inmediatamente anteriores a una elección nacional.
Elecciones y participación política
El 28 de mayo, el candidato independiente Álvaro Uribe Vélez fue reeligido como presidente en elecciones que en general se consideraron libres y justas, a pesar de una campaña intensa por parte de las Farc y las AUC para interrumpirlas o manipular los resultados. La misión de observación de las elecciones enviada por la OEA comentó que las elecciones se desarrollaron "en un ambiente de libertad, transparencia y normalidad."
Las reformas políticas aprobadas para las elecciones parlamentarias de marzo incrementaron el umbral de voto que los partidos deben reunir para retener su personería jurídica y obtener financiación del gobierno. El umbral incrementó de 50.000 votos al dos por ciento de los votos totales para una curul en el Senado o en la Cámara de Representantes; 24 de los 60 partidos mantuvieron su personería jurídica después de las elecciones de marzo.
Los partidos Liberal y Conservador han dominado la política durante mucho tiempo, pero la reelección del Presidente Uribe, un independiente, el segundo lugar para el candidato presidencial del Polo Democrático Alternativo (PDA), Carlos Gaviria, y el éxito de los candidatos de un tercer partido en las elecciones parlamentarias de marzo reflejaron la existencia de un escenario político más amplio.
Tanto los paramilitares renegados como las Farc amenazaron y asesinaron a funcionarios públicos (ver la Sección 1.g.). Durante el año, las Farc asesinaron a ocho alcaldes entre activos y ex alcaldes. Según la Federación Nacional de Concejos (FENACON), 23 concejales fueron asesinados durante el año, frente a 26 en 2005. FENACON atribuyó a las Farc el 60 por ciento de los ataques a concejales.
Numerosos funcionarios locales a lo largo del país se retiraron debido a las amenazas de las Farc. En octubre, la prensa reportó que 60 funcionarios públicos, incluyendo siete alcaldes, presentaron sus renuncias en el departamento de Norte de Santander después de haber recibido amenazas de muerte de las Farc. También en octubre unos senadores del PDA denunciaron un plan de "exterminio e intimidación" por grupos paramilitares contra su partido en el departamento de Valle del Cauca. Un programa del Ministerio del Interior y de Justicia brindó protección a 155 alcaldes, dos ex alcaldes y 1.914 concejales en el transcurso del año.
La ley requiere que las mujeres ocupen mínimo el 30 por ciento de los puestos gubernamentales por nombramiento y que el gobierno reporte al Congreso cada año el porcentaje de las mujeres en puestos gubernamentales de alto nivel. Hubo 11 mujeres en el Senado de 102 miembros, su presidente inclusive, y 20 mujeres en la Cámara de Representantes de 166 miembros. Hubo cinco mujeres en el gabinete de 13 miembros y tres mujeres en la Corte Suprema de Justicia de 23 miembros.
Hubo cuatro senadores indígenas, dos de los cuales ocuparon curules reservadas a indígenas y un representante indígena en la Cámara de Representantes. No hubo indígenas entre los ministros ni en las altas cortes.
Hubo dos senadores afrocolombianos y tres representantes afrocolombianos en la Cámara de Representantes. No hubo ministros afrocolombianos ni afrocolombianos en las altas cortes.
Corrupción y transparencia del gobierno
El país sufrió de corrupción y soborno endémicos tanto en el sector público como en el privado. Los ingresos del narcotráfico exacerbaron la corrupción permitiendo que las organizaciones del narcotráfico sobornaran a funcionarios del gobierno.
El gobierno de manera activa enjuició casos de corrupción gubernamental. Por ejemplo, en octubre las autoridades sentenciaron a Rafael Enrique García, ex director del departamento de sistemas del DAS, a 18 años de prisión por alterar una base de datos y eliminar registros penales pertenecientes a narcotraficantes pedidos en extradición.
El proceso de la Ley de Justicia y Paz expuso la corrupción y los nexos con los paramilitares dentro del gobierno y la fuerza pública. El presidente Uribe públicamente instó a la Corte Suprema para perseguir a todos los líderes y castigar a los funcionarios públicos que fueran hallados culpables. El Presidente aumentó el financiamiento para la Corte Suprema, que investiga a los congresistas y altos funcionarios del gobierno, para permitir que tuviera su propia unidad investigativa. El presidente Uribe indicó que las acusaciones se relacionaban con la conducta de personas, no con instituciones, y el Congreso continuó funcionando normalmente.
El 9 de noviembre, la Corte Suprema ordenó el arresto de tres congresistas, los senadores Álvaro García y Jairo Merlano y el representante Erik Morris con cargos de conspiración agravada para cometer actividades criminales con base en acusaciones de nexos con grupos paramilitares. A principios de diciembre, la Corte Suprema interrogó a ocho senadores, tres representantes y al gobernador del departamento de Magdalena sobre acusaciones similares. Debido a que la Corte Suprema sólo tiene la facultad de investigar a funcionarios del gobierno activos, a mediados de noviembre la Fiscalía General de la Nación abrió investigaciones a ex funcionarios y empresarios y les ordenó comparecer a indagatoria. Entre los citados se encontraba el ex director del DAS, Jorge Noguera, el ex gobernador del departamento de Sucre, Salvador Arana, el ex diputado de la Asamblea Departamental de Sucre, Ángel Daniel Villarreal, el empresario José Joaquín García, el ganadero Miguel Nule, y el contratista de ingeniería Octavio Otero. Adicionalmente, en septiembre la Fiscalía General de la Nación arrestó a cuatro diputados del departamento de Sucre por nexos con grupos paramilitares.
En enero la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra Edilberto Castro Rincón, gobernador del departamento de Meta, por gastar fondos públicos para beneficio electoral propio. Según los investigadores, Rincón firmó contratos que ascendían a 28 por ciento del presupuesto del departamento en menos de un mes antes de las elecciones.
El 4 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación ordenó el retiro del cargo del alcalde de Cali, Apolinar Salcedo, y le prohibió ocupar un cargo público por 16 años. La Procuraduría acusó a Salcedo de manejos indebidos en la licitación y adjudicación de un contrato público para recaudar impuestos de la ciudad. La apelación de la decisión por parte de Salcedo continuaba pendiente al final del año.
El 2 de diciembre, un tribunal de apelaciones puso al alcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg, bajo arresto domiciliario como parte de un proceso penal por sobrecostos en la renovación de la Alcaldía de Barranquilla. Hoenisgsberg fue investigado por malversación y fraude en contrato público.
La Procuraduría General de la Nación prohibió a un número de ex funcionarios ocupar cargos públicos hasta por 13 años por participar en prácticas corruptas. Entre ellos se encontraba el ex gobernador del departamento de Atlántico, Luis Daniel Vargas Sánchez; el ex gobernador del departamento de Boyacá, Miguel Ángel Bermúdez Escobar; y el ex presidente del Instituto de Seguros Sociales, Guillermo Fino Serrano.
La ley establece acceso público a información del Estado y el gobierno por lo general permitió tal acceso en la práctica. Aunque no existen tarifas para prohibir el acceso a la información del Estado, hubo reportes de que algunos funcionarios de bajo nivel insistieron en recibir dineros para agilizar el acceso a la información.
Sección 4. La actitud del gobierno respecto a las investigaciones internacionales y no gubernamentales sobre supuestas violaciones de los derechos humanos
Una amplia variedad de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales operaron por lo general sin restricción del Estado, investigando y publicando sus hallazgos sobre casos de derechos humanos en el país. Aunque por lo general los funcionarios del gobierno cooperaron y atendieron sus opiniones, las ONG afirmaron que críticas de alto nivel los ponía en riesgo de represalias por parte de grupos armados ilegales. También muchas ONG colombianas argumentaron que el gobierno capturaba y detenía arbitrariamente los activistas de derechos humanos, especialmente en las zonas de mayor conflicto (ver las secciones 1.d. y 6.a.).
La administración del presidente Uribe mantuvo un dialogo abierto con las ONG y se reunía con ellas varias veces durante el año. Sin embargo, las ONG se quejaron de que tenían dificultades en concretar las reuniones con los funcionarios gubernamentales o en obtener respuestas prontas a su correspondencia.
Una gran variedad de ONG de derechos humanos y de sociedad civil estaban registradas en el país aunque la mayoría sólo existió en papel.
Las ONG de derechos humanos locales tuvieron un impacto de gran alcance. Ellas compartieron información entre sí y la divulgaron a organizaciones internacionales de derechos humanos y a los medios de comunicación, subiéndole así el perfil de los derechos humanos del país y contribuyendo a elevar a niveles significativos la atención internacional. El gobierno y las principales ONG locales difirieron en sus evaluaciones y análisis de la situación de derechos humanos, lo que llevó a unas profundas sospechas de parte y parte.
El gobierno afirmó que algunos activistas de derechos humanos realizaban actividades que apoyaban el terrorismo (ver la Sección 1.e.). Está el caso del encarcelamiento el 4 de enero en Bucaramanga de Príncipe Gabriel González Arango, coordinador en Santander del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, quien permanecía en prisión al final del año. Otro caso es el de José Vicente Murillo Tobo, presidente del Comité Regional Joel Sierra para Derechos Humanos de Arauca, capturado en 2003 y detenido durante más de tres años en espera de juicio, quién alegó que se le negó el debido proceso. José Murillo Tobo fue liberado en septiembre y fue condenado por rebelión después (ver la Sección 1.d.). En octubre, el gobierno de Dinamarca anunció cargos contra el vocero de la ONG danesa Asociación Rebelión por haber dado apoyo financiero al terrorismo.
Según la CCJ, cuatro defensores de derechos humanos fueron asesinados durante el año. La CCJ atribuye los asesinatos a paramilitares renegados y a paramilitares desmovilizados (ver la Sección 1.g.).
En mayo, agosto, octubre y noviembre, varias ONG reportaron haber recibido amenazas por correo electrónico presuntamente de nuevos grupos paramilitares. La ACNUR expresó su preocupación por las amenazas. El gobierno condenó dichas amenazas y la Fiscalía General de la Nación inició una investigación.
Hubo varios reportes de hurto de computadores y de datos electrónicos de los grupos de derechos humanos. En abril, CODHES reportó un hurto de información de su sede en Bogotá. Otro ingreso a la fuerza ocurrió en agosto cuando se robaron datos sobre desplazados. En abril, dos computadores fueron robados de la casa de uno de los miembros del Colectivo de Abogados, José Alvear Restrepo.
El Ministerio del Interior y de Justicia y el DAS asignaron aproximadamente US$ 21 millones (45 mil millones de pesos) al programa gubernamental para la protección de defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables. De ese valor, aproximadamente el 20 por ciento financió medidas de protección para líderes de grupos defensores de derechos humanos y de la sociedad civil. El gobierno ha brindado protección a más de 509 defensores de derechos humanos durante el año y ha blindado 90 oficinas de varias ONG desde el año 2000.
El gobierno cooperó con varias organizaciones gubernamentales internacionales. La ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la OACDH y el CICR estuvieron presentes en el país y desarrollaron sus actividades sin interferencia del Estado.
En su informe sobre derechos humanos de 2005, la OACDH emitió 27 recomendaciones para mejorar la situación de derechos humanos en el país, 24 de los cuales fueron dirigidos al gobierno y a la Fiscalía General de la Nación, oficina autónoma (ver la Sección 1.e.). Algunas de las recomendaciones de años anteriores fueron ampliadas. A lo largo del año, el gobierno se reunió con la OACDH, con ONG locales y con miembros del cuerpo diplomático para discutir el plan de acción del gobierno y los pasos que éste había tomado para cumplir las recomendaciones. Al reconocer avances respecto de varias recomendaciones, la OACDH y las ONG locales reportaron que el gobierno no había cumplido plenamente la mayoría al final del año. En septiembre el gobierno renovó el mandato de la OACDH por un año.
La Defensoría Nacional del Pueblo y de Derechos Humanos es autónoma y reporta a la Procuraduría General (ver la Sección 1.e.). Es responsable de asegurar la promoción y el ejercicio de los derechos humanos. El gobierno por lo general coopera con la Defensoría. La oficina de la Defensoría en Bogotá fue la sede de un Sistema Nacional de Alerta Temprana diseñado para alertar a la fuerza pública acerca de violaciones inminentes de derechos humanos, en particular masacres de gran escala. Debido a restricciones de recursos, la oficina en general no tuvo ni fondos ni personal suficientes y esto limitó su capacidad de monitorear de manera efectiva las violaciones de derechos humanos y de prevenirlas. Los personeros estuvieron bao amenaza constante de los grupos armados ilegales.
El Programa Presidencial para los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del gobierno, el cual funcionó bajo la autoridad del Vicepresidente, coordina la política nacional sobre derechos humanos y las acciones tomadas por las entidades gubernamentales para promover el respeto de los derechos humanos. Es el interlocutor principal del Estado para las ONG nacionales e internacionales y para los gobiernos de otros países en asuntos de derechos humanos. El programa publica la revista Observatorio de Derechos Humanos que da un análisis de los asuntos principales de derechos humanos y de la situación de derechos humanos en varias regiones del país.
Tanto el Senado como la Cámara de Representantes tienen comités de derechos humanos. Los comités sirven de foro para la discusión de asuntos de derechos humanos pero no tienen autoridad de emitir proyectos de legislación.
Sección 5. La discriminación, el abuso social y la trata de personas
Aunque la ley prohíbe específicamente la discriminación por razones de raza, sexo, discapacidad, idioma o estrato social, en la práctica muchas de estas disposiciones no se cumplieron.
La mujer
Aunque la ley prohíbe la violencia intrafamiliar, incluyendo el abuso conyugal, ésta continuó siendo un problema grave. Las autoridades judiciales pueden separar del hogar al autor de la violencia y obl