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Miembro de alto rango de la organización narcoterrorista Farc es hallado culpable de conspirar en toma de rehenes
Washington, D.C. - Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias "Simón Trinidad", de 56 años, miembro de alto rango de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), una organización extranjera designada como terrorista, fue hallado culpable por un jurado federal en el Distrito de Columbia de conspiración para participar en el secuestro de los tres ciudadanos estadounidenses en la República de Colombia, en violación a la Sección 1203 del Código 18 de Estados Unidos, anunciaron hoy el fiscal de EE.UU. Jeffrey A. Taylor y el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, Kenneth L. Wainstein.
El jurado halló a Ricardo Palmera culpable del cargo de conspiración el lunes, 9 de julio de 2007, y continuó deliberando sobre los otros cuatro cargos relacionados. Ayer, después de que el jurado anunciara que no podía llegar a un veredicto unánime sobre los cargos restantes, el honorable juez Royce C. Lamberth despidió y mandó retirar al jurado. El tribunal aún no ha establecido una fecha para la sentencia, aunque la audiencia fue programada para el 31 de julio de 2007. Bajo las pautas de sentencia consultiva, Palmera enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua, aunque el Tribunal en este caso también está sujeto a los términos de un acuerdo de extradición con Colombia que establece que el Tribunal imponga una sentencia en términos de años, y no cadena perpetua.
"Este veredicto es un paso importante en nuestra decisión para procesar a todos los líderes de las Farc involucrados en alguna forma en el asesinato de Thomas Manis el 13 de febrero de 2003, y el secuestro de los otros tres estadounidenses Marc Gansalves, Keith Stansell y Thomas Howes", declaró el fiscal de Estados Unidos Taylor. "Nuestros agentes y fiscales no descansarán hasta que se haga justicia y los rehenes estadounidenses hayan regresado sanos y salvos a sus hogares con sus familias".
"Cualquiera involucrado en la toma de rehenes y asesinato de estadounidenses en cualquier parte del planeta, deberá prestar mucha atención a este veredicto. Este juicio muestra que no escatimaremos esfuerzos para arrestar, enjuiciar y castigar a cualquier individuo que participe en el rapto de nuestros ciudadanos. Aunque estamos muy complacidos con la condena, continuamos centrando nuestra atención en la liberación de todos los rehenes, incluyendo los tres estadounidenses cautivos en Colombia", dijo el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional Wainstein.
El gobierno de Estados Unidos continua comprometido con el regreso sano y salvo de todos los rehenes, incluyendo los tres estadounidenses cautivos en Colombia. Responsabilizamos a los secuestradores de su seguridad y hacemos un llamado por su liberación inmediata. Siempre ha sido política de Estados Unidos no hacer concesiones con terroristas, y esa política continuará vigente.
Según las pruebas del gobierno presentadas durante las cuatro semanas que duró el juicio, el 13 de febrero de 2003 los rehenes estadounidenses realizaban un sobrevuelo de vigilancia antinarcóticos sobre las montañas de Colombia, cuando su avioneta Cessna sufrió una falla mecánica y realizó un aterrizaje forzoso en el Departamento de Caquetá. De inmediato guerrilleros de las Farc fuertemente armados rodearon la aeronave y asesinaron brutalmente a dos de los ocupantes, el piloto estadounidense Thomas Manis, y el colombiano Luis Alcides Cruz. Los otros tres ocupantes, Marc Gonsalvez, Keith Stansell y Thomas Howes, se encuentran desde entonces en manos de las Farc.
El 27 de abril de 2003, las Farc emitieron un comunicado acreditándose el secuestro de los tres estadounidenses y realizando ciertas exigencias al Gobierno de Colombia a cambio de la liberación de los estadounidenses y otros rehenes políticos que en ese entonces se encontraban a manos de las Farc. El comunicado anunciaba que el sindicado Palmera era portavoz y representante de las Farc durante estas negociaciones. Ocho meses después, el 2 de enero de 2004 Ricardo Palmera fue arrestado en Quito, Ecuador, en posesión de documentos de identificación falsos que él mismo admitió haber obtenido ilegalmente en Ecuador, que le permitirían viajar al exterior para desempeñarse como portavoz de las Farc en la conspiración de toma de rehenes. Al día siguiente Palmera fue deportado a Colombia, y extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos en este caso el 31 de diciembre de 2004.
Al anunciar el veredicto, el fiscal de Estados Unidos Taylor y el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional Wainstein, alabaron la labor sobresaliente realizada por los agentes especiales del escuadrón extraterritorial de la División de Miami de la FBI, sobre todo los agentes especiales de la FBI Joseph Deters, Oscar Montoto, Manny Ortega, Chris Carboneau, Ken Jett, Robert Webb, y el agente especial supervisor Alex Barbeito. Además, agradecieron a los numerosos miembros colombianos de la policía nacional y el ejército que viajaron a Washington, D.C. para prestar su apoyo y testimonio tan cruciales en este asunto. De igual forma agradecieron a la Fiscalía General de la Nación por su incansable respaldo litigante. También elogiaron a los diversos ciudadanos colombianos que valientemente se presentaron para atestiguar sobre otros secuestros cometidos por Ricardo Palmera relevantes con este caso. También agradecieron a los fiscales del Departamento de Justicia Timothy Reardon y Barbara Berman de la Sección Contra el Terrorismo de la División de Seguridad Nacional, y a Thomas Black de la Oficina de Asuntos Internacionales por su apoyo y asistencia en este caso, así como a Jerold McMillen y Peter Vincent de la oficina del agregado judicial en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia. Además, elogiaron la labor realizada por la asistente legal de la Fiscalía de EE.UU. Amber Wetzel; los defensores del programa de asistencia a víctimas y testigos Dawn Tolson-Hightower e Ivonne Bryant; a los especialistas litigantes Kimberly Smith, Ronald Royal y Oliver John-Baptist; al pasante Richard Mo; al ex asistente al Fiscal de EE.UU. John A. Beasly, quién llevó este juicio; y al fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, Kenneth L. Wainstein, quien procesó el caso durante el juicio.
Traducción del comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, emitido hoy.